Integrantes del Colectivo Cereza se manifestaron afuera de teatro Zebadúa la tarde de este jueves,  dentro del Marco del Día de los Derechos Humanos, para exigir la inmediata liberación de las cuatro mujeres indígenas que fueron acusadas por trata de personas, durante la búsqueda del menor Dylan.

“La Fiscalía de Justicia sigue criminalizando a familias empobrecidas e indígenas, como es el caso concreto de Josefa, Juana, Hortencia y Maribel, quienes siguen privadas de su libertad, una de ellas en el Cerss número 5 y el resto en un departamento que está fuertemente custodiado por la Fiscalía General del Estado, están separadas de sus familias y de sus hijos, son 20 niños y niñas que también fueron encerrados durante cuatro meses”, destacaron.

Agregaron que las cuatro mujeres están acusadas por el delito de trata de personas, a pesar de que no existe ningún solo dato en la carpeta de investigación que apunte a que este delito existe, “la realidad es que en la búsqueda por la desaparición de Dylan, se acusó a esta familia de la desaparición del niño y cuando lo encontraron con una persona totalmente ajena a esta familia, les fabricaron el delito de trata, porque habían espectacularizado esa detención”.

Ante esta situación exigieron la inmediata libertad de las cuatro mujeres indígenas y un sobre seguimiento porque no existen medios de pruebas para acusarlos, “lo saben las autoridades y porque sigue el daño  irreparable que le están haciendo no solo a las mujeres sino a toda la familia, niños y niñas que siguen separados de sus madres”.

Finalmente señalaron que han solicitado tanto al fiscal de Derechos Humanos como a la Titular de la Fiscalía de Trata una reunión pero les han cerrado las puertas sistemáticamente, “las mujeres se encuentran sin las cuestiones básicas de alimentación, de limpieza, llevan tres días incomunicadas, tienen con ellas tres bebes de media lactancia y no les han proporcionado comida, están en una situación de vulnerabilidad de sus derechos humanos”.

• •    El gobernador se reunió con titular de Conavim, María Fabiola Alanís Sámano, para dar seguimiento al Programa de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
• •    Se rindió un informe de las acciones realizadas para atender la AVGM, principalmente en los siete municipios declarados con esta problemática social
• •    María Fabiola Alanís Sámano destaca compromiso del gobierno chiapaneco con la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas

Durante una reunión con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano, con el objetivo de revisar las acciones que se impulsan en el cumplimiento al Programa de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que desde el inicio de su gobierno se ha mantenido la coordinación interinstitucional a fin de consolidar políticas públicas que atiendan esta problemática social, con el ánimo de erradicar la violencia y discriminación a las mujeres.
“Lo que hacemos en Chiapas no han sido ocurrencias, está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo al iniciar cambios de fondo con la participación e integración de las mujeres en 50 por ciento de los espacios laborales y de toma de decisiones, para hacerse visibles y dejar de ser relegadas. En este gobierno, no es admisible que las violencias física, psicológica, laboral, sexual o patrimonial contra las mujeres existan y que, a veces, pasen desapercibidas; por ello, seguiremos combatiendo todas estas malas prácticas y sumando esfuerzos para lograr que las mujeres vivan con dignidad, progreso y bienestar”, expresó.
Al reconocer el respaldo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia, el mandatario resaltó las estrategias, programas e iniciativas que las dependencias de los tres órdenes de gobierno instrumentan de manera seria y contundente por la igualdad y la equidad en Chiapas. De esta manera, dijo, se demuestra que la perspectiva de género es una acción que se debe hacer cada vez más con mayor fuerza y arraigarla para cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por su parte, la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, María Fabiola Alanís Sámano, quien realiza una gira por las entidades federativas con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, felicitó al gobernador Rutilio Escandón por su compromiso con la igualdad de género y manifestó su respaldo a las acciones en la atención y prevención de este problema, puesto que Chiapas se encuentra entre los últimos lugares de feminicidio y eso, dijo, es muestra del trabajo integral que se lleva a cabo en la entidad.
Resaltó la importancia de reforzar las labores de la Policía Ministerial, las y los peritos y de la Policía de Investigación, así como el trabajo a nivel municipal en esta materia. Igualmente, propuso realizar, con apoyo de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, una jornada intensa de sentencias judiciales con perspectiva de género, vinculada a temas de relación de pareja, como pensión alimenticia, guarda y custodia, violencia intrafamiliar, entre otros.
A su vez, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, reconoció que, aunque falta mucho por hacer, se han dado pasos importantes y se ha avanzado para que los esfuerzos tengan el impacto de lograr la igualdad y garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. En ese sentido, expresó su agradecimiento por el respaldo y acompañamiento de la Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), al lograr los resultados que hoy se tienen en la entidad.
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, enfatizó que desde esta Secretaría se coordinan los trabajos de atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia Género contra las Mujeres junto con las instituciones y dependencias involucradas, al tiempo resaltar que, desde la Mesa de Seguridad, también se acuerdan diferentes estrategias de combate a este flagelo y garantizar políticas públicas enfocadas a la protección de las niñas, jóvenes y mujeres.
En su intervención, el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que las acciones para garantizar la seguridad, protección y el cese de la violencia en contra de las mujeres y niñas, están contempladas tanto en el Plan Estatal de Desarrollo como en el Plan de Salud, con medidas implementadas de forma activa y en apego estricto a los derechos humanos con perspectiva de género.
En tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, destacó las acciones instrumentadas en los siete municipios declarados con Alerta de Violencia de Género, como la recuperación de 40 espacios públicos dentro del Programa Preventivo Parque Seguro; la realización de un millón 515 mil 665 patrullajes preventivos; el fortalecimiento del Proyecto Escudo Urbano C5 con la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico; así como mil 597 atenciones a mujeres víctimas de violencia, mediante las células de reacción inmediata, entre otras.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, recordó que en el año 2013, cuando el hoy gobernador Rutilio Escandón era titular del Poder Judicial del Estado, apostó a la capacitación, lo que fue algo histórico, ya que no es sólo un asunto de carácter judicial o legislativo, sino de voluntad política y cultural para atender esta problemática que atañe a la seguridad de las mujeres en Chiapas.
Estuvieron presentes: la directora general para una Vida Libre de Violencia y Política Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Anabel López Sánchez; la comisionada ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Alejandra Elena Rovelo Cruz; los secretarios de Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán y de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; así como la diputada Haydee Ocampo, presidenta de la Comisión Especial de Atención a Feminicidios del Congreso del Estado de Chiapas y Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Defensoras de derechos humanos, colectivos, organizaciones civiles y activistas, condenaron los feminicidios, los maltratos, las torturas y violaciones sexuales, que se han cometido en la entidad, principalmente ocasionados por sus parejas, así como, por funcionarios en los tres órdenes de gobierno.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

Las activistas Hennifer Haza, de Melel Xojobal, Dora Julieta Hernández, de la otra Campaña, Francisca Abril del Comité Zereso, condenaron las violaciones de derechos humanos a mujeres que han cometido sus parejas, así como la propia autoridad que detiene a las mujeres para luego torturarlas y obligarlas a firmar todo tipo de documento.

“Una de las violaciones más graves que ha cometido la Fiscalía de Justicia del Estado, la fiscalía de trata de personas, fue el pasado mes de agosto, esto se trató del caso Dylan cuando varias personas fueron detenidos en un operativo que llevaron a cabo en el barrio de Tlaxcala, en San Cristóbal, ahí aseguraron a varios menores quienes estuvieron en la Procuraduría del menor en Tuxtla por más de 2 meses, los detenidos fueron acusados por el delito de Trata de Personas, y hasta la fecha permanecen 4 mujeres detenidas en el penal número 5 de San Cristóbal, ellas fueron torturadas por la Policía obligándolas a firmar según sus declaraciones”, señaló Dora Julieta Hernández.

Agregó, que por el mismo caso fue detenido Adolfo N, quién lamentablemente días después fue encontrado sin vida dentro de su celda en el penal número 5 de San Cristóbal, y que hasta la fecha no se ha esclarecido su muerte.

Por su parte Patricia Abril, del comité Zereso, dio a conocer que ya se interpuso una demanda en contra de más de 20 funcionarios quienes están involucrados directamente sobre la detención y tortura de las mujeres quienes fueron detenidas el 21 de agosto en San Cristóbal, acusadas presuntamente de “Trata de Personas”.

Finalmente lamentaron que hasta hoy continúan las violaciones a los derechos humanos a mujeres, “ya sean sexuales, psicológicas, físicas o torturas, ocasionados por sus parejas, padres, hijos, hermanos y la propia autoridad, quienes se han prestado a este tipo de violencia hacia las mujeres, y que hasta la fecha la mayoría a quedado impune.