*Van al rescate de este sector, en donde temen perder derechos ganados en toda una vida de trabajo

 Un grupo de docentes chiapanecos, jubilados y pensionados, inició una jornada de movilizaciones ante el temor de perder los beneficios de haber trabajado en el magisterio toda la vida.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados se plantaron en las afueras del Congreso del Estado para externar su desacuerdo y preocupación con el anuncio que hiciera el gobierno federal respecto al recorte de las pensiones de los docentes jubilados.

Señalaron que en estados del norte del país y en algunos como Veracruz, los descuentos ya entraron en vigor. Los descuentos van desde el 10, 20, 30 y 40 por ciento de pensiones que van desde los 2, 500.00 pesos mensuales.

Indicaron que las disposiciones de la Reforma Educativa contempla acabar con las pensiones y servicios médicos, además de que existe el rumor de que en Chiapas el presupuesto ya no da para sostener las pensiones.

Lamentaron que los docentes y todos los jubilados dejaron toda su vida en diferentes puestos de trabajo, y ahora se les pretende quitar ese derecho ganado con gran esfuerzo.

En este escenario, sentenciaron que continuarán con las movilizaciones para exigir a los representantes populares locales sean los mediadores para que esta disposición no entre en vigor en el estado de Chiapas.

De lo contrario, los jubilados estarían realizando otro tipo de movilizaciones de acuerdo al resultado que obtengan derivado de este primer acercamiento con los diputados chiapanecos.

BOTEO

Cabe destacar que, a mediados de marzo de 2017, ante la negativa de las autoridades federales  para resolver  el pliego petitorio presentado al ISSSTE,  maestros  jubilados y pensionados de la región Altos de Chiapas  llevaron a cabo un  boteo en la autopista San  Cristóbal- Tuxtla Gutiérrez,  a la altura del kilómetro 45.

Por espacio de 4 horas, la colecta  detuvo el flujo lento de automóviles. Según los maestros, esta acción fue para  “recaudar fondos y continuar en la lucha para exigir sus derechos elementales como es la seguridad social, atención medica digna; tanto en medicamentos  como en especialidades y el trato especializado en la atención al adulto mayor”, así lo informó María Agustina Martínez Pérez.

Este fin de  semana inició la campaña internacional para exigir la liberación de la activista Silvia Juárez, quien se encuentra recluida por orden del alcalde de Tecpatán,  Armando Pastrana Jiménez. 

Es de recordar que el pasado  13 de febrero del 2017,  los pobladores del municipio realizaron una protesta contra el edil a quien reclamaron por el uso indebido del recurso público.

Ante ello, la respuesta del alcalde Pastrana fue la represión con el uso de la fuerza pública, así como la detención de quienes encabezaban la protesta. 

Silvia fue una de los detenidas por su oposición a la explotación del petróleo que pretenden realizar empresas extranjeras en 84 mil hectáreas de la zona Zoque de Chiapas, proyecto en el que el alcalde tiene intereses económicos personales. 

Así mismo, 23 líderes que encabezan el Movimiento en Defensa del Territorio y Recursos Naturales de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán de Tecpatán,  cuentan con orden de aprehensión. 

La activista se encuentra recluida en el Penal El Amate de Cintalapa de Figueroa, sin motivo aparente. El Centro de Derechos Humanos Frayba lleva el caso en el que aseguran el alcalde es quien ha orquestado la represión contra los activistas que se oponen al saqueo del territorio Zoque. 

Por ello han emprendido la campaña nacional e internacional para exigir la liberación de la activista considera una presa política,  víctima de Armando Pastrana Jiménez y de los intereses capitalistas. 

HECHOS

En agosto de 2016, iracundos pobladores de la comunidad El Narando retuvieron al alcalde Pastrana por más de diez horas. Lo acusan de incumplimiento a compromisos de campaña, nepotismo y corrupción.

Habitantes del municipio de Tecpatán, ubicado en el centro del estado, quemaron el edificio de la Presidencia en protesta porque el edil no dio respuesta a las demandas de infraestructura.

De acuerdo a trabajadores de la presidencia, el edil, Armando Pastrana Jiménez, fue acusado del uso indebido de recursos públicos por las comunidades. Cuando llegaron a reclamarles, policías municipales intentaron desalojarlos.

“La gente se enojó y empezaron a prenderle fuego a los documentos que encontraron a su paso. Sacaron muebles al patio y los destruyeron”, explicaron. Quebraron cristales y saquearon papelería del edifico gubernamental. También incendiaron la estación de policía.