MARCO CANCINO: EL CAOS EN SAN CRISTÓBAL

TODA LA PANDILLA DEL LOCO SALAZAR, EN EL IEPC

CHOCA FUNCIONARIO DE LA CEDH; QUERÍA IMPUNIDAD

Sueldos de escándalo entre los funcionarios de primer nivel, probables actos de corrupción al interior de la Comuna, abusos de la policía, malestar social en las calles, inseguridad pública creciente, vicio, meretricio y un Cabildo en rebeldía conforman el escenario que rodea al alcalde de San Cristóbal de las Casas Marco Cancino González, un priísta de la vieja escuela que ganó de manera truculenta las elecciones de 2015 apoyado por el senador Roberto Albores Gleason.

Muy dado a la red social twitter en donde exhibe su ignorancia al escribir con graves errores gramaticales que no cometería ni un niño de segundo de primaria, Cancino González lleva en San Cristóbal un gobierno bajo sospecha, entre las sombras, cuestionado por la opacidad y enfrentado a todos los grupos políticos y colectivos que le reprochan su poca aptitud y desinterés para gobernar.

San Cristóbal ha sido gobernada por hombres tortuosos que sólo han llegado al despojo y la rapiña pero jamás se preocuparon en gestionar obras para el desarrollo de este pueblo mágico, en donde los turistas estadunidenses o canadienses pueden emborracharse a placer porque la venta de alcohol alcanza grados insospechados pues, sin duda, es una fuente generadora de riqueza para los funcionarios de la presidencia municipal.

Sobre San Cristóbal sólo falta que caiga una lluvia de azufre como en Sodoma y Gomorra, ya que las cantinas y antros inundan los andadores emblemáticos y prácticamente toda la ciudad. Es una ciudad en donde reina el pecado.

La gota que está a punto de derramar el vaso es la situación financiera que atraviesa la alcaldía. Por un lado, el alcalde Cancino González dice que no hay dinero por la crisis que agobia al país y culpa al gobernador Velasco Coello por el plan de austeridad implementado para enfrentar el brete económico en Chiapas.

Pero en contraste, Cancino gana un mega sueldo mensual y está en la lista de los alcaldes mejor pagados de Chiapas, incluso arriba del gobernador Velasco Coello quien, tras presentar el programa de ahorro en 2017, devenga un salario neto de 59 mil pesos mensuales y es el mandatario con el sueldo más bajo del país pese al enorme rendimiento en su operatividad.

Marco Cancino gana 99 mil 300 pesos mensuales libres de polvo y paja, pero San Cristóbal se cae en pedazos por el valemadrismo del alcalde y los problemas que ha generado al interior de la Ayuntamiento.

Hace pocos días el Ayuntamiento aprobó cambios al Reglamento Interno, eliminó facultades meta-constitucionales al presidente Cancino y decretó 'Cabildo itinerante' en barrios, colonias y comunidades rurales.

Según declaró el regidor Oscar Takeshi López Moreno, el Cabildo de San Cristóbal de Las Casas sesionó y aprobó cambios al Reglamento Interno, decretó 'Cabildo itinerante' y modificó facultades meta-constitucionales que los propios regidores habían otorgado al alcalde Cancino: la de firmar contratos y convenios sin la autorización del Cabildo (ya no la tiene) y la de nombrar y remover libremente a los empleados del Ayuntamiento, que retornó a ser una facultad colegiada del Cabildo.

Lo que los regidores han hecho es amarrar las manos al alcalde debido al desgobierno y a la anarquía, nunca antes visto en un municipio lleno de tradiciones y folclor, pero marcado por el atraso social que se refleja en la pobreza que asfixia a las comunidades.

Acusado de fomentar grupos de choque que lidera Narciso Ruiz Sántiz, un sujeto violento que mantiene el control en los mercados tradicionales de San Cristóbal, Cancino González fue retenido en diciembre de 2015 junto al subsecretario de gobierno Edgar González Acuña, por habitantes de las comunidades El Aguaje y Santa Cruz. Incluso fue abofeteado por algunas señoras.

Ese hecho no es fortuito. Refleja el malestar que prevalece desde que Cancino González se hizo del poder de manera turbia respaldado por el dirigente del PRI Roberto Albores, alias Satanás.

JUICIO POLÍTICO.

La lucha política para detener el despotismo del alcalde ha tomado fuerza en San Cristóbal, pero se inició a mediados de 2016 desde que  la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados exigió juicio político en contra de Cancino por violaciones recurrentes  a las leyes locales y federales.

El diputado de MORENA Guillermo Santiago Rodríguez denunció en el Congreso federal las arbitrariedades del alcalde Cancino, quien “ha violado sistemáticamente la Constitución y las leyes locales, ha cerrado el Cabildo a los ciudadanos, no existe transparencia en su administración y creó un Instituto de la Fe que atenta contra el sentido republicano y laico del Estado”.

Agregó que además ha habido ataques como el ocurrido el 19 de julio de 2016 cuando fueron desalojados maestros y pobladores que bloqueaban la carretera con resultado de dos heridos de bala, con participación de policías municipales.

Rodríguez advirtió que el anarquismo en San Cristóbal puede desbordarse con graves consecuencias. Dijo que “en los últimos tiempos ha subido la delincuencia en San Cristóbal porque el alcalde ha propiciado grupos de choque y dado poder específicamente a la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que dirige Narciso Ruiz Sántiz”.

El 14 de marzo de 2016, unos 50 hombres irrumpieron en la sala de Bellas Artes donde se reunirían los miembros de la llamada Asamblea Ciudadana, creada para presionar a Cancino González con la finalidad de que se reanudaran las sesiones públicas del cabildo de San Cristóbal y agredieron a varias personas, entre ellas a Concepción Villafuerte Blanco, directora del periódico local La Foja Coleta.

Santiago Rodríguez dijo en rueda de prensa que la solicitud de juicio político fue firmada por los 36 legisladores que integran la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara baja, así como por Jerónima Toledo Villalobos, regidora plurinominal de Morena en el ayuntamiento de San Cristóbal.

“Vamos a exigir que proceda con la solicitud de juicio político porque no es posible que un presidente municipal siga violentando y atacando de esa manera la vida pública de nuestra ciudad y de nuestro estado; no se pueden seguir tolerando este tipo de acciones que lejos de ayudar a la población la afectan directamente”, dijo el diputado federal de 23 años de edad, el más joven de la Cámara Baja.

Llegaremos hasta las últimas consecuencias, sentenció. Hasta ahora la solicitud de juicio político está estancada. Sin embargo, la rebelión en San Cristóbal no cesa y en días pasados fue tomada la alcaldía porque el pueblo y los dirigentes sociales están decididos a frenar el atropello político y el autoritarismo fomentado por el alcalde Cancino porque, dicen, “es un pequeño tirano que se siente un dios terrenal”.

NORTES

TODA la pandilla de Pablo Salazar Mendiguchía está incrustada en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el prostituido IEPC. Y no es para menos, pues Oswaldo Chacón Rojas, presidente del organismo, es empleado del Calígula Salazar, el ex preso 8476. Destacan Francisco Zebadúa y Rosalía Vázquez Sánchez, quienes en el gobierno de Salazar ocuparon cargos relevantes en áreas administrativas. Ya abundaremos...PRESUTAMENTE en completo estado de ebriedad, Teodoro Alfaro de los Santos, director de administración y finanzas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, chocó con su vehículo este fin de semana en la capital. Charoleó a la policía y agentes de tránsito alegando impunidad y diciéndose muy influyente. Qué caso tan aborrecible, pero el ejemplo lo da su jefe Juan Oscar Trinidad Palacios, conocido como el señor de la hamaca. En lo dicho: los chiapanecos dormimos con el enemigo... ALGUIEN debe intervenir ipso facto, con urgencia, ante el riesgo de que en el municipio de Tecpatán ocurra un baño de sangre por los intereses caciquiles y los agravios del alcalde Armando Pastrana Jiménez. La población llegó al hartazgo...ES TODO.

A reserva de recibir toneladas de insultos, es menester diferenciar entre el periodista y el 
embaucador; el activista y el oportunista. Tanto el periodista como el activista cumplen un proceso de preparación. Cada uno en su ambiente, aunque en algunos casos hay quienes conjugan las dos cuestiones, lo cual no es malo si se siguen rigurosas reglas éticas.

El periodismo es una profesión que se aprende en el campo de batalla. El activismo surge de la necesidad de representar y, en todo caso, encabezar causas justas de la sociedad. En los dos temas deben, por antonomasia, prevalecer criterios de responsabilidad, moralidad y respeto pleno al derecho de terceros.

En los últimos tiempos han surgido personajes patéticos que han retorcido la lucha social sin un fin aparente y, por supuesto, nada claro. El postulado que persiguen se distancia, por mucho, de los objetivos sociales y de la exigencia contundente contra un gobierno corrupto e inepto. 

Las imágenes con excesos y abusos cuya finalidad es profundizar las diferencias entre mexicanos, son cada vez más recurrentes y lo más preocupante, es que son recepcionadas con cierto jolgorio por una sociedad que ve en esas acciones, cumplido el reclamo, aunque de sobra sepa que no es la vía ni la forma para contribuir al mejoramiento del país.

Muchos de éstos personajes se protegen ya bajo el manto del “activismo social” o ya en el periodismo, lo cual constituye un insulto a la inteligencia de la sociedad misma y un retroceso en la lucha social comprometida con objetivos comunes y causas nobles.

Si hacemos un retrato autocrítico del periodismo —que es lo que me corresponde— debemos admitir que en efecto, estamos inmersos en una profunda crisis de credibilidad y confianza, derivada en la mayoría de los casos por la mala praxis de la profesión de algunos —no todos, que quede perfectamente claro— que han tergiversado su función. 

Frecuentemente escuchamos reclamos en torno al proceder del periodista y admito que todo tiene su dosis de razón. En las manifestaciones sociales se ha vuelto común el agresivo grito de “prensa vendida” o “periodista chayotero”. Lo que no saben es que el periodista, el reportero, el columnista, el analista, el fotógrafo, el editorialista, el articulista, el camarógrafo, el conductor de noticias, etc., etc., tienen un jefe que decide qué nota sí publicar y cual no. 

Y el jefe depende de las directrices del dueño del medio para el cual se trabaja. Éste último, evidentemente, tiene sus propios intereses y actúa conforme a las necesidades de su negocio. Ello ha generado desconfianza. Definitivamente. 

De ahí, el periodismo, sigue siendo una herramienta insustituible para la denuncia pública, la opinión certera y la información confiable. Por ello, resulta necesario deslindarse de quienes hacen mal uso del periodismo para chantajear, amenazar, insultar, agredir.

Las imágenes que se hicieron virales (no por su importancia sino por el excesivo uso de lenguaje soez y el fracasado robo de un servicio) son por sí mismas, repudiables y deben ser separadas del periodismo profesional. 

A raíz de ese penoso incidente, muchos me han preguntado si el protagonista debe ser considerado “periodista” y les he respondido que no. De entrada, el buen periodista debe ser educado, respetuoso, culto. No niego que muchos somos léperos en el hablar, pero de eso a tratar a otro ciudadano en tono altanero, grosero, amenazante y discriminatorio, hay mucha distancia.

El ser activista o periodista no otorga patente de corso a nadie para, en nombre de la lucha social, arrebatar los derechos de terceros y menos licencia para tomar un servicio y negarse a pagar bajo argumentos jurídicamente insostenibles. No conozco a un solo activista social y político que insulte y agreda a otros, por el hecho de no estar de acuerdo con sus métodos. 

Vi, por mera necesidad de reportero, los dos videos relacionados con el caso de un gasolinero en Comitán; no hay adjetivos para calificar el lenguaje, la actitud, la prepotencia y el abuso del presunto periodista o supuesto activista. Estoy seguro que los verdaderos activistas también reprochan esas acciones que lejos de ayudar en las legítimas luchas ciudadanas, perjudican, puesto que el resto de la sociedad tiende a tachar a todos por igual. 

Afortunadamente, hay muchos hombres y mujeres que apegan sus actos a normas socialmente aceptables. No por uno, deben (debemos) pagar todos. Ese tipo de felonías, no deben acreditarse a los comitecos, cuya amalgama cultural, es grande y muy respetable.

Condeno y repruebo la mala utilización del “periodismo” para cometer atropellos injustificados y delitos descarados. El periodismo y el activismo, no son herramientas para el chantaje ni la amenaza. Que quede claro.

La ley de la selva

Ante lo ocurrido durante la madrugada de este viernes 24,  cuando tres personas perdieron la vida en manos de pobladores del municipio de Chiapilla, el Gobierno del Estado reprobó enérgicamente estas acciones, por lo que advirtió que se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer estos hechos y se llevará ante la Ley a los responsables.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que de acuerdo las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Estado, a las 02:00 horas de este viernes, en la cabecera municipal de Chiapilla, fue presentada una denuncia a la policía municipal por robo de vehículo, por lo que se inició un operativo y en coordinación con el Mando Único de San Lucas, se logró la detención de los presuntos culpables en el crucero conocido como El Trapichito, donde fueron reconocidos por el agraviado.

Cabe destacar que tras su detención, estas personas fueron arrebatadas por una multitud de pobladores cuando eran trasladadas a la Fiscalía del Ministerio Público de Chiapa de Corzo, quienes los mataron a golpes y posteriormente les prendieron fuego.

Gómez Aranda informó que el Procurador General de Justicia del Estado acudió al lugar de los hechos y que existen sólidas líneas de investigación al respecto, por lo que ya están identificados los que participaron y se espera que en las próximas horas sean presentados ante la Ley.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se desplegaron 500 elementos operativos en el lugar de los hechos, logrando el restablecimiento del orden y la paz social en el municipio.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno remarcó que todos estamos obligados a respetar la Ley y que nada justifica tomar justicia por propia mano, por lo que no habrá impunidad y se castigará con severidad a los responsables de estos reprobables actos.

Tal y como lo ha ofrecido el secretario Gómez Aranda, el gobierno debe actuar con energía para no permitir que en Chiapas la gente se haga justicia en mano propia porque sólo los seres del mundo zoológico resuelven sus problemas mediante el uso de la fuerza.

Ni impunidad ni la ley de la selva, sino el Estado de Derecho y la legalidad para vivir en paz y armonía.