> “La madre, al verse descubierta, huyó dejando a su hija con toda la mercancía a las afueras de la tienda, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades”.

Elementos del grupo táctico ubicaron a la mujer en las afueras de Soriana, procediendo a su detención y puesta a disposición ante las instancias competentes. Todo indica que el modus operandi de este grupo consistía en utilizar a los menores para cometer el ilícito.

La Fiscalía General del Estado encabezó un operativo interinstitucional, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal, con el objetivo de ejecutar la restitución de un predio ubicado en el municipio de Ocosingo.

Es importante apuntar, que no se encontraron personas al interior del inmueble, pero se destruyeron dos casas de madera con techo de lámina.

Cabe mencionar, que se hizo entrega formal de 47 hectáreas del predio denominado “Copropiedad Huixtán” a sus respectivos propietarios, en presencia de los elementos del orden y con la Delegación de Gobierno de Ocosingo como testigos.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con las y los chiapanecos de garantizar los derechos de posesión y propiedad, con Cero Impunidad.

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De acuerdo con habitantes del municipio, los ganaderos se vieron obligados a abandonar la región tras la invasión de miles de hectáreas de ranchos, entre ellos Buena Vista, donde actualmente funciona el municipio autónomo “17 de Noviembre”, Shaxolob, San Martín y Santa Ana.

El inmueble donde durante años operaron las oficinas ganaderas está en condiciones de destrucción total, abandonado desde hace 31 años; los ranchos nunca se recuperaron y ahora se ocupan como comunidades rebeldes, señalaron.

Los testimonios aseguraron que los antiguos ranchos hoy son utilizados para la siembra de maíz, café e incluso para la cría de ganado, pero bajo control de comunidades zapatistas. Muchos ganaderos se trasladaron a Comitán, Ocosingo, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez; algunos ya han fallecido sin recuperar sus propiedades.

Además, más de 45 personas originarias del ejido Morelia fueron desplazadas tras negarse a incorporarse al EZLN. En ese lugar actualmente opera la Junta de Buen Gobierno. Los afectados aseguran que hasta la fecha no han recibido compensación alguna por sus tierras.

En la cabecera municipal de Altamirano aún permanecen varios desplazados, quienes mantienen la esperanza de que el gobierno federal algún día indemnice las propiedades perdidas durante el levantamiento armado de 1994.