Son señalados por su presunta responsabilidad de aprovechar su cargo para destinar servicios en apoyo a un partido político; los cuatro eran servidores públicos de Sedesol en Veracruz 

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra de cuatro extrabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz, durante la administración del exgobernador Javier Duarte, por desvío de recursos.

Al analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la federación, el juez determinó que existen los elementos suficientes en su contra para procesarlos por violaciones al artículo 407, fracción III del Código Penal Federal, en el que se establece que se castigará al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, en apoyo de un partido político.

Se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, cuando asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río, Veracruz”, explicó la Procuraduría General de la República (PGR).

 Los detenidos son el exdelegado, Ranulfo “N”; subdirector de Área, Felipe “N”; Enlace de Atención Ciudadana, Cesar “N”; y, Enlace Operativo, Graciela “N”, todos de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte.

Según la PGR, como funcionarios públicos participaron en la planeación de la campaña electoral de un partido político, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado “Oportunidades”, así como las listas de candidatos a ser beneficiados por el programa social “65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con la finalidad de dar de alta,  incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho partido político.

Con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral”, detalló la institución.

·         El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, negó que él haya autorizado un bono o aguinaldo extraordinario.

Ante la opacidad con la que se manejan las subvenciones extraordinarias, los diputados federales no saben si les han depositado un bono extraordinario de 150 mil pesos para el pago de apoyo al personal de gestión y aguinaldo por atención ciudadana; sin embargo, unos adelantaron que donarán el recurso público a fundaciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, negó que él haya autorizado un bono o aguinaldo extraordinario.

Mientras tanto, la priista Ivonne Ortega, dijo que sí aceptará el recurso público y, al igual que lo ha hecho con el 50% de su sueldo de legisladora, lo donará a una fundación para apoyar con sus estudios a jóvenes.

·         Los datos impresos en las tarjetas bancarias o de identificación son suficientes para cometer operaciones ilegales; más de 2 millones de reclamos financieros podrían ser imputables a fraudes

En nueve meses (de febrero a noviembre) de este 2016, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió tres mil quejas por robo de identidad.

De acuerdo con Aurelio Castro, director de Informática de la Comisión, también detalló que en el primer semestre de este 2016 se denunciaron 2.6 millones de reclamos financieros, que pueden ser imputables a un posible fraude.

Y qué estamos viendo con estos datos, antes para robar la identidad necesitabas falsificar un medio de identificación, hoy en día con robarte los datos del plástico de tu tarjeta es posible que hagan operaciones en tu nombre”, mencionó Aurelio Castro, director de informática de la Condusef.

En el Foro Robo de Identidad, realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mencionó que es en la credencial de elector es donde hay más falsificaciones, es decir, los mismos datos, pero con fotografías y firma diferentes.

En ese sentido, Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, detalló que también durante este año se iniciaron 69 carpetas de investigación de robo de identidad solo relacionadas a credenciales para votar con fotografía.