San Cristobal de Las Casas; Chiapas, México
La mañana del 22 de diciembre de 1997, mientras el país se preparaba para las fiestas de fin de año, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas, el tiempo se detuvo a balazos.
Hombres, mujeres, niñas y niños indígenas tzotziles, integrantes de la organización pacifista Las Abejas, fueron at4cados mientras oraban por la paz. No estaban armados. No huían. Rezaban.
Durante horas, un grupo paramilitar conocido como Máscara Roja disp4ró sin piedad. El saldo fue brutal: 45 personas asesinadas, la mayoría mujeres y menores de edad, y al menos 26 personas gravemente heridas. La sangr3 corrió en un contexto de guerra no declarada, en medio de la contrainsurgencia desplegada tras el levantamiento zapatista de 1994.
Nada de esto ocurrió en el vacío.
UN CREN ANUNCIADO
Antes de la masacre, Acteal y comunidades vecinas vivían bajo un clima de hostigamiento permanente, desplazamientos forzados y amenazas.
La presencia de grupos Armados civiles, tolerados y protegidos por autoridades locales y estatales, era conocida.
También lo era la presencia del Ejército Mexicano en la región, cuyos retenes y cuarteles se encontraban a pocos kilómetros del lugar del ataque. Nadie intervino. Nadie llegó a tiempo.
El entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García, denunció desde el primer momento que lo ocurrido en Acteal no fue un enfrentamiento, sino una masacre de Estado, resultado directo de una política de militarización, división comunitaria y guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas.
LA JUSTICIA QUE NUNCA LLEGÓ
A lo largo de los años, la justicia se convirtió en una palabra vacía.
La investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) estuvo marcada por irregularidades, fabricación de pruebas, testimonios inducidos y detenciones arbitrarias.
En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de varios sentenciados al reconocer que las pruebas habían sido obtenidas de manera ilícita. Pero ese reconocimiento no significó verdad ni reparación.
En 2016, la Segunda Sala de la SCJN determinó que esas irregularidades no generaban responsabilidad patrimonial del Estado. El mensaje fue devastador: se puede fabricar culpables, encarcelar inocentes y no pagar ningún costo institucional.
IMPUNIDAD COMO POLÍTICA
A 28 años de la masacre, ningún alto funcionario ha sido juzgado, ninguna cadena de mando ha sido investigada, ningún reconocimiento pleno de responsabilidad del Estado mexicano ha sido emitido.
El nombre de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente en funciones en 1997, sigue ligado a este crimen de lesa humanidad sin que enfrente proceso judicial alguno.
Como ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Acteal se ha convertido en símbolo de la lucha por la memoria, la dignidad y la resistencia de los pueblos indígenas, frente a la violencia estatal y paramilitar que persiste en México.
MEMORIA QUE CAMINA
Acteal no es solo un lugar.
Es una herida abierta.
Es un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando el Estado elige la guerra sobre el diálogo, la impunidad sobre la justicia y el olvido sobre la verdad.
A 28 años, las comunidades siguen caminando la memoria.
No para vengarse, sino para exigir verdad, justicia y no repetición.
Porque mientras Acteal siga impune, la paz en Chiapas seguirá siendo una promesa incumplida
Gabriela Sanabria
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