·         Manifestaron su indignación y preocupación por los asesinatos ocurridos en días pasados en México y Centroamérica

 El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil (CEMDA A.C.) demandó garantías de protección para la realización de sus labores de acompañamiento y condiciones de seguridad para quienes defienden la tierra y el territorio promoviendo la participación de las mujeres, libre de todo tipo de violencia en los diversos espacios de construcción social, así como la pronta investigación y sanción a los responsables de los feminicidios y asesinatos denunciados.

En el marco de la visita a México del Michel Forst, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre personas defensoras de derechos humanos, en un comunicado de prensa manifestó su indignación y preocupación por los asesinatos de personas defensoras ocurridos durante la semana anterior en México y Centroamérica.

Con datos documentados por la Red de Defensoras, citan que cada semana se registran al menos cuatro ataques contra mujeres que promueven, defienden y ejercen derechos, cuyas agresiones van desde actos de intimidación y hostigamiento psicológicos; calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio; amenazas, advertencias, ultimátum y feminicidios.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA A.C.) en su Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, durante 2016 las agresiones en contra de las personas que defienden el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna en nuestro país registraron 63 ataques en diversas modalidades, “los tipos de mega-proyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7)”.

Hacen público que el pasado 8 de diciembre de 2016, en la Casa de la Mujer IximAntsetic en Palenque, Zona Norte de Chiapas, sufrió el allanamiento a sus oficinas; según registró  ACUDDEH, entre junio de 2015 y mayo de 2016, ocurrieron 17 allanamientos perpetrados en oficinas de organizaciones de derechos humanos o en las casas de personas que trabajan en la defensa de derechos humanos.

El 2 de enero de 2017, se reportaron amenazas  de muerte a la defensora Eva Lucero Rivero Ortiz, vocera de la organización Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (Ucidebacc) en Oaxaca, quien recibió amenazas de muerte en su teléfono celular debido a su abierto apoyo por el derecho a participar de las mujeres, denunciaron organizaciones civiles de la región.

El pasado 11 de enero, amenazas  y hostigamiento contra Miriam Miranda y otros tres integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) cuando aproximadamente a las 10 de la mañana los cuatro defensores viajaban en coche hacia la ciudad de la Ceiba, Honduras, cuando encontraron un retén en la zona del muelle de Cabotaje siendo agredidos por agentes de la Policía Nacional.

Por último, revelaron que el pasado 16 de enero, Néstora Salgado García, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, sostuvo en entrevista telefónica con el relator de la ONU, Michel Forst, que nuevas acusaciones en su contra y la falta de garantías para su seguridad le impiden regresar a su comunidad en México. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas asistió al taller “La Protección Internacional de los Refugiados en México”, convocado por la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría General de la República y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En representación del Procurador Raciel López Salazar, el Fiscal Especializado en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, Ignacio Alejandro Vila Chávez refrendó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello en materia de protección de derechos humanos de la población migrante.

Durante el desarrollo del taller, realizado en la ciudad de México, se abordaron temas relativos a la Crisis de Protección en el triángulo Norte de América Central: Retos y Oportunidades para la Protección Internacional; Introducción al Derecho Internacional de los refugiados y el concepto de Refugiado en el marco normativo internacional y nacional; y Derechos de los solicitantes de la condición de refugiados, con énfasis a las personas que se encuentran en detención.

Además, Contenido y alcance del principio de no devolución; Procedimiento para obtener la condición de refugiado en México y protección e identificación de grupos con necesidades especiales (Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres en riesgo y personas LGBTI).

En el encuentro, se reconoció la labor que realiza el Gobierno de Chiapas en el tema de la protección a los derechos humanos de los migrantes y la coordinación que existe con los Organismos Internacionales con oficinas en dicha entidad, como el ACNUR, la OIM y la UNDOC.

Por otra parte, se destacó el trabajo de la Procuraduría de Chiapas, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, pionera en su tipo con objetivos claros en la defensa y protección jurídica de los migrantes, con resultados positivos en la materia. 

El evento se contó con la presencia de subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos Torres y la titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR, Leonor de Jesús Figueroa Jacome; así como el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Marck Manly.