De acuerdo con la circular número SGGyM/OS/0003/2026, firmada por la titular de la dependencia, Dulce María Rodríguez Ovando, la medida se sustenta en un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de enero de 2025, que ordena suspender este tipo de espectáculos en todo Chiapas.

El documento señala que la decisión busca garantizar la seguridad pública y prevenir la comisión de ilícitos, ya que este tipo de eventos, tanto públicos como privados, han sido considerados susceptibles de generar situaciones de riesgo.

Asimismo, la dependencia estatal exhortó a las autoridades municipales a aplicar el ordenamiento dentro de sus jurisdicciones y recordó que el incumplimiento, incluso por omisión, puede implicar sanciones legales.

La circular fue emitida en Tuxtla Gutiérrez el 6 de febrero de 2026 y forma parte de las acciones estatales para reforzar las directrices de seguridad en la entidad.

Las acusaciones apuntan directamente al rector Javier López Sánchez, a quien señalan de haber protegido por presuntos vínculos personales a un profesor acusado de conductas inapropiadas contra alumnas. Aunque el docente ya no forma parte de la institución, los inconformes consideran que la resolución fue tardía, limitada y sin garantizar justicia para las víctimas.

De acuerdo con los testimonios, desde octubre de 2025 al menos cuatro estudiantes denunciaron formalmente al profesor Valentín “N” por presuntos tocamientos no consentidos, insinuaciones y comentarios de carácter sexual. Parte de los hechos, aseguran, habrían ocurrido incluso durante un viaje académico realizado a San Cristóbal de Las Casas en noviembre de 2024. Con el paso de los meses, más alumnas se sumaron con señalamientos similares, lo queafirman evidenciaría un patrón de conducta que no fue atendido con la debida diligencia.

Durante el proceso interno, el Comité de Ética de la universidad solicitó mantener el caso bajo reserva; sin embargo, las denunciantes sostienen que fueron obligadas a continuar asistiendo a clases con el docente mientras avanzaban las investigaciones, situación que califican como revictimizante. Posteriormente, aunque otro profesor emitió sus calificaciones, aseguran que la medida terminó por exponerlas ante la comunidad universitaria, generando presión social y señalamientos.

Ante la falta de confianza en el procedimiento interno y lo que consideran omisiones graves, las estudiantes decidieron acudir a la Fiscalía estatal para que el caso sea investigado fuera del ámbito universitario.

Los denunciantes hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez, así como a la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General del Estado, para revisar el actuar de la rectoría y esclarecer posibles responsabilidades administrativas o legales.

Hasta ahora, la UNICH no ha emitido un posicionamiento público frente a los nuevos señalamientos, lo que ha incrementado las críticas y cuestionamientos sobre la transparencia institucional y la protección real a las víctimas dentro del ámbito universitario.

En otro momento, el mandatario inauguró infraestructura educativa en la Escuela Secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez, donde se invirtieron 7.1 millones de pesos en beneficio de 640 estudiantes; así como en la Escuela Secundaria Técnica Número 2, institución con 132 años de historia, donde entregó nuevos espacios que representaron una inversión de 4.7 millones de pesos, en favor de más de mil 500 alumnas y alumnos.