Elecciones en el estado de México

Este domingo 4 de junio hubo elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. En los primeros para renovar las gubernaturas de los estados y en el último fueron comicios municipales para las 212 alcaldías.

En Veracruz dos hechos han estigmatizado la jornada: La violencia y el triunfo sospechoso de Fernando Yunes Márquez, hijo del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Márquez ha ganado la elección para la presidencia municipal del Puerto de Veracruz y es parte de un clan familiar enredado en acusaciones penales, presunto lavado de dinero, riqueza escandalosa, abuso de poder e impunidad.

Márquez, como su padre y todos sus demás familiares, milita en el Partido Acción Nacional, partido que paradójicamente mantiene un rabioso discurso en favor de la honestidad y la honradez. Es decir, su proclama está cosechada en la simulación y la falacia.

Sin embargo, los reflectores se centraron en el estado de México por razones particulares. Finalmente el PRI le alzó la mano de la victoria a su candidato Alfredo del Mazo Maza, miembro de una familia política originaria de Atlacomulco que históricamente ha gobernado esa región, hoy la más habitada y peligrosa del país por sus altos índices de delincuencia.

Desde 1929 el PRI se ha mantenido en el poder en el estado de México. Si bien la gente antes votaba por ese partido como tradición familiar porque ser priísta era como ser católico, en los comicios de 2017 se vio en apuros  y, con la puesta del sol, Del Mazo Maza le sacó apenas 3 puntos porcentuales a la candidata de MORENA, una ex maestra de primaria que fue alcaldesa del municipio de Texcoco, con escasa preparación política, Delfina Gómez.

Tan pronto el Instituto Electoral del Estado de México dio los primeros resultados oficiales que marcaba la tendencia favorable al priísta Del Mazo Maza,  Andrés Manuel López Obrador colgó a su cuenta de facebook un video en el que desconoce los resultados y, con su clásica y aborrecible perorata, acusa a la mafia del poder de haber preparado una elección de estado.

No hubo tal porque el PRI ganó con mucho esfuerzo. Quizá la propuesta política de Del Mazo fue suficiente para afianzarse en la gubernatura. Las más importante tiene qué ver con la seguridad. En el estado de México, que tiene el municipio más poblado del país que es Ecatepec, al día 4 millones de personas usa el transporte público y el 91 por ciento dice sentirse insegura tanto en los buses como en las calles, según una encuesta del INEGI de marzo de 2017.

Las otras es implementar el estado de rosa; es decir, dar mayor seguridad, empleo y protección a las mujeres. Y una tercera es precisamente estimular el empleo para fortalecer el ingreso de las familias.

El PRI también ha conquistado Coahuila con muchos aprietos porque su abanderado con una diferencia de sólo 340 votos se impuso al del PAN. Pero en la democracia real y tangible se gana o se pierde con un voto y sólo los retrógrados y mesiánicos  hablan de fraude, de imposiciones o de elecciones de estado.

Las elecciones del estado de México eran clave. Con 16 millones de habitantes, allí se concentra el 17 por ciento del padrón nacional del país y, ciertamente, no estaba sólo en juego la gubernatura de ese estado. Algo más, mucho más preciado, porque el estado de México es un bastión del PRI de hace mucho tiempo.

Aunque López Obrador sigue con su discurso ya acostumbrado, absurdo e inverosímil sobre la mafia del poder, un discurso que ya no vende y nadie le cree, el triunfo del PRI en el estado de  México da una bocana de oxígeno limpio al inquilino de Los Pinos quien, sin duda, los próximos días ya podrá dormir tranquilo.

La civilidad del pueblo mexicano debe aplaudirse. Así debemos llegar a 2018 porque la violencia sólo la promueven los émulos del loco tirano que gobierna Venezuela entre el caos, la sangre y el hambre del pueblo.

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) activó un Plan de Monitoreo y Atención Estatal, mediante las delegaciones regionales en toda la geografía chiapaneca para atender, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil (PC), cualquier contingencia que pudiese presentarse ante el paso del Ciclón Tropical Beatriz .

En este sentido, el titular de la SOPyC, Jorge Alberto Betancourt señaló que se tiene un registro de maquinaria dispuesta en prácticamente toda la entidad, además de coordinación con empresas particulares que de manera responsable, mantienen disposición para prestar atención.

Explicó que se trabaja de forma coordinada con autoridades de Protección Civil para monitorear, junto a las delegaciones regionales, las condiciones de caminos, carreteras, puentes y en general toda la infraestructura carretera y de servicios en la entidad.

Apuntó  que el plan de monitoreo no es emergente, sino el protocolario por la temporada de lluvias y tiene por intención monitorear, prevenir y solucionar cualquier afectación que las precipitaciones reportadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pudiesen generar en infraestructura pública estatal.

“Estamos alertas y trabajando con la prevención que es la principal herramienta para atender la temporada de lluvias”, dijo Betancourt Esponda.

Finalmente el titular de la SOPyC agregó que este monitoreo se actualizará con informes a corto plazo, sin embargo, de momento no se tiene reportes de afectaciones mayores en territorio chiapaneco.

Es apenas un primer paso. Falta mucho que andar, pero algo se avanzó. El Congreso de Jalisco logró aprobar la reducción de financiamiento público a los 
partidos políticos.

Los partidos políticos le cuestan muy caro a los mexicanos. Cómo faquires, los mexicanos aportan dinero de contribuciones hacendarias para el mantenimiento y desarrollo de estas entidades de interés público que “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”, según se lee en el Artículo 3° de la Ley General de Partidos políticos. 

Es de todos conocido el accionar de los partidos políticos, sabemos que poco contribuyen a la finalidad para la que están planteados, por eso es que el paso que dio el Congreso del Estado de Jalisco es trascendental en materia electoral y ejemplo para otros congresos estatales.

En términos económicos se logró que en vez de gastar aproximadamente 260 millones de pesos cada 12 meses, solamente representara un egreso de 80 millones de pesos, es decir, un ahorro de 180 millones de pesos, para destinarlos a otros fines de beneficio social.

El Congreso de Jalisco, trabajó esta semana sobre las reformas a su constitución política y al Código Electoral y de Participación Electoral donde logró disminuir un diputado de representación proporcional, para quedar en número par de 18, y así mejorar la toma de decisiones; dos regidores en los tres municipios más importantes de la entidad, uno de mayoría y otro de representación proporcional, y en siete más de las ciudades medias, se elimina un regidor de mayoría relativa. Los demás, quedan igual. Hubo otras reformas que son interés de la población de ese Estado de la república. 

La iniciativa se la atribuyen al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero mediáticamente es el diputado independiente José Pedro Kumamoto Aguilar, quien la reforzó con una fórmula para los años en que no se efectúen elecciones en el Estado, a efecto de que el financiamiento se fijará anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el 20 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El 30 por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Según lo apunta el boletín respectivo del Congreso del Estado.

Como el camino se hace al andar, la legislación de Jalisco ya dio el primer paso. Veremos que otros congresos de las entidades federativas se unen a este proyecto para lograr que la medida se implemente nivel nacional. 

Constitucionalmente los partidos políticos tienen derecho a recibir, financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público, aunque algunos dirigentes no lo entienden.