¿Qué está pasando en Chiapas cuando todos los actores políticos, comenzando con los de abajo hacen y deshacen a su antojo violentando las leyes electorales del estado? Una prueba muy clara es la de la Sra. Sonia Calcáneo Montellano, quien ha externado su deseo de ser la presidenta municipal de Juárez y que anda en plena campaña argumentando ser la presidenta del PARTIDO VERDE en el municipio.

El hecho de ser la dirigente no le da derecho a utilizar el partido para hacer proselitismo político a su favor, y mucho menos andar pintando bardas con su nombre y en lugares públicos donde es más sancionada esta falta.

Pero al parecer a esta dama le vale lo que  diga la FEPADE, ya que según ella tiene un marido bien parado con la cúpula de gobierno y que por ese motivo ella pueda hacer lo que quiera en Juárez. Es la dueña de Juárez, afirma.

También argumenta que esos espacios públicos los construyó su marido cuando fue presidente de Juárez y por eso tiene todo el derecho de usarlos cuando ella quiera. Y eso está haciendo con el consentimiento de su consorte, pero sin la aprobación de los habitantes de las comunidades.

Las instancias pertinentes deben tomar cartas en el asunto y poner orden, ya que la señora Calcáneo quiere ser a como dé lugar presidenta municipal de Juárez. Y por lo visto no es en una sola comunidad en donde utilizó el kiosco público para pintar su nombre y hacerse campaña anticipada.

DE ÚLTIMA HORA: ALGO LAMENTABLE

Una niña de escasos 6 años tuvo el infortunio de pasar por una de las calles del municipio de Amatán y toparse con una alambrada electrificada y sin darse cuenta tocó la alambrada y ahí quedó fulminada de inmediato.

Los padres muy indignados protestaron en la presidencia municipal y ahí velaron el cuerpo de la niña.

Lo incomprensible es quién dio el permiso de poner esa barda electrificada en el pueblo de Amatán.  Si fue el ayuntamiento se debe abrir una investigación para castigar a los culpables. 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE), no da muestras de ser un funcionario apegado a las reglas del vilipendiado sistema electoral mexicano. Hasta donde va, los resultados de su trabajo son deplorables, insustanciales y parciales cuando no, subjetivos y descaradamente selectivos. 

Hace unos días, Eva Cadena, diputada veracruzana con licencia, fue grabada recibiendo medio millón de pesos bajo la explícita encomienda de entregarlos personalmente al precandidato presidencial, Manuel Andrés López Obrador.

El escándalo hizo rebotar a la aspirante a la alcaldía de Las Choapas y obligó al líder de MORENA a deslindarse de la mujer a la que, unos días antes, defendió de las acusaciones en su contra, imputando a sus tradicionales adversarios el “cuatro” tendido a su seguidora para desprestigiarle a él. 

Trampa o no, el hecho de recibir dinero mal habido para una campaña (fuera de tiempo, lo cual ya es un delito electoral), constituye una violación a las normas, fundamento de la FEPADE para proceder en contra de la protagonista del affaire y amenazar con llamar al aspirante a la presidencia de la República, para interrogarlo. 

El protocolo así lo indica. Debe comparecer. Sin embargo, la parcialidad salta a la vista y deja en entredicho, una vez más, el compromiso de esa dependencia para procurar justicia en materia electoral. 

Aspirantes del PAN, PRI y PRD, han incurrido en las mismas anomalías; Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ivonne Ortega, José Narro, Luis Videgaray, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Graco Ramírez, Enrique Alfaro, Jaime Rodríguez, Jorge Castañeda, Pedro Ferriz de Con, Emilio Álvarez Icaza y otros que no tienen ninguna posibilidad, no han reparado en gastos para promover su imagen.

La mayoría, incluso, echando mano del erario, lo cual, según la ley, es una agravante que la institución bajo el mando de Nieto Castillo, ha omitido, En el caso de López Obrador, ha reaccionado con inmediatez, lo que levanta sospechas sobre la autonomía de su cargo y el tipo de consignas que habrá de seguir y que no dejan dudas respecto a la parcialidad de las ejecuciones contra quienes se contrapongan a la normativa electoral. 

No es la pretensión defender lo indefendible; AMLO ha sido reacio a acatar las reglas y respetar a las instituciones. De hecho, las ha mandado al diablo. El hecho es irrefutable, de tal manera que el mismo López Obrador lo ha admitido, aunque hasta hoy, a ciencia cierta, no se sabe el paradero de ése medio millón de pesos.

Se trata de exigir imparcialidad y en ese contexto, reclamar a la FEPADE la aplicación del mismo criterio contra otros que han violado la ley. No vayamos lejos, en Chiapas, siete ex-consejeros cometieron delitos graves y esa dependencia fue débil y complaciente, al grado que de éstos, solo una de ellas estuvo detenida unas horas. 

Si hacemos un recuento de los delitos electorales cometidos por aspirantes a cargos de elección popular, existen evidencias sólidas y suficientes para encarcelar al 98 por ciento de éstos. O por lo menos, inhabilitarlos para contender, como dicta el catálogo de sanciones. 

Algunos funcionarios electorales alegan “lagunas jurídicas y legales” en la ley electoral, que han permitido el uso y abuso de recursos públicos para la promoción personal; eso no es del todo verdad. ¿Por qué a algunos, a los incómodos, sí se les aplica y a los incondicionales no? Por una sencilla razón: en México, el imperio de la impunidad se ha apoderado de las instituciones; la complicidad es insustituible.

Si al aspirante tabasqueño habrá de sancionársele, hágase lo mismo con los funcionarios de SEDESOL, que condicionan la asistencia social a cambio de votos para el PRI. Castíguese a Rosario Robles Berlanga y Emilio Zebadúa, de la SEDATU, que condicionan a los alcaldes de Chiapas, para que apoyen la precandidatura del segundo y la aspiración del sátrapa Pablo Abner Salazar, de ser senador del PT. Eso sería justicia. 

Dudamos mucho que Santiago Nieto Castillo haga lo conducente, lo viable. No lo hará porque él obedece órdenes superiores; porque su consigna es “castigar” a los odiados del sistema. Debo insistir que no se defiende a AMLO. No, porque él es parte del mismo sistema corrupto y lo ha demostrado con creces. No es un hombre de fiar. Los escándalos de dinero en que se ha visto envuelto, son muchos. Pero tampoco debe pasar desapercibido el hecho que contra él, todo el aparato gubernamental se ha enderezado y eso es, a todas luces, malo para la paupérrima democracia. 

Para cuando Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales
(FEPADE), detallaba —sin detalles— la “investigación” que llevó a la detención de la ex-consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Margarita Esther López Morales, ésta ya tenía en sus manos el beneplácito de un juez para abandonar el penal de “El Amate”, bajo fianza. Una fianza ridícula. ¡Quince mil pesos!

Desde que se inició el proceso de investigación, el cabildeo entre fiscales, jueces, implicados, políticos y personeros gubernamentales fue intenso. Se buscaba evitar un daño mayor a la institución electoral. Y, por supuesto, a los grandes beneficiados de un proceso duramente criticado, por la falta de criterios democráticos. Se dictaron, en al menos tres ocasiones, las respectivas órdenes de aprehensión. 

En cada una, los nombres de los ex consejeros y ex-consejeras que habrían de ser parte del show, fueron removidos, excepto los de una ex-funcionaria administrativa del IEPC y de uno de los representantes de la empresa acusada de haber implementado el ahora llamado “fraude cibernético”. Un tercer empleado de alto rango de la dependencia, fue excusado en la última orden, así como dos representantes de la compañía que elaboró el falso padrón de chiapanecos residentes en el extranjero. 

Inicialmente, se había incluido a las cinco ex-consejeras y dos ex-consejeros. Filtraciones acordadas desde el Juzgado de Distrito donde se radicó el asunto y de la misma FEPADE, alertaron a los involucrados, quienes acudieron a diversos personajes de la política para solicitar su intervención. “Amenazaron con delaciones de alto riesgo”, contó una fuente que, por obvias razones, solicitó el anonimato. 

Para la segunda orden de arresto, María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidenta y principal orquestadora del fraude electoral investigado, ya no figuraba como candidata a la cárcel; fue hasta la tercer ocasión que Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales y Carlos Enrique Domínguez Cordero, eran los únicos consejeros con orden de aprehensión, junto con Amable Mendoza de los Santos, ex-secretaria Técnica de ese instituto.

Lily de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López, ex-consejeros miembros del Comité Técnico Especial para la Coordinación del voto en el extranjero, así como Jesús Moscoso Loranca, habían sido exonerados sin juicio previo, como marca la ley. 

No obstante, revela la fuente, los expedientes y anteriores órdenes de aprehensión, no han sido cerradas del todo. “Dependerá de factores externos e incluso, de presiones mediáticas, el que se reactiven o se archiven definitivamente”, dijo. Ello explica la extrema secrecía del titular de la FEPADE cuando salió a anunciar un hecho que había sido revertido legalmente. 

Explica también, la celeridad para declarar prófugos a los restantes implicados, aun cuando éstos, se han estado presentando a sus centros de trabajo o realizan actividades normales, incluso, en la administración pública federal. Tal declaratoria es bien conocida en México. Se trata de fugas pactadas, como ocurre con el ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por ejemplo. 

De hecho, la detención de López Morales pudo haber sido condicionada. Todos los indicios a ello apuntan. Tanto así que su declaración preparatoria, fue un trámite terso y expedito. Trascendió que no mostró ninguna preocupación; se tomó tiempo incluso, para llamadas telefónicas en las que abordó asuntos de su agenda social. 

Todo nos lleva a algunas preguntas: ¿Está siendo, la FEPADE, seria en su trabajo? ¿Le creemos cuando las evidencias le son totalmente adversas? ¿Actúa por convicción o solo para cubrir apariencias? ¿Por qué recurre al ostracismo institucional? ¿Qué pretenden encubrir? ¿Por qué si existen las pruebas necesarias para castigar a todos los ex-consejeros y ex-consejeras, opta solo por los más vulnerables?

El fraude electoral del que se acusa a los involucrados, es grave. Merece, por tanto, una sanción severa, sin contemplaciones y de manera vertical. Si para hacer el show se rodean de medios, mejor es que se queden callados. Lo que lamentamos es que con ésta puesta en escena, solo fortalecen a la impunidad, alimentan la corrupción y destrozan a la democracia. 

Con farsas de esa índole, alientan a las instituciones electorales a violar las leyes y a los políticos, a actuar al margen de éstas. Tristemente, Chiapas sigue siendo el laboratorio de una federación perdida en laberintos sucios.