Fueron liberados los funcionarios del Poder Judicial del Estado, mismos que fueron retenidos la tarde del pasado lunes y llevados a la comunidad Llano Grande, acusados de corrupción, por lo que luego de la intervención de la Subsecretaría de Gobierno, a cargo de Omar Molina Zenteno, lograron liberarlos.

La tarde del lunes, campesinos del ejido Llano Grande irrumpieron en las oficinas del Juzgado Mixto en la cabecera municipal de Bochil, ahí se llevaron retenidos al juez de distrito, Julio César Villatoro Gómez y a siete funcionarios más, pues están inconformes por la liberación de Daniel Sánchez, acusado de homicidio en agravio de Adelfo López Núñez. 

Luego de la retención de los funcionarios, la Subsecretaría de Gobierno, que encabeza Omar Molina, inició comunicación con los inconformes, logrando instalar la mesa negociadora y concluyó con resultados positivos que derivó en la liberación de los retenidos. Por su parte, los funcionarios manifestaron no haber sufrido maltrato.

Entre los acuerdos se subraya que los inconformes serán atendidos en los próximos días por funcionarios del Poder Judicial del Estado y procederán conforme a derecho, serán representados por un abogado de confianza, pues los funcionarios manifestaron no haber sido víctimas de ningún tipo de maltrato y agradeció la intervención de Omar Molina, subsecretario de gobierno.

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 Luego de que en días recientes fuera puesto en libertad Daniel Sánchez Hernández, presunto homicida de Adelfo López Núñez, este lunes un centenar de indígenas de la comunidad Llano Grande se trasladaron a las oficinas del Agente del Ministerio Público, pero al encontrarse con las oficinas cerradas decidieron trasladarse a las oficinas del juzgado décimo de Distrito.

Los inconformes se entrevistaron con el Juez Julio César Victoria Gómez, quien telefónicamente habló con el secretario particular del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sin embargo al no encontrar ninguna respuesta satisfactoria, retuvieron al juez y a personal del mismo juzgado entre los cuales se encuentran dos secretarios de acuerdos, un defensor de oficio y un oficial de partes, quienes fueron llevados con rumbo desconocido.

Waldo Alfredo López Hernández, en entrevista para esta casa editorial dijo: “Hace aproximadamente siete meses en un ejido que se llama San Antonio Buena Vista, se encontraba trabajando mi papá en un predio de su propiedad cuando fue asesinado”.

López Hernández explicó que luego del asesinato de su padre, la comunidad de Llano Grande le brindó abiertamente su solidaridad para el esclarecimiento de estos hechos, así como la detención de la persona implicada.

“Y como usted está viendo, el día de hoy nuevamente nos están respaldando porque fue una injusticia lo que sucedió y hemos recibido además el apoyo de otras comunidades, incluso se movilizaron cada una de las autoridades de las comunidades para pedir justicia junto con nosotros", señaló.

Agregó: "Se logró la detención de dos personas gracias al apoyo de esta gente, quienes nunca nos abandonaron y siguen caminando con nosotros y se levantaron documentos donde firmaban  y nos sellaron más de veinte autoridades donde piden que se haga justicia y se dicte la sentencia a los implicados en este asesinato".

Acusó que  "uno de ellos ya hasta con antecedentes penales y haber estado preso por otros delitos como es violación en agravio de alumnas de la telesecundaria de “Luis Espinosa”.

Desafortunadamente las autoridades no han actuado como debiera ser, nosotros presentamos testigos que presenciaron los hechos y el Agente del Ministerio Público levantó la denuncia, pero la sorpresa fue que hace unos días supimos que a través del Tribunal de San Cristóbal de Las Casas los Magistrados tomaron una decisión sin haber presentado  las pruebas para la liberación del sindicado y lo dan como inocente, lo que nos hace entender que los Magistrados pudieron haber sido comprados con recursos para que no se hiciera justicia”, denunció.

Por ello, explicó que el arribo de las personas de la comunidad de Llano Grande es con la finalidad de respaldarlos y sumarse de ser necesario a otra serie de acciones que permitan el esclarecimiento de los hechos y se castigue conforme a la ley al o a los responsables.

·         Como forma de presión para exigir el 20 por ciento de aumento a los recursos del Copladem

 Un grupo de aproximadamente 150 campesinos de la comunidad el Copal, causaron destrozos en  la presidencia municipal y oficinas alternas de este municipio, alterando la paz social como forma de presión para exigir el 20 por ciento de aumento a los recursos del Copladem.

El incidente ocurrió el lunes por la noche  luego de que pobladores de la comunidad el Copal arribaron al domicilio del presidente municipal Sergio Zenteno Albores, para exigirle el 20 por ciento de aumento de los recursos del programa Copladem, petición que fue negada.

Al no ser favorecidos con sus exigencias, se trasladaron a la presidencia municipal para causar destrozos, rompiendo las puertas y averiando los cristales de las oficinas públicas y de dos patrullas de la Policía Municipal, situación que provocó pánico entre los lugareños. 

Ante esto, habitantes de la cabecera municipal se pronunciaron por la aplicación del estado de derecho, pues argumentan que se ha hecho costumbre la violencia entre grupos de manifestantes para exigir sus peticiones, pese a que muchas de estas no sean de competencia municipal.