Limpia Municipal gana concurso de catrinas del Ayuntamiento
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¡Invierte con Mercado Pago y haz crecer tu dinero al máximo!Chiapas, 29 de octubre de 2026.– El periodista Hiram Guzmán denunció haber sido víctima de una presunta agresión mientras realizaba labores informativas durante una campaña de esterilización de perros y gatos, en un incidente que ha generado preocupación por el respeto a la libertad de prensa y la seguridad de los comunicadores.
De acuerdo con el testimonio del periodista, los hechos ocurrieron en medio de una controversia relacionada con la grabación de los animales y sus propietarios durante el desarrollo de la jornada.
Guzmán identificó a una persona conocida como el licenciado Alfonso como presunto responsable de la agresión, señalamiento que realizó al exponer su versión de lo sucedido.
Uno de los momentos más delicados de la entrevista se encuentra aproximadamente en el minuto 4:41 de la grabación, donde, según la referencia proporcionada a este medio, Hiram Guzmán manifiesta que, si posteriormente llegara a sufrir algún daño, responsabilizaría a la persona que identifica como su presunto agresor.
El señalamiento refleja la preocupación expresada por el comunicador respecto a su integridad física después del incidente.
Esta manifestación debe entenderse como parte de su testimonio y no constituye, por sí misma, prueba de amenazas posteriores ni de responsabilidad penal de la persona señalada.
Otro de los aspectos que destaca en el caso es la discusión sobre la posibilidad de grabar a los perros, gatos y sus propietarios mientras se desarrollaba la actividad.
En México, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen y protegen las libertades de expresión e información, derechos fundamentales para el ejercicio de la actividad periodística.
Sin embargo, estas libertades también deben ejercerse respetando otros derechos, como la privacidad y la propia imagen de las personas.
Aunque pueden existir restricciones legítimas sobre determinadas grabaciones, ninguna controversia de esta naturaleza justifica recurrir a la violencia contra quienes realizan labores informativas.
Durante una entrevista videograbada, Hiram Guzmán expuso su versión de los hechos y manifestó su preocupación por posibles consecuencias posteriores.
Es importante precisar que el material audiovisual disponible recoge declaraciones relacionadas con el incidente, pero no muestra directamente el momento en que habría ocurrido la presunta agresión.
Por esta razón, los señalamientos deberán esclarecerse mediante testimonios y otros elementos de prueba que puedan ser aportados ante las autoridades correspondientes.
Asimismo, hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público.
La presunta agresión denunciada por Hiram Guzmán pone sobre la mesa la importancia de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y de resolver las diferencias que puedan surgir durante una cobertura informativa mediante el diálogo y los mecanismos legales correspondientes.
La legislación mexicana contempla mecanismos de protección para periodistas que enfrentan riesgos relacionados con su actividad profesional.
De confirmarse que existió una agresión vinculada con el ejercicio de su trabajo, corresponderá a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar las responsabilidades conforme a derecho.
También resulta fundamental garantizar el derecho de réplica de la persona señalada como presunta responsable, cuya versión podría contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.
Diario Prensa Libre Chiapas dará seguimiento a este caso y a cualquier información adicional que permita conocer las circunstancias del incidente, privilegiando el respeto a la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y la presunción de inocencia.
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Exigen a la FGR justicia y que se esclarezca el asesinato de Fredy López Arevalo
A cinco años del asesinatö del periodista Fredy López Arévalo, ocurrido el 28 de octubre de 2021 a las afueras de su domicilio, su esposa, Gabriela Gamboa, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer el crim3n, informar sobre los avances de la investigación e identificar tanto a los autores materiales como intelectuales.
A través de un pronunciamiento difundido este 28 de octubre de 2026, Gabriela Gamboa, directora de la Revista JOVEL, denunció que durante estos cinco años, la investigación ha sido tardada y confusa, mientras la familia continúa sin respuestas claras sobre ¿quién asesinö al comunicador?, ¿quién ordenó el crim3n? y ¿cuáles fueron los motivos?.
La esposa del periodista demandó que las autoridades federales rindan cuentas sobre el estado actual de la investigación, las líneas que se han seguido y las diligencias que aún están pendientes dentro de la carpeta iniciada por el homicidiö.
Asimismo, insistió en que no se descarte el ejercicio periodístico de Fredy López Arévalo como una de las líneas de investigación, al señalar que es necesario esclarecer si su labor informativa estuvo relacionada con el ataqu3.
“La investigación ha sido tardada y confusa. Durante estos cinco años hemos tenido que vivir con la incertidumbre y con la ausencia de respuestas que una familia no debería tener que soportar. No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo justicia”, expresó Gabriela Gamboa en su mensaje.
En el pronunciamiento, recordó que Fredy López Arévalo, no era solamente un nombre en una carpeta de investigación, sino su compañero de vida, un integrante de una familia que mantiene viva su memoria y un periodista que ejercía su profesión y tenía una voz propia sobre lo que ocurría en su comunidad.
También señaló que su exigencia se suma a la de otras familias de periodistas asesinadös cuyos casos permanecen sin esclarecer y advirtió que no permitirá que el paso del tiempo convierta el homicidio de su esposo en un expediente más en el que no se determinen responsabilidades.
A cinco años del crimen, la familia continúa exigiendo a la FGR que informe sobre los avances de la indagatoria, esclarezca los motivos del asesinatö y lleve ante la justicia a quienes resulten responsables.
“¡Justicia para Fredy López Arévalo! ¡FGR: queremos respuestas, no más silencio! ¡Cinco años son demasiados!”, concluyó Gabriela Gamboa, al asegurar que continuará alzando la voz hasta que el homicidiö de su esposo sea esclarecido.
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San Pedro Chenalhó, Chiapas.– Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en la región Altos de Chiapas, fue asesinadö a balazos la tarde de este miércoles, cuando se dirigía a su domicilio en las inmediaciones de la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó.
De acuerdo con información proporcionada por habitantes de la zona, la agresión ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando se escucharon detonaciones de arm4 de fuego en la zona montañosa. La víctim4 habría sido atacada por sujetos desconocidos en una presunta emboscad4.
Versiones preliminares señalaron que recibió varios impactos de bal4:sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que precise las circunstancias del homicidiö.
Uno de sus acompañantes, quien colaboró con Pérez Pérez durante más de 10 años en la defensa de los derechos humanos, confirmó su fallecimiento. También manifestó que existía temor de transitar por la carretera, debido a que se desconocían las condiciones de seguridad en el lugar y la comunicación con la comunidad era limitada.
Reynaldo Pérez Pérez, fue defensor de los derechos de las familias desplazadas del sector Santa Marta, en Chenalhó, quienes actualmente permanecen refugiadas en la comunidad de Polhó. Durante su labor denunció de manera constante los presuntos hostigamientos que enfrentaban las personas desplazadas.
Asimismo, participó como mediador en el conflicto agrario entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, por la disputa de varias hectáreas de tierra. En el desempeño de su labor, también participó en movilizaciones realizadas en San Pedro Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, así como en el tramo carretero de cuota que comunica a ambas ciudades.
El asesinatö de Pérez Pérez ocurrió en una región marcada por conflictos territoriales y el desplazamiento de familias, problemáticas en las que el defensor había intervenido durante varios años.
Hasta la tarde de este miércoles, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, no ha emitido un informe oficial sobre los hechos, las diligencias ministeriales ni la identificación de los responsables.
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