En sesión ordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento aprobó por unanimidad y mediante votación nominal el Reglamento de Cementerios, Panteones, Crematorios y Servicios Funerarios del municipio, estableciendo por primera vez un marco normativo integral para la regulación de estos servicios públicos.

Durante su intervención, la presidenta municipal, Mtra. Fabiola Ricci Diestel, destacó que se trata de un reglamento histórico, ya que el Panteón Municipal operó por más de un siglo sin una normativa específica. Con este instrumento se establecen reglas claras para la administración, uso, renovación y recuperación de espacios, brindando certeza jurídica a las familias y fortaleciendo la gobernanza municipal.

El nuevo ordenamiento permitirá prevenir prácticas irregulares, proteger la salud pública y preservar el patrimonio cultural, además de establecer mecanismos de organización, supervisión y transparencia en la prestación de los servicios funerarios, en cumplimiento con las facultades municipales establecidas en la legislación vigente.

Regidoras y regidores coincidieron en que este reglamento representa un paso firme hacia el fortalecimiento institucional y la planeación responsable del municipio, especialmente ante la necesidad de ordenar el funcionamiento del actual panteón y proyectar nuevos espacios funerarios. Asimismo, se resaltó su enfoque social, al contemplar servicios gratuitos para personas en situación vulnerable y garantizar atención digna para la ciudadanía en momentos sensibles.

San Cristóbal de Las Casas H. Ayuntamiento 2024-2027

Fabiola Ricci Diestel

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- Justicia con humanismo y respeto a los pueblos originarios avanza desde territorio chiapaneco

En un hecho histórico para el acceso a la justicia en México, Chiapas fue sede de la Primera Sesión Extraordinaria en Territorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada en el municipio de Tenejapa; en un evento atestiguado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, así como por autoridades federales, estatales, tradicionales, municipales y habitantes de la comunidad La Candelaria, de San Cristóbal de Las Casas.

Durante esta jornada, se abordaron temas vinculados al reconocimiento de comunidades indígenas como sujetos de derecho público y al respeto de sistemas normativos propios, lo que reafirma el compromiso institucional de garantizar una impartición de justicia acorde a la realidad pluricultural del país.

Al concluir la Sesión se llevó a cabo un encuentro con habitantes de esta localidad. En ese marco, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que este acto constituye un hecho histórico, ya que desde el siglo XIX la Máxima Tribuna no sesionaba fuera de la capital del país. Señaló que este acontecimiento demuestra que la prioridad es una impartición de justicia humana, inclusiva y respetuosa; que la Constitución está viva en cada rincón de México; y que la ley debe asumirse como un derecho cercano al pueblo, especialmente para quienes históricamente permanecieron en el abandono.

Ramírez Aguilar recordó a Ignacio Ramírez, el Nigromante, quien como una voz central del Congreso Constituyente de 1856, afirmó que: “la Federación solo tiene sentido si el poder general respeta la vida propia de los estados y entiende que la soberanía no es una abstracción, sino una realidad territorial”. Asimismo, reconoció a las y los ministros de la Suprema Corte por impulsar una justicia de frente a los pueblos que han sostenido identidad, lengua y organización comunitaria, como formas vivas de convivencia política.

Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz destacó la trascendencia de este acto, que representa un paso significativo en la construcción de una justicia que reconoce a los pueblos originarios, con una Constitución que les representa, y principalmente con un trabajo coordinado en el renacer de un México que les escucha y brinda dignidad.

Con la asistencia del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, se refrenda su compromiso con esta nueva era de la justicia, que se sustenta en el humanismo, en el diálogo con los pueblos y en el respeto a los saberes ancestrales, para impulsar una transformación institucional basada en la cercanía, la dignidad y la confianza ciudadana.

Eduardo Ramírez

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- 25 de febrero de 2026.— Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas privadas de la libertad presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, por presuntas graves violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de Orbey Juárez Juárez, José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, detenidos el pasado 22 de enero.

De acuerdo con el pronunciamiento dirigido a medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales, los denunciantes señalan que las detenciones fueron realizadas por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal sin orden de aprehensión ni flagrancia y que las personas detenidas habrían sido golpeadas y mantenidas incomunicadas.

Asimismo, acusaron presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía señalando inconsistencias en fechas, actuaciones y supuesta manipulación de la escena de los hechos. También denunciaron la difusión de imágenes en redes sociales que afirman, vulneran la presunción de inocencia y la dignidad de los señalados.

Las organizaciones sostienen que los detenidos desempeñan funciones religiosas y comunitarias, y que su caso se enmarca en un contexto de presunta criminalización de liderazgos sociales en la entidad.

En su pliego petitorio, solicitaron a los organismos de derechos humanos la admisión inmediata de la queja y la emisión de una recomendación por las violaciones denunciadas; además, exigieron a las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 garantizar la integridad física y atención médica de los internos.

También pidieron a la Fiscalía y al Poder Judicial del Estado revisar el proceso penal y cesar lo que consideran una persecución indebida, así como otorgar la libertad inmediata a los señalados.

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