Desde temprana hora del día de ayer viernes alredor de 33 autoridades ejidales se concentraron en la cabecera municipal de San Pablo Chalchihuitán para sellar las puertas de las oficinas de la presidencia municipal con hojas blancas firmadas y selladas por todos los agentes, y resguardar las instalaciones del inmueble con una comisión de 5 personas de cada paraje de manera pacífica.

Aclararon que no es toma de la presidencia, que esté cierre de oficinas es por la necesidad de cuidar los bienes del palacio, patrimonio del municipio, con el fin de evitar daños, robo o desmantelamiento de las instalaciones de la misma.

Así también dieron un plazo de 72 horas al Congreso del Estado para que el próximo martes o miércoles den una respuesta positiva para que destituyan a la presidenta municipal Margarita Díaz García y a su cabildo para que se cree un Consejo Municipal.

"Tomamos fotos de los sellos colocados para adjuntarlo en el Acta de Acuerdos y entregarlo ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena, hacemos un exhortó al Congreso del Estado para que den solución a las demandas, se espera una respuesta favorable, de lo contrario tomaremos otras medidas más drásticas", acotaron.

Solicitarán ante el Congreso del Estado la destitución de la presidenta y el sindico municipal.

Habitantes del municipio de Chalchihuitán, dieron a conocer que pedirán al Congreso del Estado la destitución inmediata de la presidenta municipal Margarita Díaz García y del síndico Hermelindo González Núñez, por el abandono total de sus funciones y la falta de capacidad para gobernar ese municipio.

En conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de Las Casas Marco Pérez Gómez, vocero de los inconformes, dijo que la noche del sábado realizaron una asamblea general los agentes de las 38 comunidades encabezado por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales Jorge Pérez, a la cual había sido citado el síndico para que hiciera las aclaraciones sobre las diferentes obras que no se han hecho en Chalchihuitán.

“Los agentes rurales empezaron a manifestar sus inconformidades por la ausencia de las autoridades del Ayuntamiento, todos coincidieron que hace más de una semana la presidenta y el síndico han abandonado sus funciones sin justificación alguna, después de una amplia discusión y análisis respecto a las malas acciones del ayuntamiento hacia las comunidades, se acordó por unanimidad instalar una mesa de debate y elaborar un documento para solicitar la destitución o revocación del Ayuntamiento ante el Congreso del estado”, indicó.

Refirieron que este lunes viajarán a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para entregar el documento del cual entregarán una copia a la Secretaría General del Gobierno del Estado,“el oficio está firmado por todos los agentes rurales y se van recabar las firmas de los habitantes de cada comunidad para integrarla y pedir que se cree un Consejo Municipal”.

Finalmente mencionaron que la presidenta ha hecho caso omiso de las constantes denuncias vertidas en contra del síndico municipal sobre las retenciones, destrucción de campamentos de los desplazados, expulsión, destrucción de 5 casas, hostigamiento, robo de sueldos a ex policías y el no reconocimiento a tres nuevas comunidades que son: Nueva Vista, Pueblo Nuevo y Neolum.

“Avanzan las acciones en el municipio de Chalchihuitán en contra de los miles de desplazados, esa injusticia de los gobernantes del municipio es dirigido por el síndico municipal Hermelindo García Núñez con la aprobación de la presidenta municipal Margarita Díaz García”, informó Marcos Pérez Gómez, vocero de los desplazados.

Denunció que nuevamente autoridades y caciques de Chalchihuitán.m les destruyeron casas a diez familias desplazadas que se encuentran viviendo en campamentos.

“Nuestros compañeros fueron expulsados de sus propias comunidades desde hace mucho tiempo, por ser desplazados les destruyeron sus casas y quemaron lo que encontraron dentro de las viviendas de los desplazados, esta acción ha sido planeada por el síndico municipal en forma secreta con sus caciques de las comunidades, diciendo a su gente que deben decir que es usos y costumbres, que que es un acuerdo de la asamblea de la comunidad”, aseveró.

Así también recordó que en diciembre de 2018 comenzó la persecución encabezada por el actual síndico municipal Hermelindo García Núñez; “el síndico decía que los desplazados no tendrán derecho a obras sociales; que cada comunidad vea y determine que castigo les deben dar a los desplazados, podría ser cárcel y multa, así empezó a incitar a las comunidades en contra de los desplazados”.

Ante estos hechos se presentaron en la Fiscalía de Justicia Indígena a denunciar, "de repente ahí apareció el síndico y el fiscal, ahí aprovechó para hablar sobre este tema y nos metió a su oficina, pero el síndico manifestó que no sabe nada de la quema de casas y pertenencias de los desplazados”.

Manifestó que los campamentos de los desplazados son; k'analumtik, Jolk'ante'tik, Ch'enmut, Xixibtontik, Cruztón, Cruz K'ak'alnam, Barrio Pom, Vololch'ojon, Tulantik y P'ejelton; “en este último paraje los caciques vendieron 11 rotoplas y 12 comales para hacer totillas propiedad de los desplazados, y se repartieron el dinero por cada habitante del paraje, rotoplas y comales que había obsequiado la organización Cárita".

Finalmente Pérez Gómez agregó que la Policía Estatal Preventiva, la Policía Especializada, así como un ministerio público de la Fiscalía de Justicia Indígena acudieron al lugar para levantar un peritaje de los daños ocasionados, un censo de los afectados y se inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.