San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Integrantes del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas denunciaron que en los últimos dos años han documentado al menos 90 agresiones contra activistas y defensores de derechos humanos en la entidad.

De acuerdo con el organismo, las agresiones incluyen hostigamiento, persecución y ataques físicos, en muchos casos perpetrados por sujetos armados con presunta complicidad de autoridades gubernamentales. A pesar de que se han presentado denuncias en años anteriores, muchas de ellas no han recibido seguimiento, lo que ha contribuido a la impunidad.

El Observatorio advirtió sobre el incremento de la violencia en el estado, con la diversificación de grupos armados y el aumento de amenazas contra la población. Entre las principales problemáticas, señalaron el reclutamiento forzado y el desplazamiento de comunidades enteras.

Tan solo en 2024, se registraron al menos 2,300 personas desplazadas en municipios como Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Muchas de ellas aún no han podido regresar a sus hogares por temor a nuevas agresiones y la falta de garantías de seguridad.

La violencia también ha impactado a periodistas y líderes comunitarios que defienden derechos humanos y el territorio. El Observatorio destacó que el contexto actual ha incrementado los riesgos para quienes realizan esta labor, dificultando su trabajo y vulnerando el derecho a la información y a la protesta social.

Ante esta situación, la organización anunció que continuará documentando violaciones a los derechos humanos en comunidades y carreteras del estado. Asimismo, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de agresión y a sumarse a las iniciativas de defensa de los derechos humanos.

Finalmente, exigieron a las autoridades una respuesta inmediata para garantizar la seguridad de las personas defensoras y promover el acceso a la justicia para las víctimas de violencia en la región.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.-Organizaciones como la "Red Todos los Derechos para Todas y Todos" y otros organismos de derechos humanos demandaron la liberación inmediata de Mario Gómez López, defensor de derechos humanos en Chiapas, quien, según denuncian, fue detenido de manera arbitraria y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que las autoridades se han negado a proporcionar información sobre el caso, tanto a sus familiares como a representantes de derechos humanos. 

Pascuala López, esposa de Mario Gómez López y también defensora de derechos humanos, informó que su esposo fue detenido el pasado 24 de enero alrededor de las 8:00 horas por elementos de la Policía Municipal en la caseta de vigilancia del Periférico Norte, en la entrada de la colonia Santa Cruz, Ejido El Pinar, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con el comunicado, Mario Gómez López, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el expediente MC-892-22 y está inscrito junto con su esposa en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

“Mario Gómez López fue detenido de forma arbitraria, sin que se le informara el motivo de su arresto. Ni su familia ni sus representantes legales conocen la razón de su detención, aunque se presume que podría haber sido trasladado al CERSS 14 El Amate, ubicado en Cintalapa, a más de 150 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas”, detalla el comunicado.

Las organizaciones exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la liberación inmediata de Mario Gómez López y que se garantice su integridad física, seguridad y libertad. Además, solicitaron medidas urgentes para prevenir daños irreparables que puedan poner en riesgo su vida y derechos fundamentales.

El llamado está dirigido a las autoridades federales, estatales y de procuración de justicia en Chiapas, en un esfuerzo conjunto por esclarecer los hechos y asegurar la protección de los defensores de derechos humanos en la entidad.

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Chiapas.– La situación es desesperante en los Altos de Chiapas. Más de 3,400 personas, entre mujeres, niños y ancianos, se han visto forzadas a abandonar sus hogares tras una emergencia humanitaria que ha afectado gravemente a las comunidades de Pantelhó y Chenalhó. Las autoridades están en alerta máxima ante este desplazamiento masivo, que está dejando a miles de personas sin refugio ni recursos.

Las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera municipal de Pantelhó, entre otras, han sido evacuadas de forma precipitada. En total, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse hacia zonas más seguras, buscando refugio ante la grave incertidumbre que los rodea.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el IPRI han emitido un llamado urgente para que se actúe de inmediato, exigiendo que se garantice la protección integral de las víctimas y se les ofrezca el apoyo necesario, conforme a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas. Las organizaciones también piden la desarticulación de grupos que afectan la estabilidad de la región y que el gobierno garantice una solución real y efectiva.

Los pueblos indígenas de la región están a la espera de respuestas concretas de las autoridades, que aún no han cumplido con sus promesas de apoyo, mientras enfrentan esta crisis sin precedentes que los deja vulnerables a una incertidumbre total.