Pobladores de San Pedro Chenalhó pidieron 50 millones de pesos, para acabar con el problema de limítrofe con Aldama, el cual ha cobrado la vida a varias personas.

El monto que han acordado en Asamblea General de Comuneros del municipio de Pedro Chenalhó, para aceptar la propuesta que hizo el Secretaría General de Gobierno de repartir las tierras en disputa con 32.5 hectáreas para Aldama y 27 para San Pedro Chenalhó, y el cese de las agresiones con arma de fuego es de 50 millones de pesos.

Lo anterior fue dado a conocer por el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, quién también informó sobre el segundo acuerdo que es la solicitud de 100 mil pesos a cada uno de los heridos para los 16 afectados y 200 mil pesos para cada una de las familias de los fallecidos por el conflicto agrario.

Agregó que en la asamblea también acordaron solicitar la liberación inmediata de sus compañeros recluidos en el penal del Amate: Enrique López Pérez y Efraín Ruiz Alvares, y la cancelación de órdenes de aprehensión formuladas en contra de habitantes de las comunidades del Sector Santa Martha.

Destacó que en la reunión llevada a cabo en Chenalhó, acordaron solicitar mejorar la infraestructura de 20 comunidades del Sector Santa Martha como ampliación y pavimentación del tramo carretero Centro Santa Martha a Saclum y de Saclum a la cabecera municipal de Chenalhó, así como la apertura del camino de la localidad de Yoc Ventana al punto.

El Comité Digna Ochoa, aseguró que una vez entregado el documento a las instancias correspondientes, comenzaron los ataques y disparos provenientes de Tabak, Coco, Xuxhen del lado de Aldama agrediendo a la comunidad Saclum y Pajaltoj del lado de Santa Martha, Chenalhó.

Finalmente mencionó que los habitantes de Chenalhó, están sorprendidos por el retiro sin ningún aviso por parte del Gobierno de los dos destacamentos de elementos de la Policía Estatal que se encontraban en centro Santa Martha y Saclum, por lo que los representantes de las 134 comunidades del municipio de Chenalhó, preguntaran al gobierno estatal porque se retiraron.

Integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata Histórica (OPEZ-HIST) y el Frente Campesino Popular de Chiapas (FCPCH), que encabeza Octavio Zunun Aguilar, amenazaron con detener a funcionarios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), en San Cristóbal de Las Casas.

A través de un comunicado de prensa, dieron a conocer que el pasado 14 de septiembre del 2020, se realizaron los pagos de 185 usuarios de agua en el juzgado segundo del ramo civil en San Cristóbal, esto debido a que los usuarios adheridos a esta organización se han negado ante SAPAM a pagar la tarifa de acuerdo a lo establecido.

“Pese a esta acción legal”, nos hemos enterado que el titular de Sapam, presuntamente ha ordenado a sus trabajadores realizar cortes de agua en los 185 domicilios, por lo que hemos acordado los integrantes de esta organización, que no  permitiremos  los cortes en el barrio de Fátima”, aseveraron

Amenazaron que por estos actos los 185 usuarios adheridos a esta organización acordaron tocar los silbatos como señal de alarma para evitar los cortes, y luego procederán a retener los trabajadores.


Finalmente Zunun Aguilar, dirigente de esta organización hizo un llamado a la población de este barrio para estar pendientes las 24 horas del día y evitar todo tipo de corte de tuberías o válvulas.

Cuatro menores de edad de nacionalidad guatemalteca se encuentran desaparecidos, y se presume que podrían estar en territorio mexicano, por lo que piden apoyo a la población y a las autoridades mexicanas.

El consulado de Guatemala en Chiapas, solicitó el apoyo a las autoridades mexicanas para la búsqueda de cuatro menores de edad, quienes salieron del vecino país de Guatemala.

“Como parte de la atención a guatemaltecos, se ha requerido el apoyo de autoridades mexicanas para la búsqueda de menores guatemaltecos, por la activación de la alerta internacional “ALBA-KENETH”, a favor de Dany Fernando, Greyci Roxana, Jaime Eduardo y Melina Maribel, todos de apellidos Pablo Cifuentes, de 06, 08, 11 y 13 años de edad respectivamente”, señaló Fernando Castro Molina, vicecónsul de Guatemala en Chiapas.

En un escrito señaló que los menores fueron sustraídos de territorio guatemalteco por parte de la madre Amanda Estela Cifuentes Cifuentes. El diplomático, dijo que los menores y la madre podrían haber ingresado en un camino de terracería por alguna frontera entre México y Guatemala.

Finalmente, Castro Molina, solicitó al pueblo de México, que cualquier información  lo pueden reportar a las oficinas consulares en Chiapas, o en la embajada de Guatemala en México.

Más de 100 mujeres de la organización del MOCRI-CNPA-EZ, marcharon la tarde de este lunes en San Cristóbal de Las Casas y se manifestaron afuera de la Coca Cola, la cual  se ubica sobre el Periférico Norte Poniente de está ciudad.

Indicaron que el estado de Chiapas es la región del mundo donde más se consume refresco de cola, en promedio cada persona de la entidad bebe 821.5 litros por año, según cálculos que hace esta organización.

A esta manifestación se sumaron otras organizaciones sociales como la Opez-histórica, procedentes de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, quienes  en el “Día de la Raza”, decidieron emprender una protesta contra empresas transnacionales que han llegado a perjudicar la economía local y los recursos naturales de San Cristóbal.

Cabe señalar que frente a las instalaciones de la empresa realizaron pintas, quemaron bolsas cuyo contenido tenía botellas de plástico y pegaron una serie de consignas.

El Movimiento de Mujeres, integrantes de esta organización, pidieron a las autoridades una serie de campañas de orientación alimentaria y comprensión de los nuevos etiquetados de los productos procesados de manera permanente y proteger a la infancia de la publicidad que promueven los malos hábitos alimentarios.

“Es necesario hacer obligatoria la provisión gratuita de agua potable purificada en escuelas, espacios públicos y comerciales; garantizar que al interior de los planteles educativos existan únicamente opciones saludables de alimentación y no productos procesados; basta de bebidas azucaradas y comida chatarra y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, priorizando el fomento productivo sustentable de alimentos saludables”, expresarón.

Así también, se pronunciaron en contra del consumo de refresco, ya que está causando enfermedades crónico degenerativas entre la población y más a la comunidad indígena, “se han enfermado y ha provocado la muerte por diabetes en la región Altos a miles de personas, en San Juan Chamula, lugar donde consumen más refresco de cola”.

Finalmente, aseguraron que la empresa refresquera está acaparando los manantiales de agua en los lugares donde están ubicadas las plantas procesadoras, y que está gastando más de 1.3 millones de litros de agua al día, mientras que la población no cuenta con suficiente agua para satisfacer sus necesidades prioritarias.