·         Ya está el fiscal especializado; viene de la ciudad de México, sólo es cuestión que la madre lo autorice

·         La Procuraduría de Justicia jamás ha dejado de trabajar en este tema; siempre ha estado al pendiente y llegará hasta las últimas consecuencias: Fiscalía

 “Tenemos a un perito federal, es importante decirlo, un perito especializado en delitos sexuales contra menores”, señaló la Fiscal Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, Nancy Benítez Rebollo, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, ante el caso de Angelito, un niño de tres años presuntamente abusado sexualmente.

Ante los señalamientos de este caso y en lo particular de la falta de una evaluación psiquiátrica adecuada, la Fiscal Especializada enfatizó que la Procuraduría ya tiene al especialista y solo están a la espera que la madre de la víctima de la autorización para que se realicen las diligencias correspondientes.

“En el caso de Angelito, como lo han venido llamando al menor, la Procuraduría se dio a la tarea de conseguir especialistas a nivel nacional para poder atender al caso del niño y estamos a la espera de que la madre nos pueda autorizar al especialista para poderlo traer”, informó Nancy Benítez Rebollo.

Aseguró la Fiscal de la PGJE que la investigación sobre este caso lleva el cauce legal apropiado, ya que cada una de las diligencias han sido turnadas y solventadas correctamente para determinar cómo ocurrieron los hechos.

“Nosotros para determinar si existe o no un delito no nada más nos estamos basando en el especialista, sino en todas las diligencias, tanto en escuela, en las personas que laboran, cuáles son las actividades de cada uno, porque refieren el nombre de una persona y tenemos que descartar cualquier tipo de situación, tenemos el apoyo de la Secretaría de Educación que nos tiene que proporcionar todo este tipo de elementos para que nosotros podamos entrevistarnos con cada uno de ellos y ver las actividades, pero las diligencias se siguen realizando”.

La Fiscal Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, enfatizó que este caso es prioritario, por lo que se encuentran vigentes las medidas de protección a las víctimas y en específico al menor, al igual se le han girado los oficios al Hospital Regional a fin de que la víctima reciba terapias de acuerdo a la norma y de acuerdo a la especialidad.

 Y recalcó que “no se ha dejado de trabajar y no se han dejado de atender las peticiones, tanto de la madre como de sus asesores jurídicos, donde han solicitado puntualmente al especialista, con el que ya contamos, que ya lo tenemos para este caso y valore al niño para descartar cualquier tipo de situación.”

Acotó Nancy Benítez Rebollo que “en todo momento la Procuraduría está de lado de la víctima, y que nosotros lo que queremos es proteger al menor, que la señora (mamá de Angelito) confíe en nosotros y que nosotros no vamos a parar, no vamos a dejar de trabajar en este asunto hasta que esté todo esclarecido”.

La afirmación del presidente Enrique Peña Nieto, en torno al problema de la corrupción en el país (“la corrupción es parte de la cultura mexicana” paráf.), no es nueva, ni de aplicación remota o eventual. El fenómeno se ha enraizado por todos lados, principalmente en la clase política, cuyos integrantes se han llenado los bolsillos de manera excesiva y cínica.

Hace apenas unos días, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, fue exhibida como la propietaria de un lujoso departamento en Miami, Florida; al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, le descubrieron propiedades en ese mismo país, lo mismo que a la esposa del presidente, Angélica Rivera y otros “distinguidos” miembros de esa realeza impune y grosera. 

Para nadie es secreto que el 90 por ciento de los políticos y funcionarios mexicanos, utilizan recursos públicos para adquirir bienes en otros países. La lista de exgobernadores y gobernadores en funciones que se han apoderado de millonarias cifras provenientes del erario, para ampliar su riqueza personal, es larga. 

El caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se ha convertido en el de mayor escándalo, por las repercusiones que está dejando en el Ejecutivo Federal y por el derroche de medios al que su sucesor está recurriendo y que, no tiene otro objetivo que tapar con los excesos de Duarte, los propios, que empiezan a ser evidentes.

Así se va armando la cadena de corrupción; así también se va fortaleciendo la impunidad que ha sido el fundamento de cientos de hombres y mujeres dedicados a esa otrora noble tarea: gobernar para el progreso de los pueblos. 

De ahí que cuando el presidente Peña Nieto nos recordó esa penosa justificación de políticas fallidas, muchos se sintieron indignados. Y con sobrada razón, puesto que la frase salida de la boca de quien tiene la responsabilidad institucional y obligación moral de combatirla, sonó a burla, a vituperio, a escarnio oficial contra un pueblo que, hay que decirlo, ha permanecido silente, conformista y muchas veces solidario con los que han saqueado al país. 

¿Es la corrupción parte de la cultura mexicana? Sí y no. Sí, porque actualmente, ninguna política pública, ninguna estrategia, ninguna ley, ningún castigo ha sido suficiente para acabar con el flagelo; la corrupción se practica en todas partes. No, porque hay antes de ésta catastrófica crisis, un puñado de buenos ciudadanos que lucharon por forjar a un país progresista y sentaron las bases para su desarrollo. 

Si hoy se considera a la corrupción como parte sustancial del ser mexicano, es precisamente por las políticas fallidas y estrategias sin sustento. Hace todavía algunos años era impensable que un militante de la izquierda del país, se beneficiase con recursos públicos. Se consideraba hereje a quien siquiera, aceptase sentarse a dialogar con un priísta, por ejemplo. 

Por desgracia, quienes heredaron las siglas de partidos que antes lucharon férreamente y con dignidad contra la corrupción del PRI, son igual o peor de ladrones que los priístas.

¿De dónde la señora Barrales obtuvo el millón de dólares para adquirirlo? (Se presume que el departamento está tasado en más de millón y medio, pero ella ha insistido en uno solo.) ¿De sobornos políticos? ¿De venta de candidaturas? ¿Del erario de la CDMX? ¿Del erario de estados gobernados por el partido que dirige?

Entre ella y Anaya y una gran lista de políticos millonarios, se ha perdido el futuro del país y se ha mancillado la dignidad que otrora tuvo la oposición. En todo esto, podemos decir sin temor a equivocarnos que tan corruptos son los priístas como sus aparentes opositores. 

En ese contexto, debemos estar preparados para los discursos de campaña. No habrá uno solo de los candidatos que se asuma como parte de esa “cultura de la corrupción”. Habrá quienes prometan todo su esfuerzo para combatirla. Y no pasará nada. Discursos bofos; solamente palabras sin esencia ni sustancia, menos acción. 

Cuando la podredumbre se vuelve forma de vida, los pueblos mueren. Desaparecen. Lo estamos viendo ahora mismo: indiferencia, caos, anarquía. Son remanentes de la impunidad y la corrupción. Es el resultado de una autoridad sin supremacía moral y un pueblo silente, conformista. Si los santones de antes ahora son corruptos, ¿Qué debemos esperar de los ladrones tradicionales? 

Las cosas para la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, Janette 
Ovando Reazola, parecen estarse complicando dentro de las investigaciones que se siguen al interior del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido a consecuencia de las serias denuncias y señalamientos en su contra por la posible malversación de recursos y abuso de autoridad durante lo que va de su breve gestión.

Las nuevas pruebas, ya en manos del CEN panista, que podrían ser cruciales para su posible destitución tienen que ver con las declaratorias (firmadas por el escrito) del ex tesorero Genaro Rubén Aguilar Romero, y los ex trabajadores del área contable del Comité Estatal, quienes, de manera clara y precisa, detallan las irregularidades financieras cometidas por Ovando Reazola y su grupo de administradores.

Los documentos entregados al CEN Nacional del PAN el pasado 3 y 15 de marzo, respectivamente, a modo de comparecencias escritas, precisan diversos comportamientos y decisiones anómalas tomadas por Janette Ovando durante el ejercicio presupuestal de 2016. Determinaciones como la retención unilateral de las prerrogativas a los comités municipales y el incumplimiento en los informes de fiscalización.

El propio ex tesorero panista señala que personalmente le informó a Ovando sobre la obligación legal que implicaba la entrega de las prerrogativas municipales en tiempo y forma. Requerimientos que hoy tienen constancia en las solicitudes y fichas informativas enviadas por la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, con fecha del 6 de febrero del año en curso.

En su declaratoria, Aguilar Romero señala que la negativa de la actual presidenta estatal para liberar los pagos de prerrogativas y la presión de los comités municipales generaron fuertes tensiones entre el área de tesorería y Ovando Reazola, quien, finalmente, terminó por destituirlo del cargo en diciembre de 2016. La inconformidad del equipo administrativo (tesorería) por las decisiones arbitrarias concluyó siendo incompatible con la dirigencia del blanquiazul en Chiapas. 

Tras la destitución arbitraria e injustificada de Genaro Aguilar, fue designada como Encargada de Despacho Norma Lilia Cruz Salas; sin embargo las decisiones dentro de la Tesorería quedaron bajo tutela externa de Amado Moreno Coello, amigo personal de la dirigente estatal y miembro activo de su misma congregación religiosa, también inmiscuida en el posible desvío de recursos partidistas. 

Cruz Salas serviría para firmar como responsable de los movimientos financieros dentro del partido, sin que Amado Moreno adquiriera ninguna responsabilidad legal. Así se realizaron innumerables operaciones evidentemente arbitrarias como la asignación de 47 mil pesos semanales para la presidencia por concepto de papelería desde el 27 de enero, sin que existieran los contratos, facturas y fichas de transferencia correspondientes. 

Para la encargada de despacho la situación fue insostenible, por lo que terminó renunciando el 8 de febrero de este mismo año, deslindándose de “las irregularidades detectadas en el manejo de recursos financieros (…) así como la falta de cumplimiento a lo establecido por el artículo 8º del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional”.

Pero las cosas no quedaron ahí. Según consta en las declaraciones de los ex trabajadores del área contable (Norma Cruz, Ignacio Morales, Andrea Gómez, Pedro Álvarez y Carlos Gutiérrez), desde la llegada de Janette Ovando también comenzaron a acrecentarse las inconsistencias en la entrega de las comprobaciones fiscales. La dilación e incumplimiento en la entrega de facturas, estados de cuenta, transferencias y pagos se hicieron recurrentes.

Fue el mismo Amado Moreno Coello quien se encargó de despedir a los trabajadores del área contable que, en la mayoría de los casos, tenían más de 10 años laborando en el Comité Estatal. El argumento consistió en que simplemente no había más recursos para seguir pagando sus salarios. Eran, sin dudas, las piezas restantes para apoderarse por completo del control financiero del partido, sin testigos “ajenos” de por medio.

Son estas, en resumen, parte de las acusaciones formales que hoy constan por escrito ante el Comité Ejecutivo Nacional. Una situación comprometedora que inevitablemente podría complicar la permanencia de la controversial Janette Ovando a quien “la fiesta” parece estársele acabando muy temprano.

Los aires de relevo en la dirigencia estatal panista resuenan hoy con mayor fuerza, por lo que los anuncios desde las oficinas de Ricardo Anaya con respecto al caso Chiapas parecen ya inevitables… Así las cosas.