La cancelación del desfile del 20 de noviembre en Uruapan no es solamente la suspensión de una actividad cívica. Es una señal del momento complejo que vive el municipio tras el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo y el clima de inseguridad que ha obligado a replantear actividades públicas. El Ayuntamiento decidió suspender el evento con el argumento de priorizar la seguridad de las familias y guardar respeto ante la reciente pérdida.

En circunstancias normales, el desfile de la Revolución es un espacio que celebra identidad, memoria histórica y participación comunitaria. Que este año no pueda realizarse en Uruapan revela no solo un duelo colectivo, sino la necesidad de reconocer las condiciones reales que atraviesa la ciudad.

Mientras Uruapan guarda silencio, en otras partes del país emergen expresiones ciudadanas que buscan construir nuevos espacios de diálogo. El 15 de noviembre, en Ciudad de México, distintos colectivos juveniles y ciudadanos convocan a una movilización que se ha difundido principalmente en redes sociales. La convocatoria, asociada al uso del término “Generación Z”, ha crecido de manera orgánica en plataformas digitales donde jóvenes, creadores de contenido y estudiantes han compartido sus preocupaciones sobre temas como seguridad, justicia, oportunidades y participación política.

Más allá de quién o cómo se impulsen estas manifestaciones, lo cierto es que movimientos de este tipo pueden tener aspectos positivos cuando se desarrollan de forma pacífica y abierta:

1. Fomentan la participación cívica de nuevas generaciones

Los jóvenes encuentran espacios para expresar inquietudes y construir comunidad alrededor de causas que consideran relevantes. Esto fortalece su sentido de pertenencia y responsabilidad social.

2. Abren conversaciones necesarias

Las movilizaciones pueden funcionar como un termómetro social: permiten que temas urgentes salgan a la agenda pública y sean discutidos por autoridades, instituciones y ciudadanía.

3. Fortalecen el tejido democrático

Cuando se promueve la organización pacífica y el respeto a la diversidad de ideas, estas expresiones contribuyen a equilibrar la vida democrática y a mantener canales de comunicación entre sociedad y gobierno.

4. Generan visibilidad para demandas legítimas

Independientemente del origen o la etiqueta, la participación social puede ayudar a visibilizar realidades que requieren atención, lo que abre la puerta a soluciones y políticas públicas más inclusivas.

En ese contexto nacional, el contraste entre la suspensión del desfile en Uruapan y la movilización juvenil en Ciudad de México muestra dos formas distintas de vivir el momento social del país: una comunidad que se repliega para protegerse y una ciudadanía, especialmente joven, que se organiza para expresarse.

Ambos escenarios reflejan una misma inquietud: la necesidad de recuperar la tranquilidad, reconstruir la confianza y abrir espacios donde las personas se sientan escuchadas.

Mientras Uruapan espera un entorno más seguro para reencontrarse en sus calles, otras voces en el país buscan ocuparlas para dialogar sobre el futuro. Y, en cierto sentido, ambas acciones —el silencio respetuoso y la participación activa— forman parte de un mismo proceso social que aspira a mejorar la vida pública.

¡NO estamos solos! ¡Y no nos doblará el Gobierno!, exclamó Grecia Quiroz, viuda del presidente ultimado Carlos Manzo, ante miles de asistentes congregados en la plaza principal de Uruapan, Michoacán.

Con voz firme y rodeada de simpatizantes que portaban el característico sombrero del movimiento, Quiroz anunció el inicio de una cruzada nacional contra el partido gobernante, Morena, asegurando que “en 2027 recibirán un voto de castigo del pueblo”.

El acto político, que reunió a ciudadanos de distintas regiones del estado, fue descrito por los organizadores como el primer gran paso del Movimiento del Sombrero, una agrupación social que busca —según sus promotores— “devolverle la voz a la gente cansada de los abusos, la inseguridad y la impunidad”.

“Ni un paso atrás”, corearon los asistentes, mientras la alcaldesa de Uruapan advertía que el movimiento no se detendrá “hasta lograr justicia para quienes han sido silenciados por levantar la voz”.
Durante el evento también se mencionaron posibles recorridos por otros municipios y estados, en busca de sumar apoyos rumbo a un frente ciudadano nacional.

El discurso de Quiroz ha generado fuerte eco en redes sociales, donde la etiqueta #MovimientoDelSombrero se volvió tendencia regional, acompañada de mensajes de respaldo y de críticas desde sectores afines al gobierno federal.

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El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante la celebración del Festival de las Velas por el Día de Muertos, ha conmocionado a Michoacán y al país entero. El crimen, cometido en pleno acto público y frente a decenas de asistentes, exhibe con crudeza la crisis de seguridad e institucionalidad que atraviesa el Estado mexicano.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el alcalde fue atacado alrededor de las 20:10 horas en la plaza principal de Uruapan por un joven que le disparó siete veces con un arma calibre 9 milímetros. Manzo fue trasladado de urgencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió minutos después. El agresor, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, fue abatido en el lugar por elementos de seguridad. Las pruebas forenses confirmaron que el joven fue quien efectuó los disparos y que consumía metanfetaminas. El arma utilizada había sido empleada en otros homicidios recientes en la región, lo que refuerza la hipótesis de una operación criminal organizada.

Las investigaciones señalan que el crimen estaría vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, en represalia por las acciones emprendidas por el propio alcalde contra miembros de ese grupo. Al menos dos cómplices permanecen bajo investigación. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reconoció que “lo mataron aprovechando un evento público” y admitió que el dispositivo de seguridad que lo resguardaba “fue rebasado” por los agresores.

Meses antes de su muerte, Carlos Manzo había denunciado públicamente las amenazas en su contra y la falta de apoyo del gobierno estatal y federal. En entrevistas y publicaciones en redes sociales advirtió sobre la expansión del crimen organizado en Uruapan y la necesidad de intervención federal. Pese a contar con protección de 14 elementos de la Guardia Nacional y policías municipales, fue asesinado a plena vista del público, en el corazón de la ciudad que gobernaba.

El asesinato de Manzo es el séptimo de un alcalde en funciones en Michoacán en los últimos tres años. La entidad continúa siendo escenario de disputa entre el CJNG, La Familia Michoacana y remanentes de Los Caballeros Templarios. Tras el crimen, cientos de ciudadanos marcharon en silencio por las calles de Uruapan, vestidos de negro y portando velas, exigiendo justicia y denunciando el abandono del Estado. Las consignas “Ni un alcalde más” y “Michoacán sin gobierno” se repitieron a lo largo de la movilización.

La ejecución de un alcalde en funciones, protegido por fuerzas federales y asesinado en un evento oficial, representa un golpe directo al corazón de la gobernabilidad. Expertos en seguridad advierten que el crimen evidencia la penetración del narcotráfico en las instituciones públicas, la insuficiencia de los mecanismos de protección y la normalización de la violencia política. Rodrigo Escalante, analista del Centro de Estudios de Seguridad Pública, sostuvo que “cuando un alcalde es asesinado en su propio municipio, frente a su gente y bajo custodia federal, el Estado ha dejado de ser funcional”.

Tras el asesinato, el cabildo municipal nombró a Grecia Quiroz, esposa del alcalde fallecido, como presidenta municipal interina. En su primer discurso, pidió justicia y prometió continuar el trabajo iniciado por su esposo. “Carlos fue asesinado por defender a su pueblo. No podemos permitir que la impunidad se convierta en ley en Michoacán”, declaró frente a cientos de ciudadanos congregados en el ayuntamiento.

El crimen de Carlos Manzo no es un hecho aislado, sino un síntoma profundo de un Estado que ha perdido el control de sus territorios. La impunidad, la corrupción y la captura institucional por parte del crimen organizado configuran el escenario de un Estado fallido en amplias regiones del país. Cuando el crimen puede asesinar a un alcalde bajo resguardo federal y hacerlo en plena plaza pública, el mensaje es inequívoco: la autoridad legítima ha sido desplazada por el poder criminal.

Carlos Manzo murió cumpliendo con su deber, pero su muerte expone el colapso del aparato estatal. En Michoacán, como en buena parte de México, la línea entre autoridad y víctima se ha desdibujado. El asesinato del alcalde uruapense es un recordatorio brutal de que, mientras la impunidad siga siendo la norma, el Estado seguirá ausente, la democracia seguirá en riesgo y la violencia continuará marcando el rumbo de la vida pública nacional.