Más de 4 mil habitantes de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas solicitaron al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que se construya un mercado moderno y atractivo para la venta de artesanías para que se recupere el espacio arquitectónico del conjunto de Santo Domingo, actualmente rodeado por puestos de vendedores de artesanías.

Iniciativa promovida por el Comité Vecinal del Centro, el Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Cristóbal y la Asociación de la Crónica Sancristobalense quienes lograron recabar 4 mil 150 firmas.

"Somos mujeres y hombres comprometidos con el patrimonio histórico de nuestra ciudad, sensibles a su peculiar belleza y preocupados por la falta de atención, la nula protección y la escasa inversión en restauración y mantenimiento de edificios del siglo XVI, verdaderos tesoros históricos, únicos en América del Norte”, señalaron a través de una carta enviada al mandatario federal.

Agregaron que la Alameda, el exconvento de Santo Domingo, así como los templos de Caridad y Santo Domingo constituyen un conjunto único de joyas arquitectónicas unidas a un parque arbolado, cerca del barrio de El Cerrillo, uno de los más antiguos de la ciudad, fundada en 1528.

“Es un lugar muy concurrido por los turistas que nos visitan del extranjero y de todos los estados mexicanos por el interés de conocer estos monumentos y para comprar las artesanías de la región, fabricadas principalmente por los pueblos originarios de los alrededores”, destacaron.

Refirieron que los monumentos históricos y las culturas vivas indígenas de origen maya son el tesoro y el acervo cultural de esta ciudad, "manifestamos nuestra solidaridad con todas las comunidades indígenas vecinas. No sólo nos pertenecen a los ciudadanos habitantes de San Cristóbal de Las Casas y pueblos vecinos, sino que son parte de la historia de este país".

Finamente recordsrin que desde hace más de 30 años, cientos de indígenas se establecieron paulatinamente en los espacios ubicados frente a los templos de Santo Domingo y Caridad, siendo en el año de 1994 cuando creció más el ambulantaje obstaculizando la vista de los edificios con los plásticos y lonas.

Germán Fernando Yáñez, comandante Insurgente de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), urgió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, retire a sus soldados del cuartel de San Quintín ubicado dentro del municipio de Ocosingo y entregue a los indígenas ese espacio para que ahí se construyan escuelas y hospitales.

Así también pidió que el aeropuerto para vuelos civiles se acondicione para el uso de esas instalaciones en beneficio de miles de habitantes de las comunidades que carecen de lo indispensable.

A través de una escrito enviado al mandatario mexicano, el comandante Germán, indicó que la petición de sacar a militares de las comunidades indígenas o pueblos originarios, no pone en riesgo a ningún habitante.

Recordó que el 2 de diciembre pasado entregó a López Obrador una carta en la que le solicitó retirar unidades y campamentos militares de comunidades indígenas y campesinas desplegadas en Chiapas y en el resto del territorio mexicano como lo ordena la carta magna. “No quedaba ninguna duda de nuestra parte de que esta era y es una demanda de carácter político compartida por la gran mayoría de los habitantes de dichas comunidades”.

Destacó que la respuesta a la petición política de carácter ciudadano es contestada sólo por militares, sus subalternos para ser precisos: El Subjefe de Inteligencia Militar del Estado Mayor; el titular de la Unidad de Transparencia y jefe de la Oficina de Atención Ciudadana y el Director General de Archivo e Historia de la Defensa Nacional, todos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos argumentos militares rayan en lo violatorio a la ley civil y continúan promoviendo la fallida, pero muy común narrativa de criminalizar a las víctimas.

Sostuvo que esta respuesta militar a un asunto político contradice el muy propagado espíritu de su gobierno de que son civiles, no militares, quienes dirigen a la nación, estos generales de las fuerzas armadas no pueden ni deben dar respuesta a la petición hecha al mandatario y que sólo a él le corresponde decidir.

"Por tanto, reformulo nuestra petición una vez más de la siguiente manera: en el año de 1995 las comunidades aledañas a la laguna de Miramar en Chiapas fueron despojadas por instrucciones del Presidente en turno, de sus terrenos ancestrales para instalar un enorme cuartel con aeropuerto que ahora se conoce como el cuartel San Quintín, el costo de construcción y su mantenimiento actual usted debe conocerlo, que además de oneroso es inútil, los daños ocasionados a dichas comunidades son evidentes y del dominio público; puede constatarlo a través de sus institutos gubernamentales de derechos humanos, que para eso fueron creados”, acotó.

*Piden castigo para los responsables que las agredieron sexualmente hace 25 años.

Integrantes de organizaciones civiles y las hermanas González Pérez, se manifiestaron afuera de la guarnición militar en San Cristóbal de Las Casas para exigir justicia y castigo a los militares quienes hace 25 años en el municipio de Altamirano las agredieron.

La mañana de este martes Ana, Beatriz y Celia González Pérez, acompañadas de mujeres de Acteal, la Cocidep y otras organizaciones de la sociedad civil, pidieron justicia y castigo a los responsables de la violación y tortura de las hermanas González Pérez.

Las afectadas recordaron que el 4 de junio de 1994 en el municipio de Altamirano integrantes del Ejército Mexicano las detuvieron arbitrariamente junto con su madre Delia Pérez de González, a quien obligaron a presenciar como las golpeaban, torturaban y las violaban.

El 30 de junio de 1994 denunciaron los hechos en la Procuraduría General de la República que cedió y trasladó la investigación a la Procuraduría de Justicia Militar en septiembre de 1994, dependencia que archivó el expediente. En 1996 interpusieron una denuncia en contra del Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión recomendó al Estado Mexicano investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad y sanción de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las hermanas González Pérez.

Agregaron que han transcurrido 25 años de impunidad y olvidó, cinco administraciones de gobierno que han sido indiferentes y omisos, perpetuando la violencia patriarcal y racista.

"La nueva administración en sus discurso, ha asumido el compromiso de respeto a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres, en ese marco le recordamos que existe una deuda histórica con nosotras, le pedimos al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador atienda con prontitud nuestra demanda".

Finalmente las afectadas urgieron castigo a los responsables, reconocimiento público de la responsabilidad y reparación integral por el daño causado.

Con la siembra de dos mil árboles de pino, encino y especies nativas en un predio de la comunidad El Carmen Arcotete siniestrado el año pasado por un incendio forestal, dio inicio la XI Campaña de Reforestación impulsada por el Comité de Cuenca y Ciudadanos por la Acción Territorial en la Cuenca del Valle de Jovel

Rodrigo Hess Poo, Coordinador del Comité de Cuenca, plantó el primero de millón y medio de árboles considerados como meta para miles de predios en municipios de Zinacantán, San Juan Chamula, Teneja, Huixtán y San Cristóbal, que conforman la Cuenca hidrográfica de San Cristóbal.

En su intervención Hess Poo, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno, organizaciones de vocación ambiental y a la ciudadanía a diseñar y ejecutar acciones urgentes y concretas para restaurar la cuenca en sus partes alta y media esenciales para la recarga de los cuerpos de agua. 

Indicó que es necesario que autoridades y ciudadanía dimensionen la problemática ambiental por la que se está atravesando, que este año alcanzó dimensiones alarmantes con el colapso de los humedales de María Eugenia, los arroyos Chamula y Navajuelos, además del Rio Fogotico.

Hess Poo, reconoció a los presidentes de Tenejapa, Zinacantán, Huixtán y al Síndico de San Juan Chamula, por el interés manifestado en sumarse a las campañas de reforestación en sus respectivos municipios que también fueron afectados por la escases de agua.

Por su parte Alejandro Ruiz Guzmán, coordinador de la campaña de reforestación, dijo que en esta primera actividad participó cerca de un centenar de voluntarios de las facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Extensión Universitaria de la Unach, Así como estudiantes de la Unich, la Escuela Primaria Vicente Guerrero y trabajadores de Materiales de los Altos y Pronatura.

El también presidente de Ciudadanos por la Acción Territorial en la Cuenca del Valle de Jovél, refirió que en esta primera actividad se plantaron 2 mil árboles de pino, encino y especies nativas, producidas en los viveros de la Conafor, Ecosur, La Albarrada y Moxviquil.

Informó que la entrega de árboles a los solicitantes, iniciará el día cinco de junio en los viveros que se les asigne, por lo que los interesados deberán contactarse a la oficina del Comité de Cuenca.

Ruiz Guzmán anunció que la siguiente actividad se llevará a cabo el próximo jueves seis de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en un predio situado en el municipio de Zinacantán, en la que participará personal del Ayuntamiento de ese municipio y alumnos de diferentes instituciones educativas.

Finalmente dio a conocer que para los voluntarios que deseen asistir al municipio de Zinacantán, el punto de reunión será la Plaza Catedral a las 8 de la mañana.