Recalcaron que con la iniciativa de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, en materia de paridad propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se da respuesta a una lucha histórica, que hoy rinde frutos al lograr que la mitad de los Ayuntamientos sean encabezados por mujeres.

“Esta propuesta de reforma que hizo atinadamente el gobernador Eduardo Ramírez, sin duda es un parteaguas en la vida política de Chiapas, porque no solo se habla de que las mujeres seamos candidatas en municipios y que quede a criterio de los partidos políticos en qué municipios van a llevar mujeres, ahora los partidos van a tener que ceñirse a la ley, de lo contrario también el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tiene facultades para observarles y hacerles el requerimiento de que tienen que cumplir”, apuntó Alejandra Soriano.

Agregó que hoy tenemos por primera vez en la historia una presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado con creces su capacidad y la capacidad de las mujeres para gobernar y ser partícipes en la toma de decisiones.

Las activistas coincidieron en que la ley es una acción afirmativa para que las mujeres sean candidatas sí o sí, a los puestos de elección popular en las elecciones municipales.

Manifestaron que ya se logró que las mujeres sean regidoras, ya se logró que sean síndicas, pero desafortunadamente las presidencias municipales representaban el obstáculo principal por los cacicazgos, tanto dentro de los partidos políticos, como de los propios cacicazgos al interior de los de los municipios.

“La realidad es que Chiapas, por primera vez, va a ser gobernado por 62 mujeres, que estarán al frente de los municipios, mujeres de quienes esperamos que hagan un buen papel y que demuestren que somos capaces de gobernar”, puntualizó Enriqueta Burelo.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en el Andador del Carmen, Miguel López Girón señaló que están por cumplirse 15 años de su desplazamiento y que hasta la fecha, no han recibido una respuesta definitiva a sus demandas. Indicó que también continúan exigiendo la reparación del daño y la aparición con vida de su padre, Alonso Pérez Luna.

Explicó que las cuatro familias están integradas por 33 personas y que desde 2017 existe una carpeta de investigación, pero aseguró que no ha registrado avances. Añadió que han acudido a la Subsecretaría General de Gobierno y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para solicitar atención, sin obtener una solución.

López Girón, afirmó que las familias consideran que ya no pueden regresar a sus viviendas debido a que las tierras fueron ocupadas y actualmente son trabajadas por ejidatarios de Santa Rosa. Señaló que su padre no fue reconocido como ejidatario, pese a que cuentan con documentos que acreditan sus derechos ante el Registro Agrario Nacional.

Ante esta situación, solicitaron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que sean atendidos como víctimas de desplazamiento y que se establezca una solución para las cuatro familias, incluida la indemnización por sus tierras. También pidieron que se esclarezcan los hechos y que las investigaciones sobre la desaparición de Alonso Pérez Luna, avancen.

A través de un pronunciamiento emitido este 28 de septiembre, la colectiva sostuvo que no encubre ni solapa a personas señaladas por violencia contra las mujeres y respaldó la separación del cargo del funcionario, al considerar que el ejercicio del poder público no debe representar un obstáculo para el acceso a la justicia.

La organización señaló que aunque debe respetarse el debido proceso, la víctima tiene derecho a acceder a la justicia, ser escuchada y recibir medidas de protección y acompañamiento integral. También pidió que cualquier señalamiento de agresión contra una mujer sea atendido con perspectiva de género y rigor legal.

Asimismo, demandó al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, que se actúe con celeridad para que el señalado enfrente las investigaciones correspondientes y se implementen medidas de protección para salvaguardar la integridad de la víctima.

La Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres reiteró su postura de cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, independientemente del cargo o condición de la persona señalada.