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Seis rubros estratégicos sostienen la aprobación del gobierno de Chiapas

La evaluación del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas —iniciado en diciembre de 2024— destaca a nivel nacional, posicionándolo de manera recurrente entre los gobernadores mejor evaluados del país, con niveles de aprobación ciudadana que oscilan entre el 58.5% y el 83.1%, dependiendo de la casa encuestadora. 

La administración estatal, denominada "Nueva ERA", ha sido evaluada positivamente según los sondeos de opinión ciudadana en tres áreas clave:

Primero: Combate a la inseguridad y gobernanza; Segundo: Transparencia y Combate a la Corrupción y Tercero: Economía e Infraestructura. 

La administración estatal ha mantenido una alta aceptación en el rubro de seguridad, con evaluaciones que superan el 70% de aprobación ciudadana. 

Esto se atribuye a una estrategia coordinada con el gobierno federal, las fuerzas armadas y las instituciones estatales. 

Las acciones diarias en las Mesas de Seguridad y el trabajo interinstitucional buscan mitigar los desafíos de violencia que enfrenta el estado. 

En las encuestas nacionales de desempeño, el gobierno de Eduardo Ramírez obtiene altas calificaciones en el manejo de los recursos públicos. 

Se ha hecho un fuerte énfasis en mantener una administración ordenada y eficiente, destinando el gasto a consolidar proyectos de infraestructura y programas sociales. 

La entidad chiapaneca ha registrado un repunte en el crecimiento industrial, impulsado por proyectos federales como la Línea K del Tren Interoceánico y los Polos de Desarrollo para el Bienestar que ofrecen incentivos libres de impuestos. 

Y se ha puesto en marcha la Declaratoria por la Prosperidad de los Pueblos Históricamente Olvidados, un plan que destina más de 2 mil 694 millones de pesos a 12 municipios con mayor rezago social para mejorar su infraestructura, salud y educación.

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Las adversidades y el fervor del fútbol a unas horas de que arranque el Mundial

A unas horas del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, México vive un ambiente de alta tensión y dualidad marcada, donde la fiesta futbolística internacional coexiste con intensas protestas sociales y un caldeado debate político.

El país está bajo los reflectores globales por convertirse en el primero en albergar tres Mundiales, pero el inicio de la justa ocurre entre paros magisteriales, obras a contrarreloj y un estricto blindaje de seguridad.

El panorama actual se divide en los siguientes ejes:

En el ambiente político tenemos la ausencia presidencial por cálculo mediático ya que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no asistirá a la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. Rompiendo el protocolo tradicional de los mandatarios anfitriones, decidió regalar su boleto VIP a una joven de una comunidad indígena de Veracruz. 

Hay acusaciones en las redes sociales de boicot y de complot: El gobierno ha señalado que existe un intento de la oposición y de sectores de ultraderecha para proyectar una imagen de caos y violencia ante los miles de periodistas extranjeros que ya se encuentran en la capital del país, Guadalajara y Nuevo León, sedes de los partidos mundialistas.

Se perciben fricciones internacionales en la víspera del arranque del torneo que ha estado marcado por tensiones bilaterales con Estados Unidos tras enérgicos discursos de la presidenta mexicana contra la "injerencia" del Departamento de Justicia estadounidense. 

A esto se sumaron complicaciones logísticas extremas, como las restricciones que obligaron a la selección de Irán a concentrarse en Tijuana bajo la premisa de "juegas y te vas" en sus duelos en territorio estadounidense. 

Por si eso fuera poco tenemos el Ambiente social y las protestas que estallan como petardos.

El desafío más fuerte sin duda alguna es el de la CNTE: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantiene bloqueos y marchas masivas. 

Las y los maestros exigen desde hace casi 15 días la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, sus legítimos derechos a una pensión digna y demandan un aumento salarial del 100%. Este conflicto mantiene en duda el acceso libre al FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino. 

A las protestas magisteriales se han sumado diversos colectivos como el de las familias de personas desaparecidas que han anunciado movilizaciones en las inmediaciones de los estadios para aprovechar la atención internacional y exigir justicia ante una crisis de seguridad que el balón no ha podido ocultar. 

En el caso particular de la Ciudad de México se suma el malestar urbano por obras inconclusas lo que ha provocado que vecinos  de las zonas aledañas al Estadio Azteca mantengan quejas por proyectos de infraestructura vial apresurados y estaciones del Metro que arrancan el torneo operando a medias o entre escombros. 

Ante la fiebre del fútbol la capital del país se encuentra colapsada, incluso por las torrenciales lluvias de los últimos días que amenazan con prolongarse durante el mundial. 

Para mitigar un poco el colapso vial en la Ciudad de México durante el debut de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, el gobierno federal decretó la suspensión total de clases en educación básica y media. Asimismo, se ordenó el home office obligatorio para burócratas y se exhortó a las empresas privadas a implementar el teletrabajo. 

Ante los temores por la presencia de la delincuencia organizada y eventos delictivos recientes, las autoridades desplegaron el operativo militar y policial más grande de la historia reciente del país denominado “Plan Kukulcán”. 

Más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional y el Ejército custodian ya aeropuertos, hoteles y las tres sedes nacionales del Mundial.

Hay que subrayar que a pesar de todas las adversidades y el alto costo comercial de las entradas, el fervor futbolero se respira en las calles de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Miles de aficionados extranjeros han sido recibidos con mariachis en los aeropuertos, y en las fachadas de la capital del país lucen monumentales murales dedicados a la cultura mexicana y la pasión futbolera.

 

Ahora todos esperamos que ruede el balón…

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La Asimetría de la Justicia: Censura Exprés e Impunidad Sistémica en San Luis Potosí

La justicia penal en San Luis Potosí padece una alarmante distorsión en sus prioridades. Mientras la Fiscalía local demuestra una celeridad implacable para procesar y encarcelar a comunicadores bajo la controversial regulación de identidad digital, la gran mayoría de las víctimas de crímenes graves en el estado topan con un muro de ineficacia burocrática. Datos recientes de la plataforma de análisis México Evalúa sitúan a San Luis Potosí entre los estados con mayor rezago judicial en el país, registrando un índice de impunidad del 93.2% en la resolución de casos. Esta realidad evidencia un aparato de seguridad pública que castiga con rapidez la disidencia digital mientras permite que la delincuencia de alto impacto opere al margen de la ley. [1, 2]

Radiografía de la Impunidad: Cifras de la Desproporción

Para dimensionar el uso selectivo del castigo legal en el territorio potosino, resulta indispensable confrontar la urgencia política de los delitos de opinión frente al rezago estructural en crímenes de sangre y despojo:
  • Efectividad Institucional Mínima: De acuerdo con los indicadores consolidados por México Evalúa, la efectividad promedio del sistema de justicia potosino es de apenas el 6.8% en la resolución efectiva de carpetas de investigación, quedando muy por debajo de la media nacional. [1]
  • Violencia Organizada: Aunque informes oficiales del gobierno federal destacan disminuciones porcentuales en el promedio de homicidios dolosos, el Índice de Paz México ubica a San Luis Potosí con una de las calificaciones más desfavorables en delitos de la delincuencia organizada (4.792), multiplicando por tres la media nacional en este rubro. [1, 2]
  • El Filtro de la Cifra Negra: Organismos civiles reportan que solo 6 de cada 100 delitos cometidos en el estado llegan a ser investigados por las autoridades. De este pequeño porcentaje que ingresa al sistema, las tasas de impunidad específica rozan niveles absolutos, alcanzando un 99.9% de olvido judicial en el robo simple y más del 94% en feminicidios. [1]

La Alerta Internacional ante la Prisión Preventiva

El despliegue de la prisión preventiva justificada contra periodistas potosinos contraviene directamente los estándares fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ambas instituciones internacionales han emitido fallos históricos exigiendo a México limitar de forma estricta el uso de la prisión preventiva, catalogándola como una medida convencional violatoria de la presunción de inocencia cuando se utiliza de manera punitiva o sistemática.
Aplicar el encierro inmediato y preventivo por alteraciones de video o audio mediante Inteligencia Artificial desvirtúa el principio penal de que la cárcel debe ser el último recurso del Estado. Cuando los recursos de investigación y el rigor penal se concentran en silenciar la parodia o la denuncia ciudadana, pero fallan en dar justicia al 93% de las víctimas de la criminalidad ordinaria, la ley deja de ser un instrumento de orden público para transformarse en un mecanismo de protección cupular. [1]
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