Una nueva derrota para la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, Janette 
Ovando Reazola, se ha consumado tras la resolución del Consejo Nacional del PAN que terminó declarando improcedente la solicitud hecha por Ovando Reazola  para conseguir la expulsión partidista de su antecesor, Carlos Palomeque Archila, debido a delitos como“usurpación de funciones y afiliación corporativa de militantes” que simplemente no pudo comprobar.

El proceso contra el no menos controversial Carlos Palomeque inició 10 de octubre del año pasado cuando la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en Chiapas solicitó formalmente el procedimiento de sanción en contra del ex-dirigente estatal por la presunta comisión de los actos contrarios a la disciplina partidista, ya mencionados.

De manera precisa, la dirigencia estatal de Ovando Reazola acusó a Palomeque Archila de autorizar la solicitud de dos préstamos ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadanas (IEPC) fuera de tiempo y atribuciones; además de la supuesta expulsión de 261 militantes y la afiliación de 282 personas, supuestamente, durante el término en que se habían cerrado los trámites respectivos por orden del Comité Ejecutivo Nacional.

Durante los últimos seis meses el proceso de expulsión contra Palomeque Archila se había convertido en la mayor apuesta de la dirigencia encabezada por Janette Ovando. Se había dispuesto toda la maquinaria jurídica y de relaciones partidistas para concretar lo que al interior de la actual dirigencia estatal se asumía como la mayor venganza política contra el grupo encabezado por Palomeque y el resto de sus detractores. Ovando Reazola lo aseguraba ya como un hecho consumado.

Pero el tiempo y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista también terminaron dándole la espalda. La resolución del Consejo Nacional fue dura y contundente contra las intenciones revanchistas de Ovando: la solicitud fue declarada infundada e improcedente por falta de pruebas que demostraran las acusaciones. Así se hizo constar en el expediente resolutorio CONC-PS-144/2016, expedido con fecha del 7 de abril del año en curso.

Se trata, sin duda, de una resolución devastadora para la mermada dirigencia estatal de Janette Ovando, pues deja de manifiesto la inoperatividad de su equipo, pero, sobre todo, la debilidad de su dirigencia ante el CEN blaquiazul, donde sus excesos e irregularidades son prácticamente del conocimiento de todos.

Es, inequívocamente, la mayor de las derrotas frente a quienes ahora asume como sus principales enemigos internos.

Resulta cada vez más evidente que Janette Ovando se encuentra en sus peores momentos como dirigente estatal del panismo chiapaneco. Los principales grupos internos del PAN se han cerrado en su contra y el futuro se avizora menos alentador con el paso del tiempo.

Los escándalos en su contra y la creciente inconformidad sobre su administración política y financiera parecen haberse convertido en debilidades que amenazan su permanencia en la dirigencia estatal blanquiazul… así las cosas.

Las cosas para la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, Janette 
Ovando Reazola, parecen estarse complicando dentro de las investigaciones que se siguen al interior del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido a consecuencia de las serias denuncias y señalamientos en su contra por la posible malversación de recursos y abuso de autoridad durante lo que va de su breve gestión.

Las nuevas pruebas, ya en manos del CEN panista, que podrían ser cruciales para su posible destitución tienen que ver con las declaratorias (firmadas por el escrito) del ex tesorero Genaro Rubén Aguilar Romero, y los ex trabajadores del área contable del Comité Estatal, quienes, de manera clara y precisa, detallan las irregularidades financieras cometidas por Ovando Reazola y su grupo de administradores.

Los documentos entregados al CEN Nacional del PAN el pasado 3 y 15 de marzo, respectivamente, a modo de comparecencias escritas, precisan diversos comportamientos y decisiones anómalas tomadas por Janette Ovando durante el ejercicio presupuestal de 2016. Determinaciones como la retención unilateral de las prerrogativas a los comités municipales y el incumplimiento en los informes de fiscalización.

El propio ex tesorero panista señala que personalmente le informó a Ovando sobre la obligación legal que implicaba la entrega de las prerrogativas municipales en tiempo y forma. Requerimientos que hoy tienen constancia en las solicitudes y fichas informativas enviadas por la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, con fecha del 6 de febrero del año en curso.

En su declaratoria, Aguilar Romero señala que la negativa de la actual presidenta estatal para liberar los pagos de prerrogativas y la presión de los comités municipales generaron fuertes tensiones entre el área de tesorería y Ovando Reazola, quien, finalmente, terminó por destituirlo del cargo en diciembre de 2016. La inconformidad del equipo administrativo (tesorería) por las decisiones arbitrarias concluyó siendo incompatible con la dirigencia del blanquiazul en Chiapas. 

Tras la destitución arbitraria e injustificada de Genaro Aguilar, fue designada como Encargada de Despacho Norma Lilia Cruz Salas; sin embargo las decisiones dentro de la Tesorería quedaron bajo tutela externa de Amado Moreno Coello, amigo personal de la dirigente estatal y miembro activo de su misma congregación religiosa, también inmiscuida en el posible desvío de recursos partidistas. 

Cruz Salas serviría para firmar como responsable de los movimientos financieros dentro del partido, sin que Amado Moreno adquiriera ninguna responsabilidad legal. Así se realizaron innumerables operaciones evidentemente arbitrarias como la asignación de 47 mil pesos semanales para la presidencia por concepto de papelería desde el 27 de enero, sin que existieran los contratos, facturas y fichas de transferencia correspondientes. 

Para la encargada de despacho la situación fue insostenible, por lo que terminó renunciando el 8 de febrero de este mismo año, deslindándose de “las irregularidades detectadas en el manejo de recursos financieros (…) así como la falta de cumplimiento a lo establecido por el artículo 8º del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional”.

Pero las cosas no quedaron ahí. Según consta en las declaraciones de los ex trabajadores del área contable (Norma Cruz, Ignacio Morales, Andrea Gómez, Pedro Álvarez y Carlos Gutiérrez), desde la llegada de Janette Ovando también comenzaron a acrecentarse las inconsistencias en la entrega de las comprobaciones fiscales. La dilación e incumplimiento en la entrega de facturas, estados de cuenta, transferencias y pagos se hicieron recurrentes.

Fue el mismo Amado Moreno Coello quien se encargó de despedir a los trabajadores del área contable que, en la mayoría de los casos, tenían más de 10 años laborando en el Comité Estatal. El argumento consistió en que simplemente no había más recursos para seguir pagando sus salarios. Eran, sin dudas, las piezas restantes para apoderarse por completo del control financiero del partido, sin testigos “ajenos” de por medio.

Son estas, en resumen, parte de las acusaciones formales que hoy constan por escrito ante el Comité Ejecutivo Nacional. Una situación comprometedora que inevitablemente podría complicar la permanencia de la controversial Janette Ovando a quien “la fiesta” parece estársele acabando muy temprano.

Los aires de relevo en la dirigencia estatal panista resuenan hoy con mayor fuerza, por lo que los anuncios desde las oficinas de Ricardo Anaya con respecto al caso Chiapas parecen ya inevitables… Así las cosas.

Los escándalos y acusaciones en torno a la aún dirigente del Partido Acción Nacional (PAN)  en la entidad chiapaneca, Janette Ovando Reazola, siguen saliendo a la luz pública. Esta vez se trata del supuesto desvío de recursos que la panista ha realizado para beneficiar a su congregación religiosa (Ministerio Internacional El Rey de Gloria) con dinero emanado de las prerrogativas asignadas al blanquiazul en Chiapas.

La vinculación de Ovando Reazola con dicha congregación y su líder religioso, Carlos Cesar Burguete Flores, es públicamente reconocida por la líder panista y el mismo pastor evangélico.

Sus cuentas oficiales en redes sociales están plagadas de publicaciones compartidas, videos y actividades realizadas entre estos dos personajes. No ha habido empacho para disimular el apoyo desbordado del pastor Burguete Flores y la congregación que dirige respecto a la carrera política de Ovando Reazola.

Desde la campaña a la dirigencia estatal, el líder evangélico se volcó en promover y apoyar la candidatura de Janette, usando los medios religiosos a su alcance.

Pero su relación personal o religiosa no es el verdadero meollo del escándalo. El tema que sí obedece al interés público tiene que ver con el uso de recursos federales para financiar algunos de los gastos de la iglesia evangélica a la que ella misma pertenece y la inclusión en la nómina del Comité Estatal del PAN de personas ligadas con la referida congregación.

En cuestión de un año los puestos administrativos dentro del Comité Estatal han dejado de estar en manos de militantes panistas para ser ocupados por varios integrantes del denominado “Ministerio Internacional El Rey de Gloria”.

Se trata de cargos tan importantes como el de la tesorería, entre otros puestos clave que Ovando Reazola ha entregado prácticamente a la congregación de la que es fiel devota.

Dentro de las acusaciones, destacan los gastos operativos por alrededor de 50 mil pesos semanales que Ovando no ha podido comprobar, así como el supuesto uso de dichos recursos (alrededor de 20 mil pesos mensuales) para pagar la renta del inmueble donde actualmente opera la agrupación religiosa en Tuxtla Gutiérrez y el pago de constantes viajes a Miami, Florida, para acudir a eventos realizados por el Ministerio Internacional, con sede en aquella ciudad norteamericana.

Los señalamientos que hoy pesan sobre Janette Ovando ya se encuentran siendo investigados por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, y todo apunta que las cosas no han salido favorables para la aún dirigente estatal.

De manera extraoficial, se habla que hasta el momento se le han comprobado irregularidades en más de tres millones de pesos, de los casi 11 millones que se encuentra “bajo la lupa”.

La posibilidad de que Janette Ovando enfrente un proceso judicial por malversación de recursos se acrecienta con el paso del tiempo; todo pese a la elevada discrecionalidad con el que se ha manejado el proceso y los esfuerzos de Ovando Reazola para minimizar la problemática.

La situación en el PAN en Chiapas es muy complicada y la permanencia de Janette en la dirigencia estatal cada vez se tambalea con mayor intensidad. 

En caso de confirmarse el desvío de prerrogativas, el abuso de poder y la malversación de recursos, pronto la dirigencia nacional del PAN podría desconocer al Comité Estatal para instalar una nueva delegación estatal que administre y opere a los comités municipales, quitando finalmente las prerrogativas panistas de las manos de Ovando Reazola, para terminar de una vez por todas con su breve y desastrosa dirigencia partidista. 

El enmarañado que sostiene la impunidad de Juan Sabines Guerrero ha quedado 
nuevamente de manifiesto tras la multa aplicada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra los diputados federales integrantes de la Subcomisión de Examen Previo quienes, sin explicación, han decidido no dar trámite al juicio político promovido en contra del ex gobernador chiapaneco desde 2013.

El sospechoso comportamiento de los diputados federales ha dejado entrever la red de complicidades que permiten la inmunidad ante la justicia mexicana para ex mandatarios como Sabines Guerrero.

Esta vez se trata del juicio promovido por el controversial abogado Horacio Culebro Borrayas, que más de una ocasión ha protagonizado enfrentamientos contra integrantes de las últimas dos administraciones estatales en Chiapas.

El juicio que ahora ha comenzado a llamar la atención de los medios nacionales tiene que ver con una resolución inédita del Poder Judicial contra la comisión legislativa encargada de dar trámite a los juicios políticos promovidos ante el Congreso de la Unión. Es un proceso jurídico que podría desencadenar responsabilidades penales y el desafuero de los diputados involucrados en el presunto desacato.

Fue desde noviembre de 2013 cuando Culebro Borrayas interpuso la solicitud de juicio político en contra de Sabines Guerrero ante la Cámara de Diputados, obteniendo la negativa por parte del legislativo debido a que –según los diputados- Horacio Culebro “No tenía las facultades para promover dicho recursos jurídico y no habían pruebas para su efecto”.

Los anterior dio paso a que el año siguiente se interpusiera el amparo de garantías 34/2014 que finalmente fue concedido a Culebro Borrayas, ordenando a la Subcomisión de Examen Previo dar trámite al juicio de amparo solicitado por cumplir con todas condiciones para proceder. Sin embargo, hasta la fecha el procedimiento ha permanecido congelado.

Desde el 2 de abril de 2014la Cámara de Diputados se ha hecho acreedora a al menos 10 requerimientos y más de 15 apercibimientos en el marco del cumplimiento de la resolución del expediente 34/2014, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al abogado Horacio Culebro. Pero nada ha sido suficiente para quebrantar la voluntad de los diputados federales para abrir el juicio contra Sabines Guerrero. 

Y no se trata del único caso, según declaraciones de uno de los miembros de la misma comisión legislativa que ha denunciado la opacidad de sus compañeros, el diputado Jorge Triana, actualmente existen otras 300 solicitudes más de juicios políticos contra otros gobernantes y/o servidores públicos que se mantienen detenidos, debido a la obstaculización del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo al mismo Triana, la subcomisión de Examen Previo, integrada por 14 diputados (siete del PRI), es presidida por los priistas Mercedes del Carmen Guillen Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, quienes se han encargado de obstaculizar el trámite de las solicitudes, desechando y dejando en el archivo a gran parte de estos recursos constitucionales.

Por eso la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resulta importante. Porque más allá de la irrisoria multa de siete mil 500 pesos, expone públicamente esa complicidad en todos los niveles que mantienen en plena impunidad a personajes como Juan Sabines Guerrero. Porque abre la puerta a otras medidas jurídicas o penales contra los obstaculizadores de la justicia misma.

Hablando con honestidad, hoy resulta poco probable ver en corto plazo a Sabines tras las rejas. Sobre todo cuando las redes que lo protegen son tan extensas, pues hasta la fecha, ni los señalamientos o pruebas fehacientes de sus irregularidades han socavado el poder y los vínculos ocultos que lo mantienen en plena tranquilidad, incluso, con cargos diplomáticos que muchos más con menos lastres a cuestas quisieran tener.