En realidad, el gobierno quiere endurecer el sistema en diversos frentes para poner un alto a la inmigración, hacer más difícil el acceso a Estados Unidos y la obtención de documentos de residencia.

La separación de familias en la frontera con México llamó la atención y provocó la indignación del mundo, pero es apenas una pequeña parte de los planes del gobierno de Donald Trump para la inmigración.

En realidad, el gobierno quiere endurecer el sistema en diversos frentes para poner un alto a la inmigración. Quiere encerrar familias por tiempo indeterminado, ampliar los espacios de detención y endurecer las normas de asilo, así como las de otorgamiento de la residencia.

En medio del caos por las familias separadas, muchas iniciativas recibieron escasa atención, pero revelan hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para impedir el ingreso, tanto legal como ilegal, de inmigrantes.

Otros gobiernos han enfrentado problemas similares con la inmigración ilegal y buscado soluciones parecidas, pero ninguno ha podido cortar el flujo de migrantes a través de la frontera sur y ningún presidente ha realizado una campaña tan altisonante sobre el tema.

"Estados Unidos no será un campamento de migrantes ni será una instalación para el encierro de refugiados", dijo Trump días antes de decretar el fin de la separación de niños de sus padres. "No lo será durante mi mandato".

Los titulares de la semana se concentraron en los reencuentros de padres inmigrantes y sus niños, efectuados por el gobierno bajo orden judicial. La Casa Blanca dijo que "trabajó incansablemente" para efectuar las reuniones y asegurarse de que los niños tuvieran hogares seguros.

Pero en la misma semana, el gobierno tomó otras medidas contra inmigrantes, solicitantes de asilo y de la cédula verde ("green card") de residencia.

Estos intentos de desalentar a las familias centroamericanas de emprender el viaje al norte quieren enviar un mensaje a los migrantes y a los partidarios de Trump de cara a las elecciones legislativas: entrar a Estados Unidos será cada vez más arduo, como lo será conseguir los documentos para la permanencia legal en el país.

"Me parece que todas estas cosas son parte de un objetivo más grande, el de reducir significativamente la inmigración de todo tipo a Estados Unidos en el largo plazo y, de paso, el verdadero deseo es cambiar el carácter del país", dijo Doris Meissner, una directiva del servicio de inmigración durante el gobierno de Bill Clinton.

Antes de partir hacia Europa días atrás, Trump dio su propia solución al problema de las familias que seguían separadas después del plazo impuesto por la justicia: "no vengan ilegalmente a nuestro país".

En Europa, el presidente no ocultó sus posiciones sobre la inmigración. Dijo que las políticas europeas están cambiando la "trama de Europa" y destruyendo la cultura europea. Dijo en entrevista con un tabloide británico que "creo que permitir el ingreso de millones y millones de personas a Europa es muy, muy triste" y luego lo reiteró.

El caos por las separaciones ha colocado al gobierno en la situación incómoda de poner en libertad a familias tras colocarles tobilleras de rastreo, una práctica denunciada por Trump, a la vez que intenta una serie de maniobras legales para endurecer la capacidad represiva.

Dos fallos judiciales en California limitan las posibilidades del gobierno de aplicar medidas intransigentes. Una lo obliga a poner en libertad a los niños al cabo de 20 días. La otra prohíbe la separación de familias e impone plazos estrictos para reunirlas.

En el intento de cumplir con las dos sentencias, la Casa Blanca quiere colocar a las familias ante la necesidad de elegir: sigan juntas en un centro de detención o entreguen al menor al gobierno para que lo aloje con un familiar mientras el padre sigue encarcelado.

No está claro si el gobierno cuenta con camas suficientes para hacerlo, pero está buscando. El Departamento de Seguridad Nacional ha solicitado formalmente 12 mil camas para las detenciones familiares, 2 mil de ellas en bases militares. El Departamento de Defensa recibió el pedido de alojar hasta 20 mil niños no acompañados.

Las autoridades quieren acelerar el regreso de los inmigrantes a sus países y dificultar la solicitud de asilo en un sistema judicial atiborrado, cuyas sentencias pueden demorar años. Dicen que demasiadas personas aseguran ser perseguidas cuando no lo son y que se conceden apenas el 20 por ciento de las solicitudes de asilo.

A los funcionarios encargados de entrevistar a los inmigrantes detenidos en la frontera se les dijo esta semana que tuvieran en cuenta una opinión del secretario de Justicia, Jeff Sessions, de que la violencia pandillera y doméstica que se vive en Centroamérica no debe ser una razón para conceder asilo.

La consecuencia será que menos inmigrantes superarán la entrevista inicial para poder solicitar asilo ante un juez, dijo Megan Brewer, abogada de inmigración en Los Ángeles.

Los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país también enfrentarán problemas.

Desde que asumió, el gobierno ha eliminado el estatus de protección de cientos de miles de personas de países que se recuperan de guerras y desastres naturales, ha reducido el número de refugiados a los que permite el ingreso y ha dicho que buscará despojar de la ciudadanía a los sospechosos de mentir para obtenerlas. Adicionalmente, los solicitantes de residencia y otros beneficios enfrentan esperas más largas y preguntas más detalladas.

Andrés Manuel López Obrador señaló también que el plan de combate a la corrupción y austeridad republicana será presentado el domingo 15 de julio.

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, aseguró que todas las transacciones y contratos a realizarse durante su gobierno serán vigiladas por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Vamos a estar en condiciones de que haya observadores de la ONU en todas las compras que haga el gobierno. También en todos los contratos. Lo mismo en materia de derechos humanos”, dijo el tabasqueño en conferencia de prensa.

“Los dos temas en que vamos a pedir asistencia a la ONU van a ser derechos humanos y transparencia para el combate a la corrupción”, agregó.

López Obrador señaló también que el plan de combate a la corrupción y austeridad republicana será presentado el domingo 15 de julio.

Agregó que, en materia de derechos humanos, busca no solo el asesoramiento del Papa Francisco, sino también de otros individuos.

“Se está invitando a dirigentes religiosos del mundo, no solo al Papa Francisco, y a dirigentes sociales que han participado en procesos de reconciliación para conseguir la paz en otros país”, apuntó.