Empecemos por nosotros...

 La noche del sábado, elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguraron siete vehículos que participaban en arrancones clandestinos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El aseguramiento se realizó sobre el Boulevard “Vicente Fox”, frente a las instalaciones de la Escuela Secundaria número 64 de la Colonia “Juan Crispín”.

En estas acciones fueron asegurados un automóvil Ibiza 2007 marca Seat de color negro, un Jeep modelo 2008 tipo Wrangler de color negro y un Fiat Abarth 500 modelo 2015 de color blanco.

Además, un Jetta marca Volkswagen 1999 de color rojo; una CRV 600 RR marca Honda, modelo 2009 de color blanco con rojo; una Itálika 125 modelo 2016 de color verde, y una CRV 600 marca Honda modelo 2006 de color negro con verde.

Es este operativo participaron elementos de la Policía Especializada de la PGJE, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Con estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda su firme compromiso con toda la ciudadanía para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas.

Como vemos, la autoridad cumple una función toral para que en Tuxtla y en general en Chiapas podamos desarrollar una vida en armonía. No es fácil la labor de la autoridad policíaca y mucho menos comprendida, sobre todo en un país con tantos abusos, impunidad y corrupción.

Debemos reconocer que en Chiapas las instituciones de seguridad pública se salen del contexto global del país, ya que, pese a todo, sin duda contamos con una de las policías más preparadas, aptas y comprometidas con la sociedad.

Chiapas ocupa uno de los lugares más bajos en los índices delictivos, es una de las entidades más seguras del país. Y eso desde luego no se logra con varita mágica, sino con la participación y el esfuerzo decidido de los tres niveles de gobierno.

Toca a la sociedad denunciar y proponer, no sólo criticar. Empecemos por el hogar dando una mejor educación a nuestros hijos. Empecemos en el barrio siendo mejores vecinos. Empecemos por construir una sociedad de valores porque sólo entonces podremos edificar el Chiapas que queremos para todos. Chiapas es nuestra casa común .

La descomposición que vemos en el mundo actual no es gratuita. Ciertamente juegan un papel fundamental la evolución y la globalización, pero nos preguntemos: ¿Qué hacemos como padres? ¿Qué hacemos como hermanos, como vecinos, como amigos, como parientes? ¿En qué y cómo contribuimos para tener una mejor ciudad, un mejor barrio, mejores hijos y mejores hermanos? 

Hace unos días, el dirigente de MORENA, en gira por los Estados Unidos, lanzó una 
advertencia peculiar: demandaría al presidente de ese país ante la ONU, si el gobierno de Peña Nieto, no lo hace.

La idea es buena; suena interesante y debe, además, ser tomada en cuenta y muy en serio… Obviamente, por el gobierno federal, cuyo delegado ante esa instancia internacional es el único con las facultades plenipotenciarias para interponer cualquier queja, demanda o reclamación ante el Pleno de dicha organización.

Argumentos para demandar a aquel país sobran, tanto en el plano institucional como en el estrictamente personal. Y no solo ante la Organización de las Naciones Unidas, sino también ante la Corte Penal Internacional de La Haya, cuyas resoluciones en contra de EE.UU, ya tuvieron efecto positivo, por ejemplo, en el caso de una demanda nicaragüense, en 1986.

Desmenucemos el asunto: Donald Trump ha firmado decretos unipersonales para afectar intereses de ciudadanos de otros países radicados en el suyo. Lo ha hecho al margen de las leyes internas y contraviniendo disposiciones internacionales que protegen los derechos universales. 

Sobre esa base debe demandársele penalmente ante la CPI por genocidio; el Estatuto de Roma que rige a dicha Corte establece que comete el delito de genocidio quien someta intencionalmente a un grupo o grupos de personas “a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

El trauma ocasionado a miles de personas por las amenazas de deportación masiva, causa los efectos nocivos a que se refiere el párrafo anterior. 

Otra causal clara para llevar el procedimiento contra Donald Trump, es el “Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.  A raíz de las disposiciones unilaterales del jefe de estado gringo, miles de niños estarían forzados a quedarse sin sus padres, al sufrir éstos la deportación anunciada. 

De hecho, la deportación o traslado forzoso al que se refiere el Estatuto de Roma es considerado como delito De lesa Humanidad y, de acuerdo al catálogo de sanciones, es uno de los más castigos más severos que esa Corte impone.

Igualmente, la “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, es otra causa por la que el presidente estadounidense debe ser enjuiciado, toda vez que el protocolo impuesto para las personas deportadas, incluye prisión, aun cuando éstas, no han cometido delito alguno.

Y más, porque muchos que están en éste momento bajo ese régimen, tienen su documentación en regla. 

En el inciso “h” del artículo 7 del citado Estatuto se lee: “ (… se entenderá por crimen de lesa humanidad…) (la) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte…”

Nada más claro para tener elementos procesales justificados y contundentes. 
Si revisamos exhaustivamente la lista de delitos considerados graves por La Corte de La Haya y que son claramente punibles, encontramos que éstas, es larga y el señor Trump, los está cometiendo en arbitraria flagrancia e impunidad absolutista. 

Comete, entre muchos otros, el crimen del “apartheid”, de “exterminio”, al negar alimentos y medicinas a los ciudadanos no nacidos en Estados Unidos; “desplazamiento forzado” al obligar a millones de personas a cambiar su residencia para evitar la deportación. “Persecución”, “terrorismo de Estado”, en fin. No tendría escapatoria. 

Todo, por supuesto, se haría cumpliendo los protocolos de denuncia y reclamación correspondientes. No es tan fácil como lo dice López Obrador. La ONU y la Corte, no son la Tribuna del Congreso de la Unión que es asaltada a cada rato por los diputados, ni es cualquier alcaldía de Chiapas a la que le prenden fuego un día de tantos.

No es complicado, pero sí complejo, asunto que deben entender quienes, en aras del populismo extremo, buscan quedar bien diciendo disparates.

A propósito, ¿ya habrá leído los artículos del 39 al 44 de la Carta de las Naciones Unidas? Buena la intención, mala la estrategia. Bueno el consejo, pésima la amenaza.
Por cierto, México tiene todo el derecho de demandar a USA ante la ONU, puesto que paga entre 852 millones 211 mil pesos y, mil 55 millones 60 mil pesos en cuotas obligatorias para la manutención de ése organismo. Que lo desquiten, entonces. 

En un nuevo escándalo se encuentra envuelto el controversial pastor evangélico Josué Pérez Pardo, quien ahora es señalado directamente por proteger al responsable de la muerte de Luis Montero Gómez, reconocido defensor ambientalista que durante años luchó contra el saqueo indiscriminado de materiales pétreos en la cuenca del Río Santo Domingo.

Y es que hace una semana, una camioneta presuntamente propiedad de Pérez Pardo, conducida por Mauricio Alfaro Coutiño (gente cercana al pastor evangélico) embistió a la motocicleta donde viajaba Montero Gómez. La imprudencia de quien conducía la camioneta por querer rebasar terminó impactando a Luis Montero causándole la muerte.

Tras el accidente, la camioneta rotulada con frases de la congregación “Jesucristo es el Camino”, dirigida por Josué Pérez Pardo, fue incluso capturada en imágenes por medios de comunicación digitales quienes hicieron público el trágico hecho, suscitado en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez... Sin embargo, lo que sucedió después cambiaría la historia.

Así, pese a las pruebas públicas del fatal acontecimiento, el cadáver de Luis Montero documentado el lugar de los hechos y los registros forenses de ley, después de turbios procesos judiciales, demoras innecesarias y  procedimientos poco claros, extrañamente el delito fue finalmente minimizado dejando en libertad al responsable.

Fuentes extraoficiales –incluso- han señalado que el delito fue tipificado únicamente como “daños y lesiones”, a pesar del deceso de Luis Monero. Por eso hoy la familia de la víctima ha iniciado un movimiento de denuncia para exigir justicia e impedir que la muerte de Luis quede impune entre el tráfico de influencias y la presión de dicha congregación religiosa, conocida por sus fuertes vínculos con el poder político en Chiapas.

Para nadie es un secreto la relación cercana del pastor Pérez Pardo con personajes como el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Leonardo Rafael Guirao Aguilar, quien además de ser miembro fiel de esa congregación ha fungido durante años como uno de sus principales patrocinadores y promotores.

Guirao Aguilar se ha encargado de proteger y financiar muchas de las actividades realizadas por la congregación de Pérez Pardo, viéndose involucrado en procesos ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por el fomento a campañas de odio.  

Consta así que no es la primera vez que Pérez Pardo se involucra en un escándalo de importante magnitud. Así lo detalla el expediente CONAPRED/DGAQR/60/14/DQ/II/CHIS/Q41 donde fue acusado e investigado por el despliegue de una campaña contra la población LGBTI, donde se imprimieron frases que incluso referían a la “muerte para el pecador”.

Al pastor evangélico además se le vincula fuertemente con Clever Salazar Madiguchía, hermano del ex gobernador Pablo Salazar, quien también fue artífice del empoderamiento y promoción de dicha congregación protestante durante su sexenio. Para Josué Pérez actualmente no hay plaza pública que no le sea facilitada de inmediato para sus eventos religiosos. Y las pruebas de ello sobran.

Ni si quiera la denuncias de otros pastores evangélicos le han hecho mella. Como las acusaciones vertidas por los líderes protestantes Luis Enrique Carrascosa Ramos, José Luis Enríquez Mandujano y Jeans Sánchez Méndez, de la Organización de Pastores Unidos por Chiapas, quienes en meses pasados denunciaron abusos y un presunto desvío de recursos por parte de Pérez Pardo.

A decir de los líderes evangélicos, se detectó que durante todo el sexenio de Juan Sabines Guerrero el Gobierno de Chiapas otorgó un recurso de 50 mil pesos  mensuales al Consejo de Iglesias Cristianas Evangélicas, encabezado por el mismo Josué Pérez Pardo, sin que éste haya notificado el ingreso del recurso a los demás integrantes del organismo. Entre otras anomalías detectadas.

Como lo demuestra todo lo anterior, el líder protestante, popularizado en Chiapas mediante su programa de televisión en Canal 5, durante el sexenio de Pablo Salazar, parece contar desde hace años con una inmunidad especial y otros tantos privilegios que, sin duda, dejan constancia que la impunidad en Chiapas también tiene rostro de “pastor”.(8 de mayo de 2016).