·         El secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la entidad, Javier García Betis, sostuvo que ya se está en la última fase de verificar que las vías de comunicación sean transitables.

Emilio alfaro/ASICh

El secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la entidad, Javier García Betis, sostuvo que ya se está en la última fase de verificar que las vías de comunicación sean transitables.

Además, verificar que no se hayan presentado riesgos epidemiológicos. Ver también que el sistema de salud opere con normalidad, así como que más de un millón de niños regresen a clases.

En el transcurso de estos días se garantizará el abasto de agua en las regiones afectadas.

El funcionario recibió al secretario de Desarrollo Social Luis Miranda Nava en conocido hotel, de donde partieron a la ciudad de Tapachula para estar con el presidente Enrique Peña Nieto, quien vino a  poner en marcha la primera Zona Económica Especial en Puerto Chiapas.

Anunció que en breve se cumplirá la segunda instrucción del presidente de dar por concluido los censos, el cual arrojó más de 57 mil casas con severos daños, que ya se están demoliendo, y se pueda luego la reconstrucción de este proceso en diferentes regiones de Chiapas.

Hasta el momento ya se tienen más de 3 mil 500 casas demolidas y se estará informando a tiempo al gobierno de lo que se está haciendo de estos trabajos en beneficio de los damnificados.

Agregó el funcionario que muchas gentes no están en los albergues, pues han tomado la decisión de refugiarse en las casas de sus familiares.

La demolición de escombros se está llevando con la mejor velocidad posible, dijo Javier García.

Anunció que la próxima semana la Secretaría de Hacienda comenzará a enviar los recursos para que puedan bajarlo como SEDESOL y aplicarlo de inmediato a favor de los damnificados chiapanecos.

El recién electo delegado de la CNOP en asamblea estatal, Natanael Reyes Velázquez, instaló desde ayer una mesa de trabajo para conocer de los militantes activos cenopistas; qué se quiere y qué no se quiere del Partido Revolucionario Institucional ahora que se acerca la Vigésima Segunda Asamblea Nacional.

  Con temas de importancia que se depositaron y se discutieron sobre la mesa Rendición de cuentas y Ética, así como Sub-Código de Ética como documentos básicos del partido, Natanael Reyes Velázquez expresó que "rendir cuentas es tan sencillo para aquellos que nos manejamos con transparencia desde los cargos administrativos, buscando siempre una adecuada distribución de la riqueza siempre poniendo muy en alto a nuestro estado de Chiapas".

 Rodeado de un grupo de contadores y militantes activos del sector popular y de la diputada Judith Torres Vera, el también contador público  explicó a detalle que el PRI es un buen partido, pero ha cometido errores que deben corregirse en esta Vigésima Segunda Asamblea.

 "Por ello, los 10 delegados y 6 consejeros de Chiapas, vamos a llevar propuestas muy importantes paras exponerlo ante los miembros del partido".

 Dijo que como sector CNOP, se conocen esos principios de transparencia y el PRI es el único que con el afán de seguir a la vanguardia formó una comisión anticorrupción, la cual para el país y para el mundo es un gran paso de transparencia y confiabilidad, concluyó el delegado cenopista.

La Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, Liliana Ruíz Pascasio, fue acusada  de violentar los derechos humanos de dos activistas, por lo que piden a Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente de la CEDH tome cartas en el asunto para no ser cómplice de la prepotencia en que se maneja esta funcionaria, quien argumenta ser sobrina del magistrado del Tribunal Unitario, Homero Ruiz, quien supuestamente la protege de sus fechorías en contra del personal administrativo de trabajo.

Las activistas Martha Riofrío y Jacivi Gómez dieron a conocer en exclusiva para este medio, que Liliana Ruiz las trató con la punta de los pies y con palabras altisonantes por el simple hecho de estacionarse en el interior del sótano que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para todos aquellos que acuden para algún trámite o queja.

Aseguraron que venían del CERESO de El Amate, en donde se han caracterizado por apoyar a las mujeres privadas de su libertad, y en esta ocasión asistían a la CEDH para recibir de la Dirección de Atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos, apoyos o donativos para ser donadas a las referidas mujeres en el penal.

Sin embargo, agregaron que “nunca pensaron que ellas serían las primeras víctima de esas violaciones, por lo que interpondrán ante la Comisión de los Derechos Humanos la correspondiente queja en contra de la mencionada funcionaria que se ostenta la dueña y señora del Departamento de Recursos Materiales.

 A decir de algunos trabajadores, han desaparecido vehículos que hoy laboran como taxis, por lo que el Presidente de la CEDH Juan Oscar Trinidad Palacios no debe permitir presuntos actos de corrupción en el organismo, y Liliana quien dice es inamovible del puesto, debe de ser investigada y cesada del cargo.

Hay quejas recurrentes en este organismo por parte de los trabajadores, quienes señalan la prepotencia y malos tratos de los funcionarios, así como despidos injustificados para dar las plazas a aviadores que son familiares y recomendados de Trinidad Palacios.

Muchas quejas de inoperancia, presuntos casos de corrupción, abuso de autoridad, malos manejos del erario, entre otras, son las que pesan sobre esta institución que desde su creación permanece enredada en escáldalos y sospechas, siendo sus peores épocas en los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y de Juan Sabines Guerrero, en donde se avasalló la autonomía de la CEDH para dar rienda suelta a la complicidad y a la corrupción.

Hasta ahora el Congreso del Estado no ha intervenido para poner orden en esa desaseada Comisión a cargo de Juan Trinidad, a quien, según fuentes periodísticas, en breve se le iniciará un juicio político por violaciones a la ley y omisión en el cumplimiento de sus funciones para salvaguardar y divulgar los derechos humanos de los chiapanecos, principalmente de los niños.