Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Un centenar de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-RC) marcharon por las principales calles de la capital chiapaneca, para exigir al gobierno del estado la instalación de una mesa de diálogo resolutiva ante demandas agrarias, de salud, educación, vivienda y justicia, entre otras. 

La movilización concluyó en un mitin frente a Palacio de Gobierno, donde anunciaron un plantón indefinido, hombres en su mayoria colgaron sus mantas, desmontaron sus mochilas para luego instalarse alrededor bajo un intenso sol. Los manifestantes señalaron que pese a múltiples solicitudes de audiencia no han recibido respuesta. 

Entre sus principales exigencias se encuentra la entrega de escrituras de predios en comunidades como 28 de Junio, Santa Rufina Las Perlas y Guadalupe La Cuchilla, así como la regularización de tierras en municipios como Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza.

Además, la OCEZ-RC demando proyectos productivos, construcción de viviendas dignas, acceso a agua potable y ampliación de apoyos sociales. También exigió  la aparición con vida de Uverlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, desaparecidos desde el 26 de junio de 2023, un caso que sigue sin resolverse.

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Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, instaron a las autoridades a realizar una búsqueda inmediata y exhaustiva de Uberlaín Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, defensores indígenas y miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC).

Cabe recordar que estos activistas fueron reportados como desaparecidos desde hace más de un año, sus familiares representados por el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, ha solicitado la intervención internacional para esclarecer su paradero.

El Comité expresó su profunda preocupación por la falta de avances significativos en la búsqueda y en la investigación del caso. Indicaron que según el organismo, las acciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas han sido insuficientes y no han seguido todas las líneas de investigación posibles.

Ante esta situación el Comité cuestionó la ausencia de una estrategia clara y la falta de acciones en San Francisco Pujiltic, lugar donde se reportó la desaparición, debido a bloqueos y la necesidad de autorización por parte de las autoridades ejidales.

Así también criticó la decisión de desplegar fuerza pública y militares en las comunidades de la OCEZ-RC, sugiriendo que esta medida podría ser percibida como una forma de criminalización hacia los miembros de la organización, quienes han sido objeto de persecución por su activismo en defensa de los derechos indígenas. 

El organismo reiteró sus recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, la necesidad de establecer de inmediato un plan de acción integral para la búsqueda de los desaparecidos y la investigación de su caso, que incluya un análisis de contexto para identificar posibles vínculos entre actores estatales y grupos criminales. 

Pidió asegurar la participación de los familiares en los procesos de búsqueda e investigación, y aclarar cualquier obstrucción que haya impedido el avance de las diligencias.

Finalmente, indicaron que el próximo paso  acordado con las autoridades gubernamentales es la revisión de la carpeta de investigación y la coordinación de un plan de búsqueda.