·    En este escenario precisaron que son cercas de 500 desplazados  que exigen indemnizaciones que van desde los 80 hasta los 300 mil pesos por persona

 Habitantes del municipio de Carranza y ex integrantes de la  Casa del Pueblo,  exigieron que  de una vez por todas se aplique justicia,  tras haber sido desplazados de la cabecera municipal por un  grupo contrario encabezado por José Manuel Hernández Martínez.

Los denunciantes señalaron después de realizar una marcha en Tuxtla Gutiérrez, que los responsables del delito por el que fueron señalados, que es robo de  ganado, hoy se encuentran libres.

Recordaron que en 2013 fueron desplazados de manera forzada, cuando el grupo denominado OCEZ-RC, Casa del Pueblo quemó sus casas y asesinó  a dos personas.

En este escenario, precisaron que son cercas de 500 desplazados  que exigen indemnizaciones que van desde los 80 hasta los 300 mil pesos por persona.

Señalaron que los líderes de la organización OCEZ-Casa del Pueblo promueven la anarquía en el municipio y prueba de ello es que los bancos ya se han retirado de Carranza, así también los empresarios, por temor a ser víctima de la delincuencia.

Por último indicaron que además de la exigencia de indemnización, piden  la regularización de 500 hectáreas para que puedan trabajar las familias que perdieron todo, por el escenario de violencia fomentado por la organización.

·         Actualmente los dueños y los integrantes de la OCEZ-RC se encuentran en pláticas para llegar a un acuerdo de compra venta

Santiago Thomas, quien dijo ser de raíces mexicanas y chiapanecas por parte de su difunto padre Luis Marcial y estadounidense por parte de su madre, Wendy McMahon, propietarios legítimos en conjunto con sus hermanos Christobal Lee y Eric Andrés, del predio rústico del rancho La Granada, aseguró existen pláticas con los integrantes de la OCEZ para la negociación de dicho predio.

“Desde el año 2012 se encuentra  invadido por un grupo proveniente de la comunidad Napité, municipio de San Cristóbal, quienes se instalaron de forma violenta  bloqueando la entrada de mi madre y mis hermanos por medio de balazos, haciéndose saber públicamente que no querían ningún diálogo con nosotros los propietarios”, dijo en conferencia de prensa.

Apostados sobre la cruz atrial de la plaza catedral de San Cristóbal, acompañado por miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC), aseguró han mantenido una relación con Amatenango y sus organizaciones, ya que son las más cercanas al rancho.

“Tenemos una historia de comunicación y hemos establecido acuerdos previos de buena fe, así hemos llegado a negociar con Amatenango en la mesa del gobierno para la compra y venta del predio para los bienes comunes”, aludió.

“El futuro de estas tierras están en las manos del gobierno, por lo cual no tenemos control de lo que pasa, esperemos que la conciencia nos lleve a una solución del problema”, amplió.

Por su lado María Velasco Jiménez, en representación de los desplazados del rancho La Granada, del municipio de Amatenango del Valle, integrantes de la OCEZ-RC que permanecían en un campamento en el tramo carretero Amatenango- El Carmelito, desde el pasado 19 de noviembre, acordaron trasladarse ante el hostigamiento que sufrieron por integrantes de la Organización Luz y Fuerza del Pueblo, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

"Hemos decidido trasladar el campamento de 35 familias desplazadas el 19 de noviembre del presente año por el grupo paramilitar adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, hemos acordado trasladar estas familias hombres, mujeres y niños a un lugar más seguro, ya que han sufrido hostigamiento permanente a través de disparos de arma de fuego poniendo en riesgo la integridad física de estas familias”, informó.

Dejó ver que el caso más fuerte y reciente es el ocurrido en la madrugada del jueves 15 de diciembre del año en curso en la que el grupo paramilitar estuvo disparando acorta distancia y en dirección al campamento que mantenían.

Reiteró que este grupo podría estar utilizando el nombre del EZLN para confundir a la opinión pública nacional e internacional, haciéndose pasar como las víctimas.

*Paramilitares tratan de disuadir campamento de refugiados en Amatenango del Valle, denuncia la OCEZ-Carranza

A menos de 24 horas que Uberlaín Aguilar de la Cruz, coordinador de la OCEZ región Carranza exigió solución al problema de desalojo que sufrieron sus compañeros en el predio La Granada en el municipio de Amatenango del Valle, el campamento de refugiados fue amedrentado a balazos la madrugada de este jueves 15 diciembre de 2016.

         La propia OCEZ RC dio a conocer que a eso de las 2 o 3 de la mañana fueron provocados en el campamento que sostienen los desplazados en el tramo carretero entre El Carmelito y Amatenango del Valle.

En ese punto se encuentran refugiados 35 familias, y como a unos 500 metros del campamento se escucharon disparos de arma de fuego en dirección a este campamento.

De estos hechos acusan al grupo paramilitar que desalojó de su poblado y de sus tierras a estas humildes familias campesinas e indígenas nativas de la comunidad Amatenango del Valle.

Sostuvo que este tipo de acto de provocación la han venido sufriendo sus compañeros en repetidas ocasiones, por lo que han denunciado públicamente ante los organismos de derechos humanos e instituciones de gobierno, pero hasta el momento nadie se ha preocupado por la suerte y los riesgos que corren estas familias.

Nuevamente, la OCEZ RC pidió la intervención del gobierno para el retorno de estas familias a sus tierras, ya que han demostrado con documentos que estas tierras les pertenece por derecho y por justicia, de lo cual tienen pruebas documentales.

Señalan que es de alto riesgo la presencia de grupos paramilitares que se protegen bajo la sombra del EZLN, diciendo que pertenecen a luz y fuerza y a la sexta declaración de la selva lacandona.

"Nosotros decimos que son los nuevos grupos paramilitares que están surgiendo para desalojar y aterrorizar a  las organizaciones sociales", sostiene la organización.

Insistió con un llamo urgente al gobierno de Chiapas para que intervenga de inmediato en el retorno de 35 familias desplazadas, así como el castigo y el desmantelamiento del grupo paramilitar, encabezado por Gerónimo Jiménez Díaz, Pedro Hernández López, Santiago Vásquez Hernández, Sebastián Juárez López, Aniselmo Morales Zúñiga y Esteban Méndez Díaz, originarios del poblado Napite del municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Asimismo, hizo un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos nacional e internacional, la prensa y a las organizaciones sociales políticas e independientes, para mantenerse al tanto de los acontecimientos que sufren estas familias desplazadas.