En México se repite como consigna que la austeridad es una virtud. “No gastar de más”, presumen algunos políticos, como si recortar fuera gobernar. Pero lo que hoy vivimos no es una política responsable, sino un Estado cada vez más débil, incapaz de imponer orden o dar respuestas.

Las señales están por todos lados. El huachicol fiscal dejó de ser un rumor para convertirse en símbolo: redes que mueven enormes cantidades de dinero mientras el poder mira hacia otro lado. No es un problema menor ni aislado, es la prueba de que el crimen organizado encontró espacios cómodos para operar.

Al mismo tiempo, el gobierno anuncia operativos con nombres llamativos que prometen mucho y entregan poco. La Barredora y otros esfuerzos sirven para la narrativa, pero no cambian la realidad cotidiana. El mensaje implícito es peligroso: hay espectáculo, pero no consecuencias visibles.

Lo más grave es la normalización de los asesinatos impunes. Periodistas, candidatos, funcionarios locales y ciudadanos se suman a una lista que crece sin explicación ni cierre. Cuando la violencia se vuelve costumbre, el miedo ocupa el lugar de la autoridad.

Este escenario no solo afecta hacia adentro. También abre la puerta a presiones externas. Estados Unidos no necesita inventar excusas: la violencia, el narcotráfico y el dinero ilícito bastan para presentarse como un problema de seguridad regional. Cuando un país no controla su territorio ni protege a su gente, otros empiezan a opinar —y a decidir— por él.

La pérdida de soberanía no llega de golpe ni con uniformes extranjeros. Llega lentamente, cuando un gobierno prefiere ahorrar que gobernar, explicar que resolver, y administrar la crisis en lugar de enfrentarla.

La alternativa existe. No pasa por gastar sin medida, sino por reconstruir capacidad del Estado, recuperar autoridad, enviar señales claras de que la violencia y la corrupción no son tolerables. Sin propaganda, sin dogmas, sin excusas.

Porque sin autoridad real, no hay paz posible. Y sin un Estado fuerte, ninguna soberanía se sostiene.

Por décadas, el gobierno cubano ha sostenido su legitimidad sobre conquistas sociales reales. Sin embargo, esos logros —educación, salud e igualdad— terminaron funcionando también como un eficaz mecanismo de control político y blindaje frente a cualquier crítica.

Desde 1959, la Revolución Cubana construyó un relato basado en aciertos innegables. La alfabetización masiva, el acceso universal a la salud y la reducción inicial de desigualdades marcaron una ruptura con el pasado y otorgaron al nuevo poder un fuerte respaldo popular. Pero con el paso del tiempo, esos logros dejaron de ser políticas públicas evaluables y se transformaron en pilares intocables de un discurso que justifica todo y cuestiona nada.

Aciertos convertidos en dogma

La educación y la salud, presentadas como símbolos de justicia social, dejaron de ser derechos perfectibles para convertirse en argumentos morales absolutos. Cualquier crítica al modelo económico o político pasó a ser deslegitimada bajo una fórmula repetida: “sin la Revolución no existirían estos logros”. Así, el debate quedó reducido a una falsa dicotomía entre apoyar al sistema o “querer destruirlo”.

Este mecanismo permitió algo clave: confundir el Estado con la Revolución y la Revolución con el país. Criticar al gobierno se volvió, discursivamente, criticar a la nación.

El doble discurso de la igualdad

Mientras el discurso oficial insistía en la eliminación de las élites y la burguesía, en la práctica se consolidó una nueva clase dirigente. Altos cargos del Partido, las Fuerzas Armadas y conglomerados empresariales estatales concentraron poder político y económico, con acceso privilegiado a divisas, bienes y oportunidades vedadas a la mayoría.

La igualdad dejó de ser un objetivo real y pasó a ser una consigna funcional: se proclamaba hacia abajo mientras se negaba hacia arriba. El resultado fue un sistema donde la desigualdad no desapareció, sino que se volvió menos visible y menos cuestionable.

Logros sociales como escudo internacional

En el plano externo, los aciertos sociales sirvieron como escudo diplomático. Cuba logró posicionarse como “excepción moral” en América Latina: un país pobre pero digno, austero pero justo. Esto permitió minimizar denuncias sobre represión, falta de libertades y fracaso económico, bajo el argumento de que “al menos” se garantizaban derechos básicos.

El mensaje fue eficaz: los fines justificaban los medios, y cualquier señalamiento crítico podía ser descartado como ideológico, imperialista o malintencionado.

Blindaje interno: el miedo a perder lo poco seguro

En lo interno, el discurso de los logros operó también como una forma de control social. En un contexto de escasez permanente, el Estado se presentó como único garante de lo básico, generando una relación de dependencia: cuestionar al sistema implicaba arriesgar lo poco que se tenía.

Así, los aciertos iniciales ayudaron a construir un pacto implícito: seguridad mínima a cambio de silencio político.

El balance final

Más de seis décadas después, los logros siguen siendo invocados, pero ya no alcanzan para ocultar una realidad marcada por salarios de pobreza, deterioro institucional y migración masiva. Aquello que nació como justicia social terminó funcionando como coartada ideológica para la concentración del poder.

El balance histórico es difícil de esquivar: Fidel Castro ganó la Revolución, pero perdió el país. Consolidó el poder y sostuvo un relato eficaz, pero no logró construir una nación próspera, sostenible y abierta para las generaciones que le sucedieron. Los mismos aciertos que le dieron legitimidad al proyecto terminaron siendo utilizados para impedir su corrección, convirtiéndose —paradójicamente— en el principal obstáculo para el cambio.

La reciente realización de un rito ancestral dentro de las instalaciones del Congreso de Baja California ha generado una fuerte polémica y reabre un debate fundamental: la separación entre religión, tradiciones espirituales y la función pública.

Si bien las expresiones culturales y religiosas merecen respeto y reconocimiento, los espacios legislativos no son el lugar para ceremonias espirituales, independientemente de su origen o intención. El Congreso representa a una sociedad plural, diversa y con múltiples creencias, por lo que mezclar rituales con funciones políticas vulnera el principio del Estado laico, consagrado en la Constitución mexicana.

La labor de los legisladores debe centrarse en crear leyes, debatir políticas públicas y atender las necesidades reales de la ciudadanía, no en promover o permitir actos simbólicos que pertenecen al ámbito personal o comunitario. Cuando estas prácticas se realizan en recintos oficiales, se envía un mensaje equivocado y se desdibuja el papel institucional que deben asumir quienes gobiernan.

Respetar las tradiciones no significa trasladarlas a espacios donde deben prevalecer la neutralidad, la razón y el interés público. Los representantes populares deben ser conscientes de su responsabilidad y mantener la política en su lugar: al servicio de todos, sin creencias impuestas ni espectáculos innecesarios..