Libre Silvia Juárez, defensora zoque ^Destacado

El pasado 28 de marzo de 2017, después de 35 días de encarcelamiento arbitrario, obtuvo su libertad Silvia Juárez Juárez (Silvia Juárez), indígena zoque, defensora comunitaria de derechos humanos, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, en resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán, Chiapas y la región; quien fue detenida el pasado 21 de febrero de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y se encontraba en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate, en el municipio Cintalapa de Figueroa.

El Juzgado de Control y Enjuiciamiento, con sede en Cintalapa de Figueroa, ordenó la libertad de Silvia Juárez después de que la Procuraduría de Justicia del Estado se desistió de la acción penal por los delitos de secuestro, daños y motín, por considerar que al Ministerio Público le faltaron elementos para acreditar los mencionados delitos.

Sin embargo, Silvia Juárez aún está sujeta a proceso con la obligación de firmar ante Juzgado cada quince días, porque el Lic. César Rodríguez Robles, Juez de Control, consideró que existen elementos para acreditar el delito de daños.

Horas antes de que Silvia Juárez quedara en libertad, el Presidente Municipal de Tecpatán Armando Pastrana Jiménez promovió un amparo por el desistimiento de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE), para evitar que la defensora comunitaria obtuviera su libertad.

Además de mantener denuncia en contra de 29 personas defensoras comunitarias, ante el Fiscal del Ministerio Público en Chiapa de Corzo, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa.

Debido al hostigamiento judicial y ante el temor de ser privados arbitrariamente de su libertad, el pasado 23 de febrero, los defensores comunitarios Sergio Cruz Escobar y Lucas Nañes Castellanos solicitaron amparo y protección por orden de aprehensión en su contra.

El dos de marzo de 2017, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas les requirió la cantidad de 19,000.00 pesos a cada uno, como fianza para obtener la suspensión de la orden de aprehensión. Ante la imposibilidad de que los defensores comunitarios realicen el depósito requerido su libertad se encuentra en riesgo.