Desplazados del Rancho El Potrero municipio de Nicolás Ruiz, pidieron a las autoridades solución a sus demandas de retorno , ya que aseguraron tener escrituras de las tierras de las cuales fueron  expulsados hace tres años.

Dijeron que las 84 personas, entre adultos y menores de edad, que fueron expulsadas de sus tierras el dia 10 de abril del 2018,  salieron de sus casas amenazados con armas de fuego, a machetazos y con la quema de sus viviendas y potreros.

Expresaron que también perdieron a sus animales tras la agresión por parte de pobladores y el comisariado de bienes comunales de Nicolas Ruiz.

Cabe señalar que los expulsados del rancho El Potrero son descendientes del municipio de Chamula, quienes salieron en busca de tierras en otro municipios, “logramos comprar las tierras de manera legal con su propia escritura y realizamos el pago predial ante la Secretaría de Hacienda año con año".

Los desplazados agregaron, que en este tiempo de la pandemia del Covid-19, es menos la atención, “nadie pregunta dónde están los desplazados, como viven, si tiene techo, alimentos y salud y todavía nos dicen; quédate en casa, si ni casa tenemos”.

Finalmente urgieron a las autoridades competentes atender este asunto, ya que son 84 personas entre adultos y menores que fueron expulsados de sus tierras, y que actualmente se encuentran rentando casas.

Desplazados del ejido Puebla del municipio de Chenalhó, que mantenían tomada la caseta de cobro en Chiapa de Corzo, regresaron a San Cristóbal de Las Casas la noche del jueves, después de haber sido atendidos por la secretaría general de gobierno.

“Ante los compromisos asumidos por la Secretaria General de Gobierno Cecilia Flores, el Consejo para la Atención Integral de Desplazamiento Interno en Chiapas y una comisión de desplazados, decidimos levantar el bloqueo que manteníamos en la caseta de cobro”, señaló una de las mujeres desplazadas.

Agregaron que por acuerdo de los desplazados decidieron retirarse la noche del jueves, y regresar al campamento provisional en San Cristóbal de Las Casas, “por lo pronto estaremos en el campamento que tenemos en la zona oriente de la ciudad”.

“Fue muestra de buena voluntad por los desplazados, pero si el Gobierno no cumple lo que prometió pues volveremos y ya no sólo el grupo de ejido Puebla, sino ahora los 4 grupos de desplazados que están viviendo algunos en Ocosingo, uno de los acuerdos de la secretaria de gobierno es la entrega de alimentos pendientes y el apoyo de empleo temporal”, aseveraron.

Destacaron que para el próximo miércoles a las 12 horas, será atendida una comisión de desplazados por la titular de la secretaria general de gobierno para definir una ruta de solución de fondo de los más de 400 desplazados entre ellos adultos, adultos mayores, niñas y niños, quienes por más de 4 años están viviendo fuera de sus hogares.

Finalmente, agradecieron el apoyo de la comisión estatal de derechos humanos, así como el apoyo de los estudiantes de la Normal Mactumatzá, de la Escuela Normal indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, al Mocri Cnpa Mn y demás organizaciones que integran la Asamblea Estatal Popular de Chiapas, “gracias por los alimentos que nos dieron los días que estuvimos en la caseta”.

Luego de un año de negociaciones, 5 familias que habían sido desplazadas por motivos religiosos y que se encontraban en San Cristóbal de Las Casas, retornaron a Napité.

La Presidenta Municipal Jerónima Toledo Villalobos resaltó el acuerdo logrado a través del diálogo, la concertación y la “gran muestra de civilidad” de los habitantes de la comunidad para permitir el regreso de las 28 personas que, desde octubre de 2019 habían sido desplazadas.

La alcaldesa enfatizó: “Ciudadanos de Napité, hombres, mujeres, niñas, niños pasan a la historia de Chiapas y México por ser referente de que no hay necesidad de vivir en conflicto”. Y agregó: “Porque en este proyecto de Nación esa es la ruta: la convivencia, vivir en paz, dialogar a pesar de las adversidades”.

El retorno se realizó con el acompañamiento de la Defensoría Municipal de Derechos, la Dirección de Participación Ciudadana, Secretaría Técnica Municipal, Dirección de Obras Públicas, Sistema DIF San Cristóbal, Protección Civil Municipal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Asociación Civil “Open Doors”.

El pasado 3 de diciembre las partes firmaron una minuta de acuerdo después de la reunión definitiva sostenida en la Presidencia Municipal.