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Comunicado de Prensa

Comunicado de Prensa

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Rutilio Escandón, presente en disculpa pública por caso de hermanas González Pérez; encabezan el acto Olga Sanchez y Alejandro Encinas

 

•    El gobernador acompañó a la titular de la Segob en el acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por el agravio cometido contra Ana, Beatriz, Celia y Delia, por elementos de la Sedena en 1994

•    El caso se mantuvo en total impunidad, ignorando por 18 años las recomendaciones de la CIDH

 

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas acompañó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, quienes a nombre del Estado Mexicano ofrecieron una disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez, quienes fueron violentadas y agraviadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el año 1994, caso que se mantuvo en total impunidad, ignorando por 18 años las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

En el municipio de Ocosingo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) expresó en su mensaje traducido en maya-tseltal: “A Ana, Beatriz y Celia González Pérez les ofrezco una disculpa por haber sido detenidas, violadas y torturadas sexualmente; y a su madre Celia Pérez por la detención ilegal y el agravio sufrido por haber atestiguado en contra de sus hijas; ofrezco una disculpa por la falta de investigación, la búsqueda de justicia, reparación del daño y la violación del artículo 8º de la Convención Interamericana relacionado a condenar la tortura sexual, como una de las formas más aberrantes de un sistema patriarcal que debe ser desterrado”.

Tras mencionar que este hecho atravesó una triple violencia estructural: ser mujeres, ser indígenas y ser pobres, Sánchez Cordero asumió el compromiso de restaurar, en la medida de lo posible, este hecho lamentable para que no quede impune y se haga justicia, lo cual se les debe a ellas y a todas las mujeres indígenas del país. Del mismo modo, reconoció la valentía con que han afrontado este suceso, que fue parte del abandono institucional y la marginación social de los pueblos y comunidades indígenas, colocados en una situación de extrema vulnerabilidad.

“Quiero expresar mi admiración por su incansable lucha, por el reconocimiento de su dignidad e integridad como mujeres, a través de procesos de verdad, justicia y no repetición; han tomado la voz de muchas mujeres indígenas que han vivido situaciones similares en contexto de conflictos armados a costa de la estigmatización, la pérdida de identidad y la expulsión de sus comunidades. ¡Ni una más, niña o mujer indígena violentada en sus derechos humanos!”, acotó.

Al hacer uso de la palabra, Delia Pérez enfatizó que lo sucedido a sus hijas no es mentira, por lo que exigió a las autoridades lleven correctamente este caso; asimismo, Ana manifestó el gran coraje que aún siente porque no se ha resuelto: “No quiero que sea el único que resuelvan, hay muchas mujeres que lo han sufrido. Desde que me violaron no soy la misma, tengo mucho dolor en el corazón”.

En tanto, Celia y Beatriz también reclamaron justicia. Pidieron a quienes sufren de algún tipo de violencia que no guarden silencio y alcen la voz. “Venimos de buena fe pero muy enojadas. Esto que se lleva a cabo hoy es como si viniera un carro a recolectar la basura, y por lo tanto le pido a las autoridades que vengan y se lleven toda esta basura que nos está matando”.

Cabe mencionar que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, relató el “Caso Hermanas González Pérez”, ocurrido el 4 de junio de 1994, cuando a Ana, Beatriz, Celia y su madre, Delia, las detuvieron en un retén del municipio de Altamirano, donde, ilegalmente, fueron privadas de su libertad, separadas, golpeadas y violadas por elementos del Ejército Mexicano.

“No se puede ignorar el contexto de estos agravios, pues parten de una ofensiva del Estado mexicano y se dio en una coyuntura de persecución y represión a toda persona que se considerase participante del movimiento armado, no se trató de un hecho aislado. El Gobierno de la República reconoce las deudas pendientes con las víctimas, asume su responsabilidad y los compromisos derivados para cumplir las obligaciones de investigar, castigar a los responsables y pagar los agravios ocasionados a ellas”, apuntó.

Al respecto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó el valor de las hermanas González Pérez y su madre en esta lucha, y destacó que este acto implica reconocer el histórico abandono y atropellos que las comunidades indígenas han padecido, principalmente hacia las mujeres. “Por ello, desde el Gobierno del Estado refrendamos el compromiso de acercar la justicia y garantizar sus derechos, para que ninguna niña o mujer indígena vuelva a sufrir este tipo de agravios, y que tengan la garantía de que las instituciones están de su lado”.

Estuvieron presentes: la titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Fiscalía General de la República, Marisol Nashiely Ruiz Ruvalcaba; la especialista de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Beatriz Affonso, así como representantes de organizaciones civiles y sociales, y medios locales, nacionales e internacionales de comunicación.

En un marco de cordialidad se resolvió el problema laboral del SAPAM

 

 

San Cristóbal de Las Casas.- Se vivió una situación preocupante hoy en las instalaciones del SAPAM, ya que como parte del protocolo que conlleva un estallamiento de huelga se hizo presente la guardia nacional y la policía municipal, situación que causó preocupación entre los ciudadanos residentes y los que pasaban por el lugar, afortunadamente el papel de las autoridades presentes únicamente fue preventivo. 

 

Al margen de esta situación las negociaciones continuaron luego de tres días de reuniones, entre el SITRASSAPAM y los directivos Jesús Carmona de la Torre y la licenciada Clara María Castillo Alfaro. El ingeniero Jesús Carmona rindió cuentas a la ciudadanía en la glosa del informe anual, en la pasada sesión ordinaria de cabildo, para dar a conocer el estado financiero del SAPAM. Y el impacto en la erogación del presupuesto que representaría aprobar alguna de las propuestas hechas por el sindicato.

 

Partiendo del escenario financiero del SAPAM, el marco en el que se desarrollaron las negociaciones fue de total cordialidad y siempre por la vía del diálogo, resaltando la cooperación del sindicato, para llegar a un arreglo. Ante esta situación los acuerdos alcanzados fueron el 4% en aumento salarial, $1500 en vales de despensa y los trabajadores asumirán el pago por el impuesto correspondiente. Estos acuerdos se aplicarán a ambos sindicatos.

 

Por otra parte, el compromiso de los trabajadores del SAPAM, fue realizar sus funciones de manera óptima para asegurar el objetivo del organismo operador que es servir a la ciudadanía y garantizar el suministro y la calidad del agua, con apego al marco legal vigente.

 

Además el ingeniero Carmona reafirmó la responsabilidad compartida con la ciudadanía, para el uso y aprovechamiento eficiente del agua, subrayó la conveniencia de unir esfuerzos, y señaló que con una buena administración es posible rescatar al SAPAM. Convocó a los usuarios para que tomen conciencia de la necesidad e importancia de su pago puntual, para garantizar la operación del sistema, la calidad del agua y del servicio que recibe.

 

Por otra parte, el director del SAPAM, manifestó que su administración está en contra de cualquier acto de corrupción en el sistema, por tal motivo hizo un atento exhorto a la ciudadanía para que en caso de recibir cualquier oferta fuera de las obligaciones de cualquier trabajador hagan la denuncia correspondiente.

 

Finalmente, representantes la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje, en compañía de los abogadosy del jefe del departamento de Cloración realizaron un recorrido de verificación a las instalaciones de todos los puntos de abasto, con la finalidad de validar quelos mismos estuvieran operando de manera regular y hacerlo constar en el convenio en donde se plasman los acuerdos alcanzados entre las partes.

Reitera Rutilio Escandón llamado a trabajar con seriedad y responsabilidad en materia de seguridad • El gobernador encabezó la Mesa para la Coordinación Estatal y Regional de la Paz en el municipio de Ocosingo

Reitera Rutilio Escandón llamado a trabajar con seriedad y responsabilidad en materia de seguridad

 

•    El gobernador encabezó la Mesa para la Coordinación Estatal y Regional de la Paz en el municipio de Ocosingo 

•    Aseguró que la unidad y la coordinación han permitido que Chiapas se mantenga entre los estados más seguros del país

 

Desde el municipio de Ocosingo, donde encabezó la Mesa para la Coordinación Estatal y Regional de la Paz, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a las y los presidentes municipales a trabajar con seriedad y responsabilidad en materia de seguridad, e insistió en que la unidad es la mejor estrategia para poder erradicar la incidencia delictiva en Chiapas.

“Si todos participamos de manera organizada y sumados en un solo frente, no habrá desafío que detenga la buena marcha de la autoridad para resguardar la tranquilidad de la gente. Por eso, es muy importante que hagamos un esfuerzo extra en el que las y los presidentes municipales se sumen de manera decidida a estos actos”, apuntó.

Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, el mandatario celebró que gracias al trabajo coordinado que se realiza de manera permanente, Chiapas se mantiene a la baja en la incidencia de delitos, ubicándose entre los estados más seguros y transparentes, como se demuestra en las estadísticas y en los hechos.

“Desde el inicio de mi gestión estipulé a la seguridad como una de mis grandes prioridades, por lo que todos los días, mediante un trabajo de unidad, instrumentamos estrategias que garanticen un ambiente de paz; con ello, estamos generando inversión, desarrollo y progreso, al tiempo de rescatar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, expresó.

Tras escuchar la situación actual que prevalece en el estado, el jefe del Ejecutivo estatal también hizo un llamado a las autoridades municipales presentes en esta mesa a instrumentar acciones que permitan erradicar la violencia familiar en las comunidades, en aras de promover la concordia y reducir la inseguridad, que es lo que provoca más miedo y dolor.

“No hay duda que si actuamos con responsabilidad y seriedad como lo venimos haciendo en Chiapas, con la presencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, los resultados seguirán siendo positivos en beneficio de las y los chiapanecos”, concluyó al destacar el trabajo comprometido que se ha llevado a cabo para el rescate humanitario de la población migrante en la frontera sur.

Estuvieron presentes el secretario técnico de la Mesa de la Coordinación Estatal de Construcción de la Paz, José Francisco Trujillo Ochoa; el coordinador estatal en Chiapas de la Guardia Nacional, Salvador Cordourier Solórzano; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno.

Asimismo, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; el delegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, Alejandro Vila Chávez; el coordinador estatal de la Policía Federal en Chiapas, Alfredo Delgado Druaillet; el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Víctor Hugo Mier González; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el subdelegado Zona Norte del Instituto Nacional de Migración, Erick Michel Morales Pérez.

También asistieron: el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el comandante de la XXXIX Zona Militar, Enrique Ortega Cardozo Salinas; de la VII Coordinación Territorial de la Guardia Nacional en Chiapas, Sergio Ángel Sánchez García; y los presidentes municipales de Ocosingo, Jesús Alberto Oropeza Nájera; de Chilón, Carlos Jiménez Trujillo; de Sitalá, Anita Velasco Santiz; de Benemérito de las Américas, Juan Gómez Morales; de Marqués de Comillas, Manuel Justo Gómez Beltrán; y de Yajalón, Juan Utrilla Constantino.

Frayba pide que se implementen mecanismos eficaces que impidan agresiones armadas

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dio a conocer que existe impunidad al proteger a los perpetradores de las agresiones armadas de grupos civiles de corte paramilitar procedentes de San Pedro Chenalhó.

 

Esto a dos años del asesinato de Samuel Luna Girón y del inicio del desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán, el organismo dijo que se han incrementado los ataques en otros municipios, lo que extiende la violencia en la entidad y agrava la crisis de derechos humanos especialmente en la región de los Altos.

 

“Durante la primera quincena del mes de octubre, el Frayba que dirige Monseñor Raúl Vera López, recibió dos reportes de ataques con armas de fuego, de alto calibre, dirigidos hacia comunidades del municipio de Chalchihuitán; el 2 de octubre a las 20:15 horas, aproximadamente, durante al menos 30 minutos, el grupo armado de corte paramilitar de Chenalhó, mantuvo un ataque a la comunidad de Cha´jcojton, el día 14 de octubre de 2019, a las 10:00 horas, hubo disparos hacia la comunidad de Canalumtik”, denunció el organismo.

 

Agregó que durante el pasado mes de septiembre se registraron 8 agresiones con armas de fuego dirigidas a Canalumtik; los días 1, 4, 07, 8, 10, 12, 16 y 30, Canalumtik es una de las comunidades que cuenta con la medida cautelar 882-17 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y es el lugar donde fue asesinado Samuel Luna Girón el 18 de octubre de 2017, “muerte que está en la impunidad porque a dos años del homicidio no se ha detenido a ningún responsable, además de que los grupos civiles armados de corte paramilitar siguen controlando los territorios que despojaron”.

 

Ante esta situación de riesgo a la población de comunidades tsotsiles de Chalchihuitán, que realizaron o están realizando los paramilitares de Chenalhó, el Frayba realizó intervenciones a los gobiernos solicitando que se implementen mecanismos eficaces que impidan estas agresiones armadas, sin embargo, a la fecha, “no hemos recibido información sobre las acciones de atención por parte de las autoridades gubernamentales a nuestra petición”.

 

Ante este contexto el Centro de Derechos Humanos urgió al estado mexicano implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población en las comunidades que se ubican en la franja límite de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, para las familias que han retornado sin seguridad y para quienes continúan sin poder regresar a sus casas y/o tierras de cultivo, investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que provocaron el desplazamiento forzado masivo, y del asesinato de Samuel Luna Girón.

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