¿En realidad la ciudadanía decidirá que obras quiere?

Los dimes y diretes del movimiento magisterial.

El negocio de la salud.

 El desorden urbano que ha prevalecido en la capital chiapaneca, ha impactado con altos costos que la naturaleza cobra, no solo con cuantiosos daños materiales, sino con vidas humanas irreparables; los caprichos y abusos del poder de los gobernadores en turno, así como los que han sido alcaldes de Tuxtla Gutiérrez, utilizando la simulación y el engaño para el hurto, el pillaje vil, cuyos antecedentes aún están vigentes con el reclamo popular, han llevado al gobierno local actual a pedir a los diputados del Congreso del Estado el aval para la “Creación de los Institutos Ciudadanos de Planeación Municipal en el Estado”.

Si tal solicitud que se elevó a un acto más en el palacio legislativo para hacer la presentación de la comisión que presentó dicho proyecto, encabezado por Sofía Yescas Núñez, directora general del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam) de Tuxtla Gutiérrez, es elevarlo a rango de ley para que 122 ayuntamientos se ciernen en una disponibilidad normativa, habría que recordar a los diputados locales que son ellos quienes precisamente avalan la creación, reformas o derogación de las leyes para el estado de Chiapas, mismas que pisotea cualquier mortal elevado a su máxima potencia dictatorial, haciendo a su libre albedrío las obras que en muchos casos, además de no cumplir con la norma en materia de obra pública, muchas de ellas ni siquiera se han hecho y no se hacen actualmente, utilizando el dinero público para los neo constructores, que son los mismos alcaldes y diputados quienes las tienen acaparadas para repartirse el botín presupuestal.

Solo hay que recordarle que juran “cumplir y hacer cumplir la constitución política del estado y las leyes que de ella emanen”, mismas que nadie cumple, ni los mismos legisladores que presumen de hacerlas, mientras que a algunos solo les hace falta rebuznar, porque del quehacer legislativo no saben absolutamente nada.

Pero en lo medular, también hay que recordarles que existe la ley de obra pública; la ley de fraccionamientos; la ley de protección al ambiente, la ley de aguas nacionales y muchas más que tienen que ver con el desarrollo urbano y que se la pasan por el arco del triunfo, porque la mancha urbana en ciudades como Tuxtla Gutiérrez se amplía, con obras caprichosas y que a partir de este mismo lunes 12 de septiembre iniciarán obras sobre el boulevard Belisario Domínguez, la principal arteria vial que recorre la ciudad completa de oriente a poniente y viceversa y de la que la primera etapa, hasta “se les olvidó” que habría que planear la introducción de drenaje suficiente para evitar inundaciones, cuyo pretexto fue para ejecutar recursos públicos que hoy, es versión popular, no sirvió más que para enriquecer a todos los involucrados en esa fallida infraestructura.

Eso solo por citar un ejemplo. Pero el antecedente más dramático se da en los fraccionamientos populares y algunos con etiqueta de “medio residenciales” en zonas que provocan ya avalanchas de cientos de metros cúbicos de agua por el escurrimiento de cerros que han quedado sin amortiguamiento natural, cuya defensa ambiental ha sido arrasada en este preciso gobierno que se dice ecologista, pero presume de verde.

La prueba que aún lastima a muchas familias se dio el pasado viernes tres de este mes con la inundación de varias colonias, la muerte de tres personas arrastradas y ahogadas por las aguas y cuantiosos daños materiales a quienes les prometieron ayuda gubernamental y hoy afloran los reclamos que solo acudieron las autoridades a tomarse la foto y videos para decir más canalladas en torno al dolor humano y les quitaron nuevamente las despensas y demás escenografía que utilizaron para hacer creer a todos y principalmente a las autoridades de Gobernación federal para que desahogaran recursos del FONDEN, cuyo dinero es a fondo perdido, pero que no se ha aplicado en beneficio de quienes todo lo perdieron. Eso además de ruin, es imperdonable.

El presidente en turno de la mesa directiva del Congreso del estado, Ramírez Aguilar diría en ese evento realizado antes de finalizar la semana pasada, que el Instituto ciudadano “no es el que va a validar las acciones del Ayuntamiento en turno, porque va a ir acompañado de la participación directa de la sociedad” y en ese sentido destacó que es el primero que se echa a andar en el estado de Chiapas, lo que constituye un ejemplo y un modelo “evidentemente nacional”.

¿Qué acaso no existen las leyes ya comentadas anteriormente para obligar a las autoridades municipales a que cumplan con ellas? Y en caso de violarlas, tan sencillo como solicitar su desafuero y mandarlos a la calle. ¿Les cuesta mucho a los diputados hacer cumplir la ley, misma que tiene a su alcance a un órgano encargado de auditar y ventilar públicamente las violaciones que se llevan a cabo sistemáticamente?. Habría que aclarar que no lo hacen, no exigen la aplicación de la ley de transparencia y la nueva anticorrupción, porque finalmente son coyotes de la misma loma y algunos diputados ya fueron alcaldes, mientras que otros aspiran a serlo, por lo que es más fácil encubrirse mutuamente que penalizar con cárcel a quien violente la normatividad.

El ejemplo más reciente es el mega fraude cometido con las obras del centro de Tuxtla Gutiérrez, de cuyo hurto y que se presume tiene documentado el actual alcalde, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien acudiría incluso a presentar denuncia formal contra Yassir Vázquez y hasta contra Samuel Toledo Córdova, -su antecesor-, este último por encubrimiento, al final, Fernando hoy aclara que ni es ministerio público, ni es juez para aplicar la ley contra los que ha denunciado, pero tampoco ha ratificado su denuncia y se ha manifestado con desinterés jurídico para que se consigne la carpeta de investigación correspondiente.

 Presentar el proyecto comentado desde el inicio de esta columna, que por supuesto, avalado por el mismo Fernando Castellanos, no es más que una simulación vil el decir que se tomará en cuenta a la ciudadanía para que sea quien determine que obras de infraestructura debe realizar el gobierno municipal. Es falacia vil que ofende al sentido común, porque Fernando Castellanos no consulta ni a su cabildo, cuyos regidores ya pegaron el grito en el cielo para aclarar que el alcalde tuxtleco no está cumpliendo con la ley de adquisiciones, basado en que su cuerpo edilicio le otorgó la firma mediante un convenio para permitirle contratar y convenir con quien fuera necesario en beneficio del desarrollo de la ciudad.

Las inconformidades se dieron el pasado fin de semana, porque Fernando Castellanos se niega a rendir cuentas a los regidores y regidoras de los contratos y asignaciones que ha venido realizando desde octubre del año pasado y mucho menos conocen los montos de los acuerdos soterrados que el presidente municipal ha celebrado. ¿Así quieren convencer a la ciudadanía que será ella la que designe que obra se requiere en la ciudad?

¿Sabe usted cuantos diputados locales actualmente se disputan la obra pública, con constructoras de portafolio, encubiertos por la presidenta de la Comisión de Vigilancia que encabeza Patricia Conde? ¿Sabe usted quienes se están llevando el dinero público, repartido con los alcaldes a quienes los chantajean de que si no autorizan las obras que reclaman, les fincarán responsabilidad mediante las auditorías que ejecute el Órgano Superior de Fiscalización que presuntamente depende del Congreso del Estado?.... en breve le daremos todos los detalles, empezando con quien está encaprichado con ser el nuevo dirigente estatal del PRI.

 Los dimes y diretes del movimiento magisterial.

 Versiones van y vienen sobre los acuerdos al interior del movimiento repudiable que mantiene la CNTE en la capital chiapaneca. La más congruente, es la que como dicen popularmente algunos: “ya le midieron el agua a los camotes”, tras el desalojo de sus compas y similares de Oaxaca, quienes en la madrugada de este domingo, con la presencia de medio millar de policías desocuparon el zócalo de la capital del vecino estado.

 Pese a ello, una versión más se propaló por la tarde de este domingo, en el sentido que se reunirían una vez más en la secretaría de Gobernación, en la ciudad de México, para la última negociación, con la presencia además del gobernador Manuel Velasco Coello, para determinar desalojar pacíficamente su plantón del centro de la capital chiapaneca.

Otra que se hizo circular por las redes sociales, fue el presunto acuerdo celebrado con la consulta a sus bases, que determinaron continuar, dando a conocer una serie de actividades que aparentemente concluirán a finales de septiembre, mientras que lo más descabellado es que hay “maestros” radicales que afirman que los acuerdos son resistir hasta Enero del próximo año y no acudir a clases. En síntesis, los dimes y diretes ya no están para creerse, salvo hasta el día que todos confirmemos que efectivamente regresaron a las aulas a dar clases y se levantaron, sin bloquear una arteria más en la entidad. Amenazaron con tomar edificios públicos a partir de este lunes, que, por cierto, fueron suspendidas las actividades en todas las instancias gubernamentales en la capital chiapaneca, con el pretexto de las “fiestas patrias” …. Ahí está pues… ¡YA!