Chiapas, 19 de febrero de 2026.– Como resultado de la coordinación institucional entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fueron inhabilitadas, en redes sociales, diversas páginas y cuentas digitales que operaban bajo las denominaciones de “Chiapas Crudo”, “Tabo Ruiz”, “Marino Militar” y “Lupita Álvarez Jiménez”, las cuales se encuentran bajo investigación.

Las investigaciones desarrolladas por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo permitieron establecer líneas de análisis relacionadas con dichos espacios digitales, al identificarse indicios sobre su posible utilización como instrumentos para la difusión de contenidos que afectan el orden público y la seguridad.

Derivado de los actos de investigación y del análisis jurídico correspondiente, las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes en contra de las o los administradores para el esclarecimiento de los hechos, con estricto apego al marco legal vigente.

Con estas acciones, el gobierno de la Nueva ERA fortalece su política firme para impedir que plataformas digitales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera que el uso de medios digitales para la comisión de conductas ilícitas, la manipulación informativa o la generación de narrativas vinculadas a posibles estructuras delictivas será investigado y, en su caso, sancionado conforme a derecho.

Así mismo se exhorta a la ciudadanía a conducirse con responsabilidad en el entorno digital, evitar la difusión de contenidos de origen ilícito y denunciar cualquier espacio o conducta en redes sociales que pudiera estar relacionada con actividades delictivas.

El Gobierno del Estado actuará con determinación, firmeza y estricto apego al marco jurídico.

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Chiapas se convierte en el primer estado del país en establecer, mediante un acuerdo institucional, el compromiso de garantizar una justicia inclusiva y con perspectiva de género, infancia y adolescencia. Este avance no surge de un discurso político, sino de la firma de un documento oficial que involucra a los tres poderes del Estado y que compromete a jueces y magistrados a actuar con enfoque sensible ante los sectores históricamente vulnerados.

El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la iniciativa en coordinación con Alma Rosa Cariño Pozo, presidenta de la Colectiva 50+1 Chiapas. Ambas figuras promovieron la firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias, el cual obliga a incorporar estos enfoques en todos los procesos judiciales, no como una opción, sino como una obligación institucional.

El acto fue atestiguado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien enfatizó que su administración no actúa con indiferencia ante la violencia, sino con acciones concretas para reconocer los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En su mensaje, reiteró el compromiso de su gobierno por erradicar las injusticias que afectan especialmente a estos sectores en la entidad.

Este acuerdo fue firmado también por representantes del Poder Legislativo y por juzgadores electos. Se espera que, a partir de su implementación, se refleje un cambio real en la atención judicial, administrativa y ciudadana, donde el trato sea sensible y equitativo.

El trabajo de activistas y colectivas feministas fue clave para concretar este avance. Mujeres como Gabriela Coutiño Montes, Aracely López Trejo, Laura León Carballo, Nereyda Saldaña, Lupita Maza, Carolina Cariño, entre otras, han luchado durante años por una justicia que no castigue el género o la edad, sino que proteja y acompañe a quienes más lo necesitan.

No se trata de un logro simbólico, sino de una transformación profunda que, de cumplirse, podría marcar un antes y un después en la impartición de justicia en Chiapas y en todo el país.

Elecciones en Pantelhó se realizarán con condiciones de seguridad

En otro tema, la titular del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Magdalena Vila Domínguez, confirmó que las elecciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó se llevarán a cabo el próximo 31 de agosto. Aseguró que existen condiciones de seguridad gracias al despliegue de operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.

Patricia Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno, informó que se han instalado mesas de diálogo en diversas comunidades indígenas del municipio, lo que ha permitido disminuir las tensiones sociales y generar confianza entre los ciudadanos.

A diferencia de procesos pasados marcados por la violencia, hoy no se respira miedo, sino una voluntad clara de participar de manera pacífica en las urnas.

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