·         Los padres de familia informaron que la Comisión  les ha cortado el servicio por lo que la escuela ha dejado de dar clases en varias ocasiones, problema muy recurrente.

 En la escuela Secundaria Técnica Industrial 103, ubicada en la Colonia Cruz con Casitas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fueron suspendidas las clases por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad.

Los padres de familia informaron que la Comisión  les ha cortado el servicio por lo que la escuela ha dejado de dar clases en varias ocasiones, problema muy recurrente.

“Sin embargo, no es el único caso, ya que  la Escuela Secundaria Técnica 79, ubicada en la 10ª  oriente Sur tuvo que modificar los horarios de clase debido a que también se quedaron sin luz.

Por ello, las y los estudiantes acuden a clases con nuevos horarios; Los jóvenes del turno matutino  toman clases de 8:00  a  12:30 horas, en tanto que los del turno vespertino tienen que entrar a clases a las 12:30  y salen a las 18:00 horas.

En dicha secundaria, estudian alrededor de mil alumnos, quienes han tenido que recortar sus horas de estudios debido a que la dirección de la Secundaria Técnica 79  no ha encontrado una solución a esta problemática.

Por ello, los padres de familia de ambas instituciones piden a las autoridades que tomen cartas sobre el asunto para que los alumnos no se vean afectados por la falta de pago a CFE.

·         Si a través de Profeco, no se llega a ningún consenso, agotan el tema a través de un juicio oral mercantil o el juicio ordinario mercantil comentó Elvira Chávez Maldonado

 La asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública con adscripción en San Cristóbal de Las Casas, Elvira Chávez Maldonado, aseguró que las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son turnadas primero ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y como última instancia ante un juicio.

“La Comisión Federal de Electricidad han aumentado las tarifas y consecuentemente veo   que no es equilibrada la forma en que cobra los kilowatts hora, en unos cobra por poner un ejemplo 100 pesos y en otro 500, por el mismo uso que se le da. En San Cristóbal de Las Casas, cuando es una denuncia contra la CFE, nos ha autorizado la única adscripción que se pueda acudir ante la Profeco para poder hacer verificaciones y se vea la situación con los usuarios”, mencionó.

En entrevista, aseveró que si a través de Profeco  no se llega a ningún consenso, agotan el tema a través de un juicio oral mercantil o el juicio ordinario mercantil.

Chávez Maldonado apuntó que la gran mayoría de casos con la CFE por los cobros altos, se han concluido con la Profeco, ya que se realizan verificaciones y los ajustes respectivos “y ha bajado el consumo de las personas”.

“En aquellos casos en que  no se acuda a la Profeco y no se llegue a ningún arreglo o están inconformes en la forma en que se está  facturando y determinando sus kilowatts hora y  se detecta que es irregular la forma en que están actuando, entonces tendríamos que  agotar el juicio correspondiente”, abundó.

Chávez Maldonado llamó a todas aquellas personas que tengan multas de la Policía Federal,de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, militares que hayan causado baja dentro del servicio, o las personas pensionadas del Issste que quieran nivelar su pensión, acudan a las oficinas de esta ciudad para ser atendidos.

Finalmente, reveló que las oficinas de la Defensoría se encuentran ubicadas en Diagonal Hermanos Paniagua, número 38 Bis, del Barrio de Fátima, con un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde y de cuatro a seis de la tarde, donde laboran cinco personas, entre ellos dos asesores jurídicos federales, dos de personal de apoyo y una trabajadora social, además uno de ellos habla una lengua indígena y sirve como traductor en algunos casos.

·         Podría haber enfrentamientos si no se reanuda obra de Chicoasén

·         Señalan a la Diputada María de Jesús Olvera como la culpable de la crisis

·         CFE informó que de no reanudarse la obra en un mes se la llevará a otro estado

 Ejidatarios lanzaron un ultimátum al gobierno del estado para que resuelva la reanudación de la construcción de la presa Chicoasén II, o de lo contrario actuarán contra quienes no permiten los trabajos y ello podría derivar en enfrentamientos sangrientos, dijeron.

Alberto Hernández Camacho, comisariado ejidal del citado municipio, relató que el proyecto de la presa, mismo que se construía dentro del ejido propiedad de 98 personas, está paralizado desde hace siete meses, lo cual ha afectado económicamente la zona.

En este sentido dio a conocer que debido a los constantes atrasos en las tareas de edificación y las pérdidas económicas que origina, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), les informó que de no reactivarse en un plazo de 30 días, se llevará el proyecto a otro estado.

 “El gobierno ha recibido muchas peticiones de nuestra parte para solucionar el conflicto y para actuar contra la Diputada María de Jesús Olvera, quien ha dañado el proyecto, el cual es importante no sólo para el municipio, sino para el estado, pero parece no importarle”, señaló.

A su vez, Eduardo Adolfo Ríos, representante de los Transportistas de Chicoasén, recordó que la edificación de la presa inició en 2015, en cuyo lapso al día de hoy lleva 25 paros, el ´más reciente con duración de poco más de 200 días de suspensión.

Dijo desconocer porque ninguna de las denuncias que han presentado contra la mala legisladora ha surtido efecto, pues lo han hecho ante instancias estatales y federales. “Está señora se encuentra muy bien relacionada, pues impide se aplique el estado de derecho”.

Informó que de la edificación sobrevivían mil 500 familias por el trabajo directo que genera, además de igual número de manera indirecta. “Podríamos recuperar a la fuerza la carretera que personal de la Diputada mantienen cerrada, pero no deseamos llegar a este extremo”.

Adolfo Ríos hizo responsable a las autoridades de lo que pudiera suceder en la zona, ya que insistió “están cansados de que nadie haga caso a sus demandas, las cuales no son producto del capricho de unos cuantos, sino de una población que clama justicia”.

En su oportunidad, Mario Alberto Grajales, quien representa al sector empresarial, proveedores de materiales y prestadores de servicios en la zona, pidió la reanudación de los trabajos en la presa. “No es justo que una oportunidad de trabajo en estos tiempos de crisis se pierda por los intereses de una señora que ejerce mal sus funciones”.