·        Son afectados por los acuerdos del gobierno federal con los terroristas de la CNTE

·        Les han retenido más de 100 millones de pesos que forman parte de sus ahorros

Profesoras y profesores, socios del Fondo de Ahorro Magisterial de la Sección 7 del SNTE salieron a marchar para exigir a las autoridades que tienen bajo su competencia el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo el desbloqueo de cuentas bancarias y que hagan los depósitos de los recursos que han sido retenidos indebidamente, aun cuando se trata de sus aportaciones por los conceptos de ahorro y descuentos de prestaciones.

            Rolando Ramón Ríos Alfaro,  presidente del FAMA, aseguró que piden la intervención del gobernador Manuel Velasco Coello, toda vez que se les tienen retenidos más de 100 millones de pesos, ahorros de los propios trabajadores de la educación.

            Aseguró que se ha recrudecido la situación del Fondo de Ahorros debido a que a partir de diciembre del año pasado, la unidad de inteligencia financiera dio la orden de bloquear las cuentas, por lo que están preocupados ya que han sido detenidas las operaciones administrativas, inclusive.

            Desde septiembre les tienen retenidos los fondos del FONE, por lo que exigen el depósito, toda vez que es patrimonio de sus familias, ya que es producto de ahorros de un dos por ciento que cotizan de sus salarios.

            Sostuvo que como Comité Técnico del Fondo de Ahorro Magisterial no han estado cruzados de brazos, pues han estado gestionando ante la Subsecretaría de Educación Federalizada, la Secretyaría de Educación y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que encabeza el maestro Juan Díaz de la Torre.

            Dejó en claro que esta actividad de protesta no se vaya a tomar en otro sentido o sesgo político, sino se trata de una lucha por el rescate de sus ahorros retenidos por el FONE y por el bloqueo financiero de parte de la Secretaría de Hacienda federal.

            Solicitó, asimismo, una reunión con el Comité de Caja de Ahorros que está afectando a sus compañeros, toda vez que hasta ahora se han negado por no estar en la misma sintonía d política con los de la CNTE. Por eso rechazaron la invitación que les han hecho y ahora se ven obligados a salir a las calles con marcha mítin plantón.

            Dijo que si no tienen respuesta inmediata tendrán que consultar las acciones que podrían realizar a nivel nacional, toda vez que a nivel estatal no están teniendo un trato como debe de ser. A partir de este martes podrían irse a bloqueos.

            Son más de 14 mil trabajadores de la educación que han hecho sus aportaciones del dos por ciento de su sueldo, están siendo afectados, toda vez que de eso se generan préstamos, ya que el FAMA no es lucrativo sino de carécter social y solidarios, donde las profesoras y profesores pueden obtener hasta  80 mil pesos con intereses del cinco por ciento anual, por lo que a nivel nacional van a la vanguardia.

No obstante, a raíz de las negociaciones de la federación con la CNTE se deriva la situación actual, por lo que les queda duda que solo ellos están alzando la voz por este tema, puntualizó Ríos Alfaro.

*Eso explica la crisis financiera que agobia al Instituto

*Presentan demanda penal maestros de la Sección 40

*Presuntos implicados: ex dirigentes de la S-40 y ex funcionarios

*Prima del ex gobernador Sabines, señalada en el presunto fraude

* Afirman que dineros de maestros fueron invertidos en la Bolsa de Valores

            La crisis financiera que agobia al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Chiapas (ISSTECH) tiene explicación en la rapiña, el saqueo y las redes de complicidades que abarcan desde ex directores de la institución hasta dirigentes de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, SNTE, pasando por funcionarios de mediano rango de Hacienda del Estado.

            Se trata de un tejido de impunidad confeccionado, al parecer, perfectamente. Sin embargo, la podredumbre empieza a emerger porque ya hay una denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado que, si no termina en la gaveta como ocurrió en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, pronto los implicados deben estar en la cárcel.

            En el gobierno de Salazar los maestros de la Sección 40 presentaron una demanda penal que quedó registrada en la averiguación previa 669/CAJ4-B/2004 por un presunto fraude de al menos 51 millones de pesos a la caja de ahorro magisterial señalando a varios implicados, entre ellos a David Aguilar Solís, Jorge Pérez Pérez, Julio César León Campuzano y Julio César Chamé Martínez. La demanda nunca caminó.

            Todos los sospechosos ocupaban distintos cargos en la estructura vertebral de la S-40. Lejos de ser investigados fueron premiados porque Aguilar Solís terminó en el Congreso del Estado como diputado, luego fue alcalde de Tonalá. Los restantes siguen gozando de impunidad agazapados en la Sección 40.

            Célebre es el caso de Jorge Pérez Pérez quien, en completo estado de ebriedad, siendo dirigente de la Sección 40 chochó su automóvil en la ex fuente Mactumatzá contra un taxi. Hubo varios lesionados que iban en el taxi. Cuando llegaron agentes de tránsito sólo condujeron a su casa al borrachín y abusivo dirigente magisterial, pues nunca pisó una agencia del ministerio público.

            El 17 de noviembre de 2016, líderes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del SNTE presentaron querella penal por 2 mil 850 millones cometido al fondo de pensiones del ISSTECH.

            Asimismo, denunciaron nuevamente el fraude por 51 millones 497 mil pesos al patronato del seguro de vida y de retiro de la sección 40, recursos provenientes de la aportación gubernamental, de la burocracia y del magisterio estatal.

            A todos los demandados se les señala como presuntos responsables de los delitos de  abuso de confianza, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones públicas en coparticipación, encubrimiento, peculado y enriquecimiento ilícito y los que resulten, según la querella, iniciada como registro de atención, a la que se le asignó el número 0447-101-1301-2016.

            Según documentó el diario La Jornada ese 17 de noviembre de 2016, "La denuncia fue interpuesta por José Armando Falconi Borraz, Anastacio García Gaitán, Jorge Hilario Hernández García, José Enrique Díaz Fuentes, José Luis Zúñiga Basilio y Alberto Cruz Cruz, representantes de la AED, que según estos líderes agrupa a 17 mil disidentes de los cerca de 25 mil integrantes de la sección 40, afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación"

            El influyente diario nacional cita, en nota firmada por el periodista Helio Enríquez,  que  "Ellos informaron que el secretario general de la sección 40 del SNTE, Julio César León Campuzano, renunció al cargo el 18 de noviembre, un día después de que un agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la PGJE, inició la carpeta de investigación correspondiente. En su lugar fue designado Ángel Paulino Canul Pacab como delegado especial.

            Días después fue relevado también el director del Isstech, Jorge Ross Coello –quien ocupó el puesto seis años–, y fue sustituido por Eduardo Thomas Ulloa".

            Enríquez agrega, contundente: "En la denuncia, cuya copia tiene La Jornada, los inconformes aseguraron: se sabe que existen nóminas confidenciales para los ex directores generales y secretario de los diferentes comités ejecutivos de la sección 40; se comprueba con estudios actuariales el desfalco o asalto que ha sufrido el Isstech en diversos periodos de gobierno e inclusive el desvío de recursos para campañas políticas.

            Días después de que la querella fue aceptada, la AED afirmó en un comunicado que 80 mil derechohabientes del Isstech son los agraviados por el robo de instrumentos y material quirúrgico, altos sueldos de funcionarios, incapacidades de 235 días para trabajadores protegidos, robos millonarios por la compra de medicamentos caducos, pago de instalaciones para oficinas y clínicas ficticias en distintas ciudades de Chiapas".

            Y sostiene lo siguiente:

            Saqueo para campaña de Peña

            Asimismo, millonarios pagos de viáticos y por concepto de limpieza, saqueo millonario del Grupo Financiero Monex para la campaña política de Enrique Peña Nieto y mil 600 millones de pesos perdidos en la Bolsa de Valores mediante la empresa Merrill Lynch y Mayra Guerrero, prima del ex gobernador Juan Sabines Guerrero.

            En la demanda penal, los representantes de la AED sostienen que debido a lo anterior, el Isstech, creado en 1981, tiene déficit económico, por lo que ha cancelado lo préstamos, medicamentos y atención de especialistas para los derechohabientes, ya que les adeudan varios meses de salario, derivado de distintas formas de corrupción, como la ausencia de licitaciones en la compra de medicamentos y material de curación, la bursatilización de los fondos de pensiones y jubilaciones, entre otras".