- Derivado de dos cateos por presuntos actos de privación ilegal de la libertad

Elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron diligencias de cateo a dos inmuebles, derivados de presuntos actos de privación ilegal de la libertad, donde se detuvo a 10 personas, un arsenal de armas y vehículos.

Al efectuar la revisión del primer inmueble, ubicado en la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez, se detuvo a Rafael “N”, alias "El Rafa" originario de Chiapas; Mario “N”, Indalecio “N”, Irán “N” y  Oneida “N”,  originarios de Sinaloa; así como a Roberto “N”, de Nayarit y Darila “N”, de Michoacán.

También se localizaron cuatro vehículos, 14 armas largas, seis armas cortas, diversos cartuchos útiles de diferentes calibres, ropa táctica, cuatro siluetas para tiro, seis teléfonos celulares y una minilaptop.

Mientras que, en el segundo inmueble, ubicado en el Libramiento Sur de Ocozocoautla de Espinosa, se detuvo a Julio “N” y Miguel “N”, originarios de la Ciudad de México, y Pablo “N”, de Michoacán, quienes manifestaron ser trabajadores del dueño del lugar.

Asimismo, se aseguró cinco vehículos, dos cuatrimotos, tres monos araña, dos cotorros, tres pájaros australianos y seis caballos tipo Pony. 

Además, en ambos inmuebles se aseguraron diversas dosis de droga.

Los indiciados presuntamente pertenecen a un grupo generador de violencia.

Las personas detenidas y los aseguramientos, quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de aplicar el Estado de derecho y garantiza Cero Impunidad hacia las personas generadores de violencia en Chiapas.

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- La sentenciada deberá pagar más de un millón de pesos por reparación del daño

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Dulce “N”, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de una persona de sexo femenino de identidad resguardada.

El Juez de la Causa sentenció a la responsable a 25 años de prisión, y al pago de la reparación del daño a favor de un familiar de la víctima, por la cantidad de un millón 259 mil pesos. 

Dejando a salvo los derechos de la víctima indirecta para hacerla valer en etapa de ejecución de sanciones.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.