Acteal, Chenalhó, Chiapas.— La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció públicamente la presunta privación arbitraria e ilegal de la libertad de dos de sus integrantes, identificados como José Alfredo Jiménez Pérez y Eusebio López Guzmán, hechos que según la organización ocurrieron durante la mañana de este viernes 7 de agosto.

A través de un comunicado dirigido a los tres niveles de gobierno, Las Abejas de Acteal señaló como presuntos responsables a autoridades comunitarias de Centro Nuevo Yibeljoj y Nuevo Yibeljoj Uno, entre ellos los agentes Mariano Pérez Ruiz y Bonifacio Santiz Vázquez, así como sus respectivos auxiliares y patronatos de luz.

De acuerdo con la denuncia, el conflicto estaría relacionado con el servicio de energía eléctrica del señor Sebastián Jiménez Santiz, cuyo suministro habría sido suspendido desde el pasado 15 de junio por autoridades de ambas comunidades. La organización afirmó que decidió reanudar el servicio este viernes, luego de señalar que no había recibido una respuesta favorable de las autoridades ante la suspensión.

Las Abejas de Acteal indicó que antes de realizar la reconexión informó de la situación al presidente municipal y al delegado de Gobierno, con la finalidad de solicitar garantías de seguridad.

La organización también recordó que el 15 de octubre de 2024, integrantes de las comunidades señaladas presuntamente destruyeron la casa de un campamento de sus compañeros de Nuevo Yibeljoj, por lo que consideró que existe un antecedente de conflictos y presuntas agresiones contra sus integrantes.

Ante estos hechos, Las Abejas de Acteal responsabilizó a las autoridades comunitarias y gubernamentales por la situación y exigió la intervención inmediata de las autoridades para garantizar la libertad de José Alfredo Jiménez Pérez y Eusebio López Guzmán. La denuncia fue firmada por integrantes de la mesa directiva de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Cerca de dos millones de personas en Chiapas, es decir, una de cada tres, dependen parcial o totalmente de sistemas comunitarios para acceder al agua potable, debido a la falta de cobertura de los servicios públicos en comunidades rurales y periurbanas, advirtió la organización Alianza Aguas Comunes.

De acuerdo con un análisis territorial elaborado por RED+AGUA Chiapas, con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, aunque las cifras oficiales reportaban una cobertura de agua del 89.4%, solo el 47.3% de los hogares en la entidad cuenta con una toma domiciliaria y apenas el 41.2% recibe agua diariamente.

Ante este panorama, la organización señaló que son los propios habitantes, mediante comités, patronatos y asambleas comunitarias, quienes administran, operan y mantienen los sistemas de abastecimiento de agua en localidades donde las instituciones no han logrado garantizar el servicio.

Por ello, hizo un llamado al Congreso del Estado para que la nueva Ley de Aguas reconozca legalmente a los sistemas comunitarios, les otorgue respaldo institucional, capacitación, asistencia técnica y acceso a financiamiento para fortalecer su operación.

La Alianza Aguas Comunes propuso cinco ejes para la nueva legislación: reconocimiento legal de los sistemas comunitarios, corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades, capacitación y asistencia técnica, mecanismos de coordinación con los municipios y la creación de un registro simple y gratuito de estos sistemas.

Los representantes de la organización afirmaron que la gestión comunitaria no sustituye la responsabilidad del Estado, sino que complementa la prestación del servicio en las zonas donde la infraestructura pública es insuficiente, por lo que fortalecer estos modelos permitirá avanzar en el cumplimiento del derecho humano al agua en Chiapas.

La Alianza Aguas Comunes está integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorios rurales e indígenas del sur de México y junto con RED+AGUA Chiapas, asegura haber contribuido a mejorar el acceso al agua y al saneamiento para más de 120 mil personas en 321 comunidades del sureste del país.

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