Chiapas marca precedente nacional con la Firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias
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• Atestigua gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ejercicio de compromiso y responsabilidad interinstitucional en materia de justicia.
Desde las instalaciones de la sede del Poder Judicial del Estado, el gobernador constitucional Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la Firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Niñeces y Adolescencias en Chiapas, generada junto a la Colectiva 50+1, con el objetivo de consolidar el trabajo de las y los jueces y magistrados federales electos, por una justicia más humana, incluyente y cercana a las personas.
En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que el gobierno de la Nueva ERA no trabaja con indiferencia, sino que reconoce y actúa con firmeza para combatir las violencias y reconocer los derechos individuales y colectivos de las mujeres. Sostuvo que, de manera conjunta con instituciones y sociedad civil, se fortalecerá la formación de la niñez en los centros educativos y la prevención de adicciones, con el propósito de erradicar la violencia de género.
“Debemos ir a la formación de las niñas y los niños y esto tiene que ser parte del acuerdo de lo que aquí estamos firmando; es un trabajo profundo. Vamos a poner todo nuestro empeño, toda nuestra capacidad de organización institucional para que erradiquemos este tipo de conductas y, a partir de la erradicación, tener cifras distintas”, expresó al reiterar su compromiso de realizar una labor de tiempo completo para eliminar las injusticias contra niñas, niños y mujeres.
Durante esta ceremonia le acompañaron como testigos la señora Sofía Espinoza Abarca; el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa; el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda, y el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero García.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro electo de la SCJN, Arístides Rodrigo Guerrero García, coincidieron en la relevancia de este acto, testimonio de la acertada administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como de la justicia humanista llevada por el magistrado presidente Moreno Guillén, al poner a la vanguardia a la entidad como una de las primeras en ponderar la gestión de un modelo inclusivo, igualitario y respetuoso en procuración y administración de justicia, un hecho que se ha puesto de manifiesto también con la creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.
En este contexto, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén enfatizó que desde el Poder Judicial del Estado se ha venido fortaleciendo el trabajo con perspectiva de protección a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el fundamento de que la igualdad es el alma de la libertad, pues no puede existir libertad sin igualdad, y puntualizó que desde Chiapas se envía un primer mensaje al país: las y los juzgadores tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género, niñeces y adolescencias, como un principio ineludible para garantizar la dignidad de todas las personas.
A su vez, la cónsul general de México en Houston y presidenta internacional de la Colectiva 50+1, María Elena Orantes López, agradeció el apoyo de grandes aliadas y aliados, como la ministra Esquivel Mossa y el gobernador Ramírez Aguilar, por abrazar el gran proyecto que 50+1 puso en la agenda desde hace seis años como una red de sororidad que hace eco y rebasa fronteras para construir una nueva historia de empoderamiento femenino.
Finalmente, se contó con la participación de las y los jueces y magistrados federales electos, quienes firmaron el acuerdo; así como con la asistencia de la presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, Dalal Rabban Castell; la presidenta de la Colectiva 50+1 Capítulo Chiapas, Alma Rosa Cariño Pozo; representantes de dicha Colectiva en los municipios, servidoras y servidores de los tres poderes del Estado, integrantes del sector educativo, litigantes y sociedad civil organizada.
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