·         De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los indocumentados serían enviados a nuestro país el tiempo que dure su trámite de petición de asilo en lugar de esperar en centro de detención de EU

 El gobierno de EU evalúa expulsar a México a los inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad para que tramiten sus peticiones de asilo desde territorio mexicano, indicaron altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Para poder quedarse en EU, muchos centroamericanos tramitan peticiones de asilo y alegan que sufrieron persecución en sus países y temen por su vida, por ejemplo, debido al hostigamiento de las maras o pandillas, que reclutan a los jóvenes y exigen el pago de un impuesto en las zonas bajo su influencia.

En vez de esperar en Estados Unidos en un centro de detención para indocumentados, los extranjeros aguardarían el resultado del largo proceso de petición de asilo en territorio mexicano, lo que permitiría al Departamento de Seguridad Nacional clausurar algunos centros de detención y disminuir costos.

No significa que esas personas sean deportadas a México, sino que lo que se le permite al Departamento de Seguridad Nacional es hacer que esa persona espere en México. Han atravesado México, así que tienen permiso de alguna forma para llegar hasta EU", dijo en una llamada con la prensa un alto funcionario del DHS, quien pidió el anonimato.

El funcionario aseguró que los inmigrantes tendrán que esperar en México y no en Estados Unidos, aunque incidió en que el Departamento de Seguridad Nacional aún está trabajando en los detalles operacionales.

Según dijo, la idea es que los inmigrantes puedan ir a un puesto de entrada en la frontera entre México y EU para tramitar su caso e, incluso, comparecer ante un juez de inmigración en una "corte de entrada", ya sea físicamente o mediante teleconferencia.

En los últimos años, se ha incrementado de manera exponencial la llegada a Estados Unidos de inmigrantes indocumentados de Centroamérica, especialmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, que huyen de la violencia de las bandas criminales y de la falta de oportunidades económicas.

Actualmente, México detiene en su frontera a más centroamericanos que Estados Unidos y, de hecho, en 2015 México deportó a 165 mil centroamericanos, mientras que Estados Unidos expulsó a 75 mil.

Coincidiendo con la llegada a EU en verano de 2014 de miles de niños centroamericanos, el Gobierno de México proclamó el plan "Frontera Sur", que incrementó la vigilancia en la frontera con Guatemala y cortó algunas de las rutas que tradicionalmente usaban los inmigrantes en su camino al norte.

No obstante, México concede un visado por razones humanitarias a algunas de las personas que llegan hasta su territorio y, en algunas ocasiones, esos inmigrantes tienen como objetivo final llegar a Estados Unidos.

*El gran fraude que oculta Pablo

*Son 31 millones de euros que se esfumaron en su administración, pero de eso no habla

El 27 de enero de 2004, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, firmó el principal programa de cooperación entre México y la Unión Europea (UE), el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis). Entonces el gobierno de Chiapas dispuso de un fondo de 31 millones de euros, 16 millones los aportó el gobierno de Chiapas y el resto la UE. 

Ese monto equivalía a casi la tercera parte de la cooperación total que acordaron la UE y México para el período 2007-2013: 110 millones de euros.

La Comisión Europea había estimado que el PRODESIS beneficiaría, entre 2004 y 2008, a 155 mil habitantes establecidos en 833 comunidades, divididas en 16 microrregiones “de la región Selva de Chiapas”. Esta abarca siete municipios: Ocosingo, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, La Trinitaria y La Independencia.

Al final, según evaluaron consultores privados contratados por la Unión Europea, no redujo la pobreza ni protegió el medio ambiente Tampoco impulsó el desarrollo sustentable 

Conclusión: el PRODESIS fue un fracaso total en Chiapas. 

Con los recursos destinados por la Unión Europea a Chiapas, no sólo se hubiesen construidos dos puentes Chiapas y 10 tramos carreteros como el que regentea la española  Aldesa; se hubiese podido construir un segundo piso a toda la selva Lacandona.

Pero de eso no habla Pablo Salazar Mendiguchía. 

PRODESIS se planteó tres "objetivos generales": "reducir la pobreza", "disminuir la presión sobre los recursos naturales de la Selva Lacandona y mitigar los procesos de degradación medioambiental en la zona", y "reformular las políticas de desarrollo social" con la finalidad de hacerlas "más participativas y sustentables".

Sin embargo, el informe de la Misión de Evaluación de Medio Término del Prodesis, presentado como documento confidencial a la Comisión Europea, que lo financió, constató el fracaso de los objetivos de ese programa de cooperación.

El informe --cuyo contenido difundió Proceso en su edición del 20 de enero de 2008-- aseguraba entonces que Prodesis "no ha logrado disminuir la pobreza" ni tampoco aminorar de manera apreciable "la presión sobre los recursos naturales, y que las iniciativas económicas del proyecto para fomentar "el desarrollo social" de la región "no han arrojado resultados positivos concretos".

Elaborado por los despachos privados independientes IBF International Consulting y BAa Consultors –basados en Bruselas y Barcelona, respectivamente--, el informe indica que "pesar de ser pertinente en sus objetivos", Prodesis "no es viable".

Mientras que el Plan Operativo Global de Prodesis marcaba que 2005 y 2006 debían de ser años "de plena ejecución" del proyecto, "en realidad no se logró siquiera iniciar la mayor parte de las actividades planeadas", por lo que los cuatro años de duración de Prodesis "se reducen aproximadamente a dos de intervención efectiva", lo cual "no es suficiente para promover procesos que tomarían normalmente entre cinco y 10 años".

La Misión de Evaluación se quejó en su informe de que las autoridades chiapanecas (el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia) le negaron el acceso a la “red de información interna del proyecto”.

Tal evaluación coincide con las críticas formuladas por organismos no gubernamentales de México y Europa, en el sentido de que el proyecto lo pusieron en marcha los gobiernos de la UE y del estado de Chiapas, sin consultar a la población a la que iba dirigida.

Esto en clara violación al estatuto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho de las poblaciones indígenas a participar en la toma de decisiones de proyectos que las afecten.

Pero no sólo eso. Los consultores europeos que evaluaron el PRODESIS y su aplicación en la selva Lacandona detectaron "actividades fraudulentas" que involucraron en forma directa a María de los Ángeles Cruz Hernández, secretaria de Desarrollo Social en la administración de Pablo Salazar Mendiguchia, y Rodolfo Diaz Sarvide, funcionario del PRODESIS.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), fechado el 7 de diciembre de 2005, observa que el Prodesis se implantó en la parte oriental de la Selva Lacandona, donde hay menor población y mayores recursos naturales Señala que esto refleja “una contradicción con el intento de reducir la pobreza”, la cual “es más fuerte en la parte occidental y en los Altos de Chiapas, pero donde los recursos naturales son menores”

Y una valoración de la Universidad Metropolitana afirma que los objetivos previstos nunca se alcanzaron.y documenta testimonios de los desvíos de recursos millonarios por parte de funcionarios públicos que operaron recursos. 

Todo ello quedó en la impunidad.

Fueron 31 millones de euros tirados a la basura, con los que no sólo se habría mejorado la calidad de vida de quienes habitan la selva Lacandona, sino que, como se pretendía, se había evitado mayor degradación del entorno selvático en la Lacandona.

Pero de eso Pablo Salazar Mendiguchía prefiere no hablar.

·         Esto, después de que trascendió que cobran del erario consanguíneos del procurador, del secretario de infraestructura, así como del coordinador de desarrollo y fortalecimiento

 El gobernador Jaime Rodríguez reconoció que su administración se ha equivocado, en la contratación de familiares, aún y cuando las mismas no infringen la ley.

Tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos. Hemos cometido errores que no debemos y les he pedido a los funcionarios que le pidan a sus familiares que dejen el cargo, para que me eviten la pena de yo mismo darlos de baja”, explicó ‘El Bronco’.

Esto después de que trascendiera que cobran del erario familiares del procurador Roberto Flores, además de otros parentescos como el de Humberto Torres, secretario de infraestructura y Mauricio Torres, coordinador de desarrollo y fortalecimiento municipal.

Aunque ninguno de estas relaciones rompe con el principio de consanguineidad, establecido en la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, el mandatario buscará romper estos vínculos.

A los Torres los puse yo, es una responsabilidad mía. Al papá de Roberto Flores, lo puse yo, no él”, explicó, argumentando que Roberto Augusto Flores, fue uno de los principales colaboradores de su campaña.

Sobre su yerno, Hernán Rodríguez, quien labora en el ayuntamiento de García, el mandatario explicó: “Yo no lo escogí como yerno, lo escogió mi hija. Él nació en García, tiene trabajando en García toda su vida”.

Finalmente, el gobernador extendió su apoyo a los funcionarios implicados: “Todo el gabinete cuenta con mi apoyo, yo tendré que tomar decisiones”, dijo.