La muerte de una persona dentro de un centro penitenciario siempre es motivo de preocupación. No solo por las condiciones en las que ocurre, sino por lo que revela sobre el funcionamiento del sistema penitenciario, la seguridad de los internos y, en este caso específico, por el perfil público del fallecido.

Yudiel, conocido en redes sociales como "El Coyote Consentido", fue una figura que generó polémica en distintos sectores sociales. Su presencia en plataformas digitales lo posicionó como una voz visible, aunque también como una figura controversial, acusada en múltiples ocasiones de ejercer violencia mediática, difamación y chantaje, bajo el argumento del activismo y la libertad de expresión.

A lo largo de su actividad pública, su estilo confrontativo, sus denuncias no verificadas y los señalamientos en su contra por actos ilícitos generaron tanto seguidores como detractores. Lo que es innegable es que su actuar dejó una huella significativa, y muchas veces dolorosa, en personas, familias y comunidades.

El marco legal que protege el ejercicio periodístico y la libertad de expresión no puede ser utilizado como escudo para dañar a terceros. Y este caso pone sobre la mesa una discusión urgente: la necesidad de regular de manera más clara y responsable la labor informativa en plataformas digitales, sin vulnerar derechos pero sí exigiendo ética, veracidad y responsabilidad social.

Hoy, su muerte dentro del penal debe ser investigada con rigor. No corresponde especular, sino exigir claridad. No es momento de construir mitos, sino de observar con atención todo el contexto. Si hubo omisiones, negligencias o irregularidades, deben esclarecerse.

Como medio, consideramos fundamental mantener una postura crítica pero respetuosa ante los hechos. La vida de cualquier persona merece respeto, y la búsqueda de justicia no puede nublarse por simpatías o antipatías personales.

Ni héroe ni villano. La historia de Yudiel es compleja, y su desenlace abre una conversación necesaria sobre los límites del discurso público, el rol de las instituciones y las consecuencias de nuestras acciones en una sociedad cada vez más expuesta y dividida.

Integrantes de la organización "Solidarios de la Voz del Amate", dieron a conocer la liberación de Nicolás Gómez López, indígena tsotsil que permaneció encarcelado injustamente durante 16 años en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) Número 5. 

En conferencia de prensa realizada en la Plaza Catedral, indicaron que su caso identificado como la causa penal 106/2008, es un ejemplo más de las irregularidades y violaciones a los derechos humanos en el sistema de justicia en México.

Agregaron que Nicolás Gómez López, fue detenido junto a sus hermanos Mariano, Marcos, Mario y Martín, todos de apellidos Gómez López, en el paraje Jolitontic, municipio de Chalchihuitán, sin pruebas suficientes, los cinco fueron condenados a 31 años y 9 meses de prisión. 

Destacaron que durante su detención, los hermanos fueron víctimas de tortura por parte de elementos de la Policía Especializada del Ministerio Público Investigador, denunciaron a sus familiares y organizaciones defensoras.

Expresaron que el padre de los detenidos, Martín Gómez Luna, sufrió igualmente tortura. "Su estado de salud se deterioró y falleció bajo arraigo domiciliario en septiembre de 2019, dejando en evidencia las consecuencias devastadoras de estas prácticas ilegales".

Finalmente, los Solidarios de la Voz del Amate, exigieron justicia y libertad para todos los presos políticos y víctimas de detenciones arbitrarias en Chiapas. “El Estado tiene una deuda pendiente con los pueblos indígenas y con quienes se encuentran encarcelados injustamente".

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Piden libertad de defensores indígenas

Habitantes de las Cañadas de la Selva de Chilón se manifestaron frente al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5, la mañana de este lunes.

En el marco de la Jornada de Lucha por el Dia de la Resistencia Indígena, los manifestantes exigieron el fin de la criminalización de los defensores del territorio y la liberación de tres presos políticos tseltales: Juan Carlos Guillén Moreno, Francisca Silvano Saragoz y Marcos Díaz Hernández.

Los inconformes indicaron que Juan Carlos Guillén Moreno, campesino indígena tseltal y miembro activo del Frente Popular Revolucionario (FPR), fue detenido el 9 de octubre de 2024, mientras acompañaba a su padre a una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario.

 "Su arresto es visto por las comunidades indígenas como una represalia por su participación en el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), donde protestaba contra la militarización en su región. Guillén ya había sido objeto de represión en 2020 por manifestarse pacíficamente contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Bachajón", expresaron.

Agregaron que Francisca Silvano Saragoz y Marcos Díaz Hernández, están presos en los Centros Estatales de Reinserción Social (CERSS) 5 y 16 respectivamente, acusados ​​de delitos que fueron fabricados para despojarlos de sus tierras.

Respecto al caso de Marcos Díaz, se denunció un traslado ilegal a otra prisión, donde ha sido sometido a tratos degradantes y actualmente incomunicado.

Los familiares de los presos y sus compañeros de lucha aseguraron que las acusaciones carecen de pruebas y que los detenidos han sido víctimas de tortura, violando sus derechos humanos. Finalmente pidieron que el gobierno intervenga para otorgarles la libertad inmediata en la mesa de reconciliación.

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