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Janet Hernández Cruz

Janet Hernández Cruz

Directora General de Prensa Libre Chiapas 

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Retornan a Chiapas y Tabasco personas que se quedaron sin trabajo

 

Alrededor de mil 500 personas que trabajaban en diferentes estados de la República se han trasladado de manera gratuita a sus lugares de origen en Chiapas y Tabasco, por medio del programa de transporte gratuito con autobuses que implementó las autoridades locales de varios estados de la zona sur de la república mexicana.

 

Se informó que el programa va dirigido únicamente para personas que perdieron su empleo ante la contingencia de covid19 y se quedaron en condición vulnerable, hasta ahora es para las personas que salen hacia Chiapas y Tabasco.

 

Algunas personas empezaron a llegar este domingo, el resto lo harán durante esta semana, para aprovechar el viaje que es totalmente gratis por las autoridades de aquellos estados  quienes están entregando recursos para los boletos, así como folletos y cubrebocas.

 

Cabe señalar que las personas que ya se encuentran en sus casas han dicho que el programa de regreso lo realizan ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 y lo iniciaron desde el pasado fin de semana, en donde diariamente salen dos autobuses que van a los destinos de los estados de Chiapas y Tabasco, durante el viaje les brindan alimento, agua, cubrebocas y gel antibacterial.

 

Los interesados en obtener un lugar, tienen que acudir a la dirección de transporte de solidaridad en cada ciudad, o en la presidencia municipal, con un horario de 09:00 de la mañana hasta las 13:00 horas, de lunes a viernes.

 

Serán las autoridades en este caso de Chiapas, los que vigilarán las entradas de las unidades donde viajan los Chiapanecos, se sabe que el contingente va hacia las ciudades de San Cristóbal, Palenque, Ocosingo, Altamirano, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Las Margaritas.

Frayba denuncia amenazas de muerte en contra del párroco de Simojovel

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) externó su preocupación por hechos de amenazas de muerte y vigilancia al Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco del municipio de Simojovel de Allende, hecho que también pone en riesgo la seguridad de su equipo pastoral y de la población en general.

 

“El 29 de marzo de 2020, aproximadamente a las 07:00 de la mañana, un hombre vestido de civil tomó fotografías a las y los colaboradores de la parroquia de Simojovel, quienes se encontraban en actividades a la entrada de la iglesia de San Antonio de Padua, los hechos se registraron desde una ventana de un hotel cercano, la persona que realizó este acto lo hizo de manera evidente para que fuera vista y se notara su presencia, el pasado 02 de abril, un colaborador cercano al párroco Marcelo recibió una llamada telefónica para advertirle que tuviera cuidado porque andaban pidiendo los datos de las personas que trabajan en la parroquia, el propio párroco recibió información que un hombre en Simojovel ha estado diciendo: En todo se mete el padre, hay que darle un plomazo”, denunció.

 

Agregó que Marcelo Pérez, recibió una llamada telefónica de quien se identificó como “Coronel” para ofrecerle seguridad personal a el  y a sus feligreses: “¿le interesa la vida, la paz y la tranquilidad de sus fieles seguidores, o no le interesa padre?, quiero hacerle saber que de este llamado el cual usted y yo mantenemos, de usted depende la vida, la paz y la tranquilidad de cada uno de los suyos, este llamado no es una broma, de usted depende que no se desate una masacre entre sus feligreses,  podemos darle una solución pacífica, ya está avisado”.

 

Cabe destacar que Marcelo Pérez Pérez, actualmente es coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, que integra a las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; cuenta con medidas cautelares (MC-506/14) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con medidas llevadas a cabo por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, además continúa sus actividades religiosas y la defensa de los derechos humanos, especialmente de los pueblos originarios.

Enfrentamiento deja dos lesionados en Ocosingo

 

La tarde de este sábado, un grupo de encapuchados integrantes de bases de apoyo del Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN), atacaron a balazos a integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), dejando dos personas lesionadas por proyectil de armas de fuego.

 

Este hecho se dio en la comunidad Sacrificio la Esperanza municipio de Ocosingo, cuando el grupo armado presuntamente conformado por unas 10 personas de la comunidad Moisés Gandhi, conocidos plenamente como integrantes de bases de apoyo del EZLN, abrieron fuego a varias personas integrantes de la Orcao que se encontraban en sus hogares.

 

Pobladores de la comunidad Sacrificio la Esperanza manifestaron que los zapatistas pretenden recuperar estas tierras que es propiedad de los comuneros de esta localidad,  pero advirtieron que no permitirán que los encapuchados se apoderen de los predios, ya que es una herencia de sus ancestros.

 

Familiares de las víctimas solicitaron urgentemente la intervención del gobierno, así como la presencia de la Policía Estatal, y elementos de la Guardia Nacional, para restablecer la paz en la comunidad, ya que temen ser agredidos nuevamente por este grupo armado.

 

“Hoy la población ha alzado la voz exigiendo la intervención de las autoridades federales y estatales, para solucionar este conflicto, pues están latentes más ataques en contra de los habitantes de la comunidad de Sacrificio la Esperanza, los zapatistas recibieron refuerzos de otras bases de apoyo”, denunciaron los afectados.

Expulsan a evangélico en Chalchihuitán

 

 

 

Janet Hernández Cruz

 

Un indígena evangélico del municipio de San Pablo Chalchihuitán, denunció que fue expulsado de su comunidad, al negarse a ocupar un cargo como capitán en una iglesia católica durante un año.

 

Lorenzo Sánchez Pérez, señaló que en la comunidad Canech municipio de Chalchihuitán, aún existe la intolerancia religiosa en contra de evangélicos de la región. "En días pasados, habitantes de la comunidad de Canech, llevaron a cabo una asamblea general, donde estuvieron las autoridades ejidales y la mayoría de los pobladores de la comunidad, ahí nombraron a varias personas para ocupar cargos en la iglesia católica para la fiesta del patrón San Antonio para el año 2021, yo me negué porque no creo en las fiestas de los santos, no es mi deseo aceptar el cargo de capitán tradicional, no pertenezco a la religión católica y no creo en la idolatría, lo considero una abominación dirigirse a cualquier ídolo, imagen, cuadro y estatua".

 

Agregó "soy respetuoso de los que creen en ella, yo soy evangélico, porque creo en la gloria de Dios, estoy estudiando actualmente una maestría en educación lejos de mi comunidad, por lo tanto, no tendría tiempo para organizar dicha festividad”.

 

En entrevista aseguró que fue advertido de que debe aceptar el cargo, de lo contrario tendría que pagar una multa de 10 mil pesos, además podría ser expulsado de la comunidad; “que elijan a otra persona y que sea creyente de la religión católica, mi deseo es seguir estudiando y para recompensar a mi comunidad estaba de acuerdo en pagar alguna gratificación para aquella persona que me sustituyera en el cargo, pero la gente no quiso“.

 

“Ernesto Gómez Díaz, Cristóbal Pérez Gómez, Paulino Gómez Díaz y Reynaldo Sánchez López, todos ellos autoridades de la comunidad, dijeron que ante la negativa de aceptar el cargo de capitán tradicional, acordaron que lo correcto era expulsarme, esto es un atropello que me hicieron”, expresó.

 

Mencionó que el pasado 02 de abril de 2020, no le permitieron ingresar a su domicilio, las autoridades ejidales le manifestaron que ya no pertenece a la comunidad, “por ser cristiano me dijeron que me retirara o bien me iban a encarcelar por desacato”.

 

Ante esta situación Lorenzo Sánchez Pérez, inició una queja formal ante la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED), a la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, así como ante el fiscal del ministerio público de la Fiscalía de Justicia Indígena en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, para investigar el caso.

 

Finalmente pidió a las autoridades en sus tres niveles de gobierno, atiendan estas demandas sobre intoleranvia religiosa “dejé mi casa y mis terrenos, claro les dije que yo no podría aceptar el cargo pero la gente no me quiso escuchar".

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