Busca la OCEZ-RC un dialogo con el Secretario del Transporte Mario Carlos Culebro Velasco para la liberación de dos de sus unidades que fueron retenidas sin ningún fundamento hace más de 15 días, en los hechos ocurridos en San Francisco Pujiltic, municipio de Carranza, donde destruyeron las oficinas de la ruta-Comitán-Tuxtla adheridos a la AMOTAC.

 Huberlain Aguilar, dirigente de esa organización en la zona de Carranza, explicó que esos hechos se los están cargando a ellos, cuando en realidad no lo son, por lo que dijo que siempre han buscado un dialogo y negociación con las autoridades municipales, estatales y federales, sin que hasta la fecha se dé, por lo que, en acuerdo de asamblea, van a decidir si vienen en caravana hasta palacio de gobierno para manifestarse y pedir la liberación de las dos unidades.

 Otro de los temas que atañen a la OCEZ en Carranza son los problemas en materia de justicia, transporte, agrario, salud, educación y político, por lo que vamos a pedir al gobierno del estado tome en cuenta dichas peticiones, porque como organización nos manifestamos de manera pacífica, siempre respetando el estado de derecho para que las autoridades den prioridad especial a nuestras demandas, dijo Huberlain Aguilar-.

 Existen minutas de acuerdo con el Secretario de Gobierno, pero sin avances en torno a los temas a tratar, por eso vamos a realizar las movilizaciones en estos días para que la problemática de Carranza y de la OCEZ se resuelva en base al dialogo y no la violencia.

·         Demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

 Un grupo de aproximadamente setenta habitantes del municipio de Venustiano Carranza iniciaron este martes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

Alfredo López Núñez, vocero de los inconformes informó que desde mayo del citado año un grupo paramilitar encabezado por José Vázquez Hernández, los amenazó de muerte sino abandonaban sus tierras. “No tuvimos otra opción y desde ese entonces buscamos justicia y el resarcimiento de los daños”.

Reveló que en aquel entonces las autoridades, representadas por Secretario de Gobierno, Noé Castañón, firmaron un acuerdo en el que se comprometían al pago por el quebranto económico causado a aproximadamente 119 familias de la comunidad. “Pero es la fecha que no nos resuelven”, señalaron.

Tras una marcha que iniciaron en el Parque “Cinco de Mayo” aproximadamente a las 10:00 horas, los campesinos coincidieron que la autoridad les ha cerrado las puertas para el diálogo. “Exigimos castigo para quienes actuaron en nuestra contra, entre ellos OCEZ,  pues todo lo hemos documentado”, detallaron.

Relataron asimismo que tras ser despojados de sus pertenencias encontraron refugio en la comunidad Trinidad Oquil.

López Núñez aseguró que actualmente en Venustiano Carranza los pobladores viven con temor. “Es un pueblo sin ley, cuya población se encuentra en total indefensión y donde cualquiera pueda secuestrar, robar, matar, es decir, no hay Estado de Derecho en la comunidad. No queremos más ilegalidad”.

Respecto a la cantidad que exigen como indemnización, dieron a conocer que es el monto global de las pérdidas económicas que sufrieron los 119 afectados. “Todos fuimos despojados de manera particular de parcelas, casas, autos y animales de corral. Lo que pedimos es justo”, argumentaron.

Detallaron que inicialmente el gobierno les dio unos terrenos para que trabajaran, sin embargo se trata de superficies cuya tierra es mala, donde no pueden producir ningún alimento, por lo que todos los labriegos deben hallar trabajos temporales en otras regiones para poder sostener a sus familias”.

·    En este escenario precisaron que son cercas de 500 desplazados  que exigen indemnizaciones que van desde los 80 hasta los 300 mil pesos por persona

 Habitantes del municipio de Carranza y ex integrantes de la  Casa del Pueblo,  exigieron que  de una vez por todas se aplique justicia,  tras haber sido desplazados de la cabecera municipal por un  grupo contrario encabezado por José Manuel Hernández Martínez.

Los denunciantes señalaron después de realizar una marcha en Tuxtla Gutiérrez, que los responsables del delito por el que fueron señalados, que es robo de  ganado, hoy se encuentran libres.

Recordaron que en 2013 fueron desplazados de manera forzada, cuando el grupo denominado OCEZ-RC, Casa del Pueblo quemó sus casas y asesinó  a dos personas.

En este escenario, precisaron que son cercas de 500 desplazados  que exigen indemnizaciones que van desde los 80 hasta los 300 mil pesos por persona.

Señalaron que los líderes de la organización OCEZ-Casa del Pueblo promueven la anarquía en el municipio y prueba de ello es que los bancos ya se han retirado de Carranza, así también los empresarios, por temor a ser víctima de la delincuencia.

Por último indicaron que además de la exigencia de indemnización, piden  la regularización de 500 hectáreas para que puedan trabajar las familias que perdieron todo, por el escenario de violencia fomentado por la organización.