Que nos maten a todos por lengua larga

            Al presidente Enrique Peña Nieto furibundos reporteros le gritaron justicia, no más discursos. En el salón Adolfo López Mateos, de la residencia oficial de Los Pinos, Peña hacía el anuncio de Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores cuando, desde el fondo, un grupo de reporteros alzó la voz para reclamarle justicia por tantos crímenes en el gremio periodístico en lo que va de su gobierno.

            El asesinato a tiros de Javier Valdez Cárdenas, cometido en Culiacán, Sinaloa, ha encendido los ánimos y enfurecido a los periodistas de todo el país por los altos grados de riesgo e impunidad que rodean el ejercicio de esta noble profesión. Nunca se había visto un escenario tan dantesco.

            Valdez no era un reportero común, de los que dan la noticia cotidiana pero no por ello con menos mérito que cualquier otro. Valdez era acucioso, investigador, puntual en sus crónicas. Certero en sus datos. Su pluma era mortal. Se especializó en el tema escabroso del narcotráfico y al final eso le costó la vida.

            Mataron a la periodista Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua quien, al igual que Valdez, era corresponsal del acreditado diario La Jornada. Sobre ese crimen, como un funesto presagio, Valdez inmortalizó una frase lapidaria, temeraria, lúgubre:

            "A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio".

            Tres semanas después la profecía se cumplió cuando un hombre ultimó de varios tiros a Valdez. Incluso, el sicario huyó de la escena del crimen hasta que se percató de que su víctima hubiera dejado de existir. Qué acto tan barbárico.

            Aquel grito de justicia a Peña Nieto la noche del miércoles 17 no es producto de una coyuntura. Aquel grito es el reflejo del hartazgo que se vive en este país por la cada vez creciente exención con que operan bandas de criminales que asesinan, violan, roban y ultrajan la vida y la paz de los mexicanos. Y en ese contexto tan dramático los periodistas no han quedado exentos.

             Somos conscientes de que los periodistas no escogimos una profesión apta para cobardes porque, al final, un periodista quisiera vivir y morir con el uniforme de campaña puesto y el fusil humeante entre las manos.

            Pero aquel grito es de furia, de impotencia, de rabia, de reproche al Estado al fallar en su tarea de garantizar la vida y el patrimonio de los mexicanos, por su incompetencia y hasta cierto punto valemadrismo para procurar que los periodistas y cualquier otro mexicano productivo pueda cumplir su tarea en tranquilidad, sin miedo a ser masacrado porque la muerte acecha en las esquinas como un tigre agazapado. A ese nivel hemos llegado.

            De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México es uno de los cinco países de riesgo para el ejercicio de esa profesión. El año pasado, por encima de nuestra nación, sólo Irak y Afganistán registraron mayor índice de homicidios a periodistas.

            El periodismo crítico, sin verdades maniqueas, y la libertad de expresión son fundamentales para la reflexión; ayudan a que el pueblo recapacite y piense; contribuyen a la democracia y son agentes de cambios y valores morales. Son anclajes en una sociedad civilizada.

            Por eso aquel grito de no más discursos, sino justicia a secas. Sólo eso: JUSTICIA.

*IEPC frena sus ambiciones de poder y le ordena quedarse quieto; también debe retirar toda su propaganda electoral porque ha incurrido en violaciones a la ley

 En su onceava sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), resolvió conceder la adopción de medidas cautelares dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario en contra de los ciudadanos Emilio Enrique Salazar Farías, Diputado Federal por el IX Distrito Electoral Federal en Chiapas; Roberto Armando Albores Gleason, en su calidad de Senador de la República de la XLIII Legislatura y la ciudadana Gloria Trinidad Luna Ruiz, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En un comunicado en poder de Primera Edición, el tan cuestionado IEPC señaló que lo anterior obedece "a  la presentación de diversas denuncias ciudadanas por presuntos actos de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y promoción de actividades legislativas fuera de los plazos establecidos en la ley, mismos que son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 134,y el Código Comicial Local en su numeral 243".

Alex Walter Díaz García, consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, informó que al existir indicios que podrían resultar violatorios a la normatividad electoral, los denunciados deberán acatar las medidas cautelares aprobadas por la Comisión, consistentes en realizar acciones necesarias, suficientes e idóneas para suspender y retirar la difusión de la propaganda denunciada, en un término no mayor a 48 horas, esto con la finalidad de que no se vulnere el principio de equidad de cara proceso electoral local 2017-2018 que inicia el próximo mes de octubre.

El consejero Díaz García añadió que “de las pruebas que presentaron los denunciantes y de las obtenidas por la Oficialía Electoral del Instituto, la Comisión llegó a la conclusión que hay indicios suficientes para suponer que la propaganda sujeta a investigación pudiera afectar la equidad de los próximos comicios locales, de ahí que decidieran atender la solicitud de medidas preventivas, sin que ello implique que se haya acreditado la responsabilidad de los denunciados, pues ello dependerá de las investigaciones que seguirán su curso hasta que los procedimientos administrativos instaurados se resuelvan de fondo”.

Díaz García advirtió que “las medidas deberán ser ejecutadas en los próximos días, y que en caso de no ser acatadas, los denunciados podrían ser sujetos del inicio de un nuevo procedimiento administrativo sancionador o la aplicación de una medida de apremio en su caso, por desacato a la autoridad electoral”.

El consejero electoral también informó que en una sesión previa, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó el Acuerdo de radicación, admisión y emplazamiento, dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario, iniciado por una denuncia ciudadana en contra del ciudadano César Bernardino Serrano Nucamendi.

 Serrano Nucamendi realizó presuntos actos de proselitismo en esta ciudad capital, a través de espectaculares y entrevistas difundidas en el portal de Youtube y páginas electrónicas de diversos medios informativos.