San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Integrantes del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas denunciaron que en los últimos dos años han documentado al menos 90 agresiones contra activistas y defensores de derechos humanos en la entidad.

De acuerdo con el organismo, las agresiones incluyen hostigamiento, persecución y ataques físicos, en muchos casos perpetrados por sujetos armados con presunta complicidad de autoridades gubernamentales. A pesar de que se han presentado denuncias en años anteriores, muchas de ellas no han recibido seguimiento, lo que ha contribuido a la impunidad.

El Observatorio advirtió sobre el incremento de la violencia en el estado, con la diversificación de grupos armados y el aumento de amenazas contra la población. Entre las principales problemáticas, señalaron el reclutamiento forzado y el desplazamiento de comunidades enteras.

Tan solo en 2024, se registraron al menos 2,300 personas desplazadas en municipios como Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Muchas de ellas aún no han podido regresar a sus hogares por temor a nuevas agresiones y la falta de garantías de seguridad.

La violencia también ha impactado a periodistas y líderes comunitarios que defienden derechos humanos y el territorio. El Observatorio destacó que el contexto actual ha incrementado los riesgos para quienes realizan esta labor, dificultando su trabajo y vulnerando el derecho a la información y a la protesta social.

Ante esta situación, la organización anunció que continuará documentando violaciones a los derechos humanos en comunidades y carreteras del estado. Asimismo, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de agresión y a sumarse a las iniciativas de defensa de los derechos humanos.

Finalmente, exigieron a las autoridades una respuesta inmediata para garantizar la seguridad de las personas defensoras y promover el acceso a la justicia para las víctimas de violencia en la región.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. — Luego de varios días de diálogo con artesanos y vendedores ambulantes de la zona de Santo Domingo, la noche de este martes la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, realizó un recorrido por el área para constatar el retiro de los puestos que obstruían el acceso a las escaleras y el estacionamiento del templo.

Acompañada por elementos de la Policía Municipal, la alcaldesa destacó que este proceso fue resultado de negociaciones con los comerciantes, quienes accedieron a liberar el espacio de manera pacífica en beneficio del turismo y el rescate del patrimonio histórico.

"Este ha sido un trabajo de diálogo. Agradezco la voluntad de los artesanos para lograr este cambio, que beneficiará no solo a nuestra administración, sino también a los propios vendedores, a los ciudadanos y al turismo", expresó Ricci Diestel.

La presidenta municipal aseguró que el retiro de los puestos permitirá que la iglesia de Santo Domingo recupere su visibilidad y accesibilidad, fortaleciendo así la imagen turística de San Cristóbal de Las Casas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles reubicaciones para los comerciantes afectados, aunque la autoridad municipal enfatizó que el proceso se llevó a cabo en consenso con los vendedores.

Las reacciones entre la ciudadanía han sido diversas, con algunos sectores celebrando la medida como una recuperación del espacio público, mientras que otros expresan preocupación por el futuro de los artesanos que dependían de la venta en esta zona.

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Chiapas.– La situación es desesperante en los Altos de Chiapas. Más de 3,400 personas, entre mujeres, niños y ancianos, se han visto forzadas a abandonar sus hogares tras una emergencia humanitaria que ha afectado gravemente a las comunidades de Pantelhó y Chenalhó. Las autoridades están en alerta máxima ante este desplazamiento masivo, que está dejando a miles de personas sin refugio ni recursos.

Las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera municipal de Pantelhó, entre otras, han sido evacuadas de forma precipitada. En total, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse hacia zonas más seguras, buscando refugio ante la grave incertidumbre que los rodea.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el IPRI han emitido un llamado urgente para que se actúe de inmediato, exigiendo que se garantice la protección integral de las víctimas y se les ofrezca el apoyo necesario, conforme a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas. Las organizaciones también piden la desarticulación de grupos que afectan la estabilidad de la región y que el gobierno garantice una solución real y efectiva.

Los pueblos indígenas de la región están a la espera de respuestas concretas de las autoridades, que aún no han cumplido con sus promesas de apoyo, mientras enfrentan esta crisis sin precedentes que los deja vulnerables a una incertidumbre total.