*Ahora cada quien deberá responder por sus actos, dice la diputada María Eugenia Pérez Fernández, del partido Mover a Chiapas

 A horas de que el Congreso local presentara la iniciativa de eliminación al fuero a funcionarios públicos, excluyendo la figura del Poder Ejecutivo, al fiscal y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, María Eugenia Pérez Fernández, legisladora del partido Mover a Chiapas, señaló que tal propuesta es un gran avance para la democracia del estado, ya que tal ley ha sido excedida por burócratas que han llegado indebidamente al poder, pese no incluir a tres altos funcionarios.

En entrevista, la diputada indicó que durante el pasado 6 de junio los legisladores chiapanecos consideraron que ante el abuso de políticos y funcionarios públicos a su cargo, es necesario eliminar el fuero, ya que muchos conservan puestos indebidamente.

“Hay que quitar el fuero porque era un exceso, era un abuso del fuero. Muchos políticos y funcionarios tenían un fuero indebidamente, entonces lo que se hizo (6 de junio) fue la lectura para esta propuesta de que se elimine el fuero a tanta gente”, comentó.

A esto, apuntó que eliminando este conjunto de privilegios hace que cada personaje público se responsabilice de sus actos.

“Yo creo que el fuero en su momento fue importante porque eran otros tiempos, muchos tiempos represivos. Yo creo que el fuero en su momento tuvo su fin, pero en estos momentos la gente quiere pollitos responsables, políticos fuera de privilegios, cercanos a la ciudadanía y que respondamos por nuestros propios actos”, consideró.

Al ser cuestionada sobre el por qué no se añadió la eliminación del fuero al Poder Ejecutivo y al Judicial, respondió que se trata de salvaguardar tales puestos, ya que tales cargos son inherentes a toda acción legislativa.

“En este caso se está salvaguardando a lo que es la figura del Poder Ejecutivo, al fiscal y al presidente del tribunal de justicia porque las actividades inherentes a ellos son mucho muy delicadas en este aspecto, y yo creo que en este caso sí está justificado”, manifestó.

Por lo anterior, detalló que “nosotros como diputados consideramos que por las actividades inherentes a estos poderes se debe conservar el fuero, creo que es un gran avance que se quite el fuero a tanta gente que indebidamente lo tenía. Yo creo que hay que irnos con cuidado, sobre todo en un estado complicado como es el nuestro… saben que es un estado bronco, es un estado complicado”.

Para finalizar, opinó que la eliminación del fuero al ejecutivo estará en análisis a través del consenso legislativo, pero por su parte tal puesto debe ser intocable ya que Chiapas es un estado complicado.

“Fue consideración de mis compañeros; yo creo que la figura del ejecutivo y sobre todo en un estado tan complicado como es el nuestro, yo creo que el fuero en este caso se debe conservar, esa es mi opinión muy personal”, puntualizó.

*Clase patronal deberá pagar utilidades a los trabajadores; sanciones hasta de 365 mil pesos si no cumplen con la ley, les advierten

 En el estado de Chiapas, alrededor de 221 mil 736 empleados del sector privado podrían favorecerse con el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 2017, y de no otorgarse antes del 30 mayo, patrones podrían llegar a pagar una multa de hasta 365 mil 200 pesos.

En rueda de prensa, Néstor Gabriel López López, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Tuxtla Gutiérrez (EBC), señaló que en el estado hay alrededor de 221 mil 736 trabajadores del sector privado, los cuales podrían obtener su participación en las utilidades de la empresa para la que trabajen, ya que por ley se exige que los patrones que generaron utilidades y que no sean de nueva creación, deben realizar esta prestación laboral.

Por ello, reiteró que el pago de la PTU debe pagarse a más tardar el 30 de mayo, en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral, es decir, una empresa o corporativo.

A esto, refirió que en el caso de quienes trabajan para una persona física, deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Sin embargo, destacó que quien omita el pago de la PTU tendrá que pagar una sanción, incluso de poner a disposición de los trabajadores la información mencionada, que oscila entre 250 y 5000 UMAs, esto es entre 18 mil 873 pesos y 365 mil 200.

De acuerdo a lo anterior, señaló que las empresas están obligadas a pagar 10 por ciento de sus utilidades a los trabajadores, donde el monto a repartir se divide en dos: la primera mitad será distribuida entre los trabajadores, de acuerdo a los días trabajados en el año; y la segunda parte, se aplicará proporcional al nivel de ingresos.

De esta forma, puntualizó que tienen derecho al pago de la PTU todos aquellos que presenten un trabajo personal subordinado a una persona física o moral, cualquiera que sea el acto que le de origen mediante el pago de un salario, así como los trabajadores, ex-trabajadores eventuales o ex-empleados de planta, cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año.

Agregó que también quienes prestan sus servicios en una empresa o establecimiento, supliendo vacantes transitorias o temporales; además de quienes desempeñan trabajos extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una actividad permanente.

Para concluir, preponderó que de corresponderle su pago de la PTU y no recibirlo, el empleado cuenta con un plazo de un año para reclamarlo, a partir del día siguiente a las fechas límite establecida, o sea 30 de mayo o en su caso 29 de junio.