·         Exigen el pago por concepto de liquidación de más de 2.5 millones de pesos

 Debido a que no les han cumplido con el pago de su liquidación luego de ser “recortados” de la plantilla laboral del Instituto Estatal del Agua, 17 ex-trabajadores demandaron el pago urgente de más de 2.5 millones de pesos que por ley les corresponde, en una protesta en el interior de la planta baja de la Torre Chiapas.

En rueda de prensa, Naxiely Villatoro Camposeco, una de las afectadas, lamentó que hasta la fecha no les cumplan, “pues consideramos que es un recurso autorizado, y así ha sucedido en otras dependencias en las cuales sí los han liquidado”.

Afirmó que esta medida fue sorpresiva: “Nos notificaron que estábamos despedidos cuando regresamos de vacaciones decembrinas, entonces venimos y nos enfrentamos a la cuesta de enero y no hay recursos… en sí, llevamos dos quincenas sin recibir pago y no sabemos qué sucede”.

Aclaró que la intención de sus compañeros y compañeras no es manifestarse de forma radical, sino buscar una solución, primero, por la vía del diálogo, “que se nos respete lo que corresponde conforme a la ley, y pues esperamos que ésta se haga valer”.

Ante la inminente desaparición de dicho instituto, afirmó que la incertidumbre es aún mayor, debido a que —aseguró— les dijeron que el recurso estaba a punto de ser liberado en la Secretaría de Hacienda, “pero nos extraña qué esté sucediendo, por qué el retraso”.

Respaldada por los demás afectados, quienes portaban cartulinas con leyendas de protesta, afirmó que hasta ese momento ninguna autoridad se les acercó para buscar una solución, “y es un dinero que todos necesitamos para pagar escuela, Infonavit, gastos del hogar, e incluso nos sacaron del seguro social, y pues eso pone la situación más compleja”.

Comentó que se mantendrán en la Torre Chiapas hasta que las autoridades les cumplan, “queremos que vengan las autoridades, que nos expliquen y con base en ello tomar acciones”.

·         Demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

 Un grupo de aproximadamente setenta habitantes del municipio de Venustiano Carranza iniciaron este martes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

Alfredo López Núñez, vocero de los inconformes informó que desde mayo del citado año un grupo paramilitar encabezado por José Vázquez Hernández, los amenazó de muerte sino abandonaban sus tierras. “No tuvimos otra opción y desde ese entonces buscamos justicia y el resarcimiento de los daños”.

Reveló que en aquel entonces las autoridades, representadas por Secretario de Gobierno, Noé Castañón, firmaron un acuerdo en el que se comprometían al pago por el quebranto económico causado a aproximadamente 119 familias de la comunidad. “Pero es la fecha que no nos resuelven”, señalaron.

Tras una marcha que iniciaron en el Parque “Cinco de Mayo” aproximadamente a las 10:00 horas, los campesinos coincidieron que la autoridad les ha cerrado las puertas para el diálogo. “Exigimos castigo para quienes actuaron en nuestra contra, entre ellos OCEZ,  pues todo lo hemos documentado”, detallaron.

Relataron asimismo que tras ser despojados de sus pertenencias encontraron refugio en la comunidad Trinidad Oquil.

López Núñez aseguró que actualmente en Venustiano Carranza los pobladores viven con temor. “Es un pueblo sin ley, cuya población se encuentra en total indefensión y donde cualquiera pueda secuestrar, robar, matar, es decir, no hay Estado de Derecho en la comunidad. No queremos más ilegalidad”.

Respecto a la cantidad que exigen como indemnización, dieron a conocer que es el monto global de las pérdidas económicas que sufrieron los 119 afectados. “Todos fuimos despojados de manera particular de parcelas, casas, autos y animales de corral. Lo que pedimos es justo”, argumentaron.

Detallaron que inicialmente el gobierno les dio unos terrenos para que trabajaran, sin embargo se trata de superficies cuya tierra es mala, donde no pueden producir ningún alimento, por lo que todos los labriegos deben hallar trabajos temporales en otras regiones para poder sostener a sus familias”.

De manera personal dijo que avala la medida de austeridad que ha tomado también el Legislativo de Chiapas

Se va vivir una recesión económica, con las medidas de austeridad que han tomado los tres niveles de gobierno, y eso redundará en la iniciativa privada, donde también va haber desempleo, señaló la diputada María Eugenia Pérez Fernández.

Al ser entrevistada, anotó que de los impuestos salen los recursos económicos para pagar a los burócratas, y si los recursos provenientes del  petróleo merman, el gobierno no podría gastar más de lo que tiene y tiene que reducir el gasto corriente.

Inclusive, de manera personal dijo que avala la medida de austeridad que ha tomado también el Legislativo de Chiapas, que les reduzcan sus salarios en un 20%. Si se va apretar el cinturón que se apriete parejo, subrayó.

Reconoció que la gente está viviendo una situación difícil, por lo que no queda más que generar ingresos por el turismo, comercio y servicios, pero para eso también hay que generar confiabilidad para la inversión, para que la gente tenga confianza en venir a Chiapas.

La también empresaria del sector turístico enfática dijo que el dinero siempre anda en alguna parte, lo atraigamos, que vengan los turistas confiados en que su recorrido de tres días por lo menos no se verá interrumpido.

Sin embargo, consideró que todos los grupos sociales que tengan alguna demanda deben reflexionar que en estos momentos son tiempos de unión y de canalizar las exigencias por los cauces correspondientes, sobre todo que el estado atraviesa por una situación complicada económicamente.

La única manera de poder generar riqueza es a través de fuentes de empleos en el turismo, comercio, servicios, sobre todo que en Chiapas no hay industrias, por lo que no se deben ahogar las arterias de comunicación tan importantes, como es la zona de Agua Azul-Misolha y la región de los Altos.

Dijo qué necesidad tienen los turistas de ver encapuchados que les cierran el paso, y aunque actúan de manera pacífica la gente se asusta, por lo que si está difícil la situación la vamos a complicar más.

Consideró que la tempestad que se está presentando ahora no es solamente responsabilidad de las autoridades estatales ni federales, sino es mundial, y tenemos que ver la manera de salir juntos sobre todo con las medidas de austeridad que han tomado los gobiernos de los tres nivele