Ciudad de México.– La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la salida de Marx Arriaga, funcionario que encabezó el rediseño de los nuevos libros de texto gratuitos y cuya gestión estuvo marcada por una fuerte controversia pública.

Arriaga fue señalado por diversos sectores académicos, políticos y sociales por el contenido de los materiales educativos distribuidos durante su gestión. Entre las principales críticas destacaron la presunta reducción de contenidos de matemáticas y ciencias, así como la incorporación de enfoques ideológicos que sus detractores calificaron como cercanos al marxismo-leninismo.

El funcionario defendió en reiteradas ocasiones el modelo educativo impulsado, argumentando que buscaba priorizar una enseñanza comunitaria, crítica y contextualizada, en línea con la llamada Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, las críticas escalaron a nivel nacional, generando debates en congresos estatales, foros educativos y medios de comunicación.

Aunque la SEP confirmó oficialmente su salida del cargo, Arriaga había manifestado previamente su intención de mantenerse en la institución y defendió públicamente el contenido de los libros.

Su salida marca el cierre de un periodo que dividió opiniones dentro del sistema educativo mexicano. Mientras algunos sectores consideraron que los cambios representaban un intento de transformación profunda del modelo tradicional, otros señalaron que se trató de una etapa polémica que afectó la calidad y el enfoque académico de los materiales escolares.

Hasta el momento, la SEP no ha detallado quién asumirá la responsabilidad del área ni si se realizarán modificaciones a los libros de texto en próximos ciclos escolares.

En México se repite como consigna que la austeridad es una virtud. “No gastar de más”, presumen algunos políticos, como si recortar fuera gobernar. Pero lo que hoy vivimos no es una política responsable, sino un Estado cada vez más débil, incapaz de imponer orden o dar respuestas.

Las señales están por todos lados. El huachicol fiscal dejó de ser un rumor para convertirse en símbolo: redes que mueven enormes cantidades de dinero mientras el poder mira hacia otro lado. No es un problema menor ni aislado, es la prueba de que el crimen organizado encontró espacios cómodos para operar.

Al mismo tiempo, el gobierno anuncia operativos con nombres llamativos que prometen mucho y entregan poco. La Barredora y otros esfuerzos sirven para la narrativa, pero no cambian la realidad cotidiana. El mensaje implícito es peligroso: hay espectáculo, pero no consecuencias visibles.

Lo más grave es la normalización de los asesinatos impunes. Periodistas, candidatos, funcionarios locales y ciudadanos se suman a una lista que crece sin explicación ni cierre. Cuando la violencia se vuelve costumbre, el miedo ocupa el lugar de la autoridad.

Este escenario no solo afecta hacia adentro. También abre la puerta a presiones externas. Estados Unidos no necesita inventar excusas: la violencia, el narcotráfico y el dinero ilícito bastan para presentarse como un problema de seguridad regional. Cuando un país no controla su territorio ni protege a su gente, otros empiezan a opinar —y a decidir— por él.

La pérdida de soberanía no llega de golpe ni con uniformes extranjeros. Llega lentamente, cuando un gobierno prefiere ahorrar que gobernar, explicar que resolver, y administrar la crisis en lugar de enfrentarla.

La alternativa existe. No pasa por gastar sin medida, sino por reconstruir capacidad del Estado, recuperar autoridad, enviar señales claras de que la violencia y la corrupción no son tolerables. Sin propaganda, sin dogmas, sin excusas.

Porque sin autoridad real, no hay paz posible. Y sin un Estado fuerte, ninguna soberanía se sostiene.