Fracasó la ley interna de usos y costumbres celebrada por el Cabildo municipal y el pueblo católico, en donde acordaban erradicar la venta de alcohol en la cabecera municipal, pues dicha ley provocó el aumento de la venta clandestina y la alteración del precio de la cerveza y aguardiente, ante la necesidad de los consumidores.

Luego de que se anunciara con bombo y platillo el acuerdo pactado y que fue publicado en diversos medios de comunicación local, estatal y nacional, resultó absurdo que las propias autoridades violaran los acuerdos, como el caso del síndico municipal,  Ramiro González Patishtán y algunos regidores.

Esta ley causó controversias, toda vez que el alcohol y el aguardiente forman parte de las tradiciones del municipio indígena enclavado en la región norte  de los bosques, incluso el depósito más grande del municipio se resistió en acatar el acuerdo, derivando a que el pueblo entero le saqueara su domicilio.

Asimismo, al síndico municipal, Ramiro González y sus familiares se les ha visto con vehículos oficiales protagonizando diversos  escándalos en vía pública, mientras que al pueblo los tenían sometidos prohibiéndoles la compra y consumo de alcohol, derivando con ello desobedecer los acuerdos y el mandato interno que únicamente por unos meses causó efecto.

 Continúan retenidos los tres policías estatales en la comunidad Álvaro Obregón acusados por presunta extorsión en agravio de un lugareño de aquel ejido, pues extraoficialmente se supo que les exigen 200 mil pesos de multa para ser liberados.

Se informó que el pasado lunes, dos policías de la PEP y un agente de Tránsito del Estado, que se encontraban en un puesto de control en la entrada del municipio, pretendían extorsionar a un ejidatario de la comunidad Álvaro obregón y en respuesta fueron retenidos.

Los uniformados fueron llevados a la comunidad en donde permanecen desde hace tres días; y es que a decir de los inconformes, sin ninguna orden, de forma frecuente los elementos de seguridad instalan puestos de control para extorsionar a los automovilistas  en la entrada del municipio.

Extraoficialmente se supo que los campesinos exigen la cantidad de 200 mil pesos de multa para liberarlos, así también se supo que exigen la presencia del jefe de sector y la negociación se dará en la comunidad exclusivamente.

Fueron liberados los funcionarios del Poder Judicial del Estado, mismos que fueron retenidos la tarde del pasado lunes y llevados a la comunidad Llano Grande, acusados de corrupción, por lo que luego de la intervención de la Subsecretaría de Gobierno, a cargo de Omar Molina Zenteno, lograron liberarlos.

La tarde del lunes, campesinos del ejido Llano Grande irrumpieron en las oficinas del Juzgado Mixto en la cabecera municipal de Bochil, ahí se llevaron retenidos al juez de distrito, Julio César Villatoro Gómez y a siete funcionarios más, pues están inconformes por la liberación de Daniel Sánchez, acusado de homicidio en agravio de Adelfo López Núñez. 

Luego de la retención de los funcionarios, la Subsecretaría de Gobierno, que encabeza Omar Molina, inició comunicación con los inconformes, logrando instalar la mesa negociadora y concluyó con resultados positivos que derivó en la liberación de los retenidos. Por su parte, los funcionarios manifestaron no haber sufrido maltrato.

Entre los acuerdos se subraya que los inconformes serán atendidos en los próximos días por funcionarios del Poder Judicial del Estado y procederán conforme a derecho, serán representados por un abogado de confianza, pues los funcionarios manifestaron no haber sido víctimas de ningún tipo de maltrato y agradeció la intervención de Omar Molina, subsecretario de gobierno.