La reciente denuncia de Francisco Ramírez Galindo, exmilitar y exmiembro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en Chiapas, no debería pasar desapercibida. Al contrario: debería sacudir a las instituciones, encender focos rojos en el gobierno estatal y provocar una reacción inmediata. Lo que Ramírez revela no es menor: corrupción, abuso de poder, colusión con el crimen organizado y un sistema que opera más para proteger a delincuentes que para garantizar la seguridad ciudadana.

El testimonio es perturbador. Habla de mandos que dan órdenes bajo los efectos del alcohol, de intentos de abuso sexual encubiertos, de atropellos a jóvenes inocentes a quienes después se les “siembran” drogas para justificar el uso excesivo de la fuerza. Habla, en resumen, de una estructura podrida desde dentro, en la que el uniforme se convierte en escudo para delinquir y la jerarquía en una red de complicidades.

Más preocupante aún es la normalización del silencio. Que alguien como Ramírez Galindo se atreva a hablar, a poner su nombre y su rostro en una denuncia pública, solo evidencia el nivel de desesperación y frustración que reina dentro de una corporación donde los buenos elementos —si los hay— prefieren callar o marcharse.

¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño? ¿Dónde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar? ¿Hasta cuándo se permitirá que cuerpos de “élite” operen como brazos armados del crimen, con recursos públicos y bajo el amparo del Estado?

Chiapas no merece una policía corrupta. México no puede seguir tolerando instituciones que alimentan la violencia que dicen combatir. La denuncia de Ramírez no debe ser vista como una anécdota ni como una venganza personal: es un grito de auxilio y una demanda urgente de justicia. Y quienes hoy están en el poder, si de verdad quieren gobernar con dignidad, deben escuchar.

Porque cuando el uniforme deja de proteger al pueblo y empieza a proteger al crimen, lo que está en juego ya no es solo la seguridad: es la democracia misma.

Cumplimenta FGE diligencias de cateo en Puerto Madero; hay cinco detenidos

•    Durante las diligencias realizadas en Tapachula se aseguraron más de 18 kilos de droga y siete armas de fuego

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En las últimas horas, derivado de la estrategia del reforzamiento del Operativo Antipandillas, elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron diligencias de cateo en diversos inmuebles, logrando el aseguramiento de droga y siete armas de fuego, así como la detención de cinco personas en la localidad de Puerto Madero, municipio de Tapachula, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca.
Señaló que estas acciones se desplegaron en cinco domicilios, en el inmueble ubicado sobre el tramo carretero de terracería que conduce al ejido Carta Blanca de la primera sección de Tinajas, se logró el aseguramiento de aproximadamente 18 kilogramos de marihuana y la detención de cinco personas que responden a los nombres de Leonel “N” de 19 años, Adrián “N” de 58 años, Jorge “N” de 40 años, Gilbert “N” de 24 años y Ernesto “N” de 34 años, todos de origen mexicano.
Asimismo, añadió, se logró el aseguramiento de tres armas calibre 22, un arma corta calibre 9 mm, dos escopetas, una pistola hechiza; así como nueve teléfonos celulares, polvo blanco con las características de la cocaína, diversas dosis conteniendo droga “cristal”; dos paquetes conteniendo marihuana; dos radios tipo walki talki, una balanza electrónica gramera, una báscula, tres cartuchos calibre 12 mm y dos cartuchos calibre 22 mm.
El responsable de la procuración de justicia en Chiapas agregó que en los otros cuatro domicilios se aseguraron cuadros confeccionados con cinta canela que contenían polvo blanco con las características de la cocaína, uno de marihuana y una báscula, por lo que dichos inmuebles fueron preservados por la FGE.
Resaltó que el fiscal del Ministerio Público continúa con el desahogo de las investigaciones pertinentes para establecer si los imputados se encuentran relacionados con otros hechos delictivos cometidos en esta región y determinar su situación jurídica dentro del término constitucional.
Dio a conocer que en estas acciones participaron elementos de la Policía Especializada, Fiscalía General de la República (FGR), Grupo Táctico de la Fiscalía de Chiapas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Guardia Nacional y Policía Municipal.
Finalmente, Jorge Llaven Abarca refrendó el serio compromiso de la Fiscalía General del Estado con la ciudadanía para garantizar la seguridad y el Estado de derecho en Chiapas.