La reciente detención de Yoel Alter, identificado por autoridades federales como integrante y operador de la secta Lev Tahor, vuelve a exhibir una realidad incómoda: la persistencia de estructuras criminales que operan durante años ante la mirada tardía o permisiva del Estado.

Alter es acusado de trata de personas y matrimonios forzados, delitos que, de acuerdo con las investigaciones, se cometían principalmente contra menores de edad, obligados a integrarse a un sistema de control absoluto bajo el disfraz de prácticas religiosas. No se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi documentado internacionalmente, atribuido desde hace años a Lev Tahor.

La secta mantiene presencia en Chiapas al menos desde 2017, con reportes constantes de abusos, aislamiento, sometimiento de mujeres y niños, y el traslado irregular de personas entre países. En 2022, el rescate de 17 menores en las inmediaciones de Tapachula confirmó que las alertas no eran infundadas. Aun así, el grupo continuó operando.

El caso de Yoel Alter resulta especialmente inquietante porque ya había sido detenido en Guatemala, lo que plantea una pregunta inevitable:
¿por qué alguien señalado por delitos tan graves podía encontrarse en libertad y moviéndose en territorio mexicano?

La falta de una explicación clara por parte de las autoridades abre la puerta a sospechas de fallas en la cooperación internacional, vacíos legales o negligencia institucional. En cualquiera de los escenarios, el costo lo pagan siempre los mismos: los menores de edad.

La prisión preventiva dictada contra Alter es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión profunda sobre cómo y por qué Lev Tahor logró asentarse durante años en Chiapas, pese a antecedentes públicos, denuncias previas y rescates documentados.

Este caso no solo exige justicia penal. Exige también rendición de cuentas, porque cuando una red de abuso logra sobrevivir tanto tiempo, la responsabilidad no recae únicamente en sus líderes, sino también en quienes debieron impedirlo y no lo hicieron.

- El gobernador reconoció el respaldo que la FGR ha brindado para mantener la paz y la seguridad en Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que se abordaron temas relevantes en materia de justicia y seguridad, y se ratificó el compromiso de fortalecer la cooperación institucional en favor de la paz en Chiapas.

El encuentro, realizado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, contó con la presencia del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Durante la reunión, el mandatario reconoció el respaldo que el fiscal Gertz Manero ha brindado a Chiapas desde el inicio de la actual administración estatal.

Ramírez Aguilar destacó que la coordinación con las fiscalías, en un marco de respeto a su autonomía, y el trabajo conjunto derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad, han sido determinantes para que, en tan solo un año, Chiapas se consolide como una de las entidades más seguras y pacíficas del país.

En este contexto, el gobernador reafirmó el compromiso de su administración de seguir sumando esfuerzos con las instancias competentes para fortalecer la justicia y la seguridad, y contribuir a la construcción de la paz en México.

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Chiapas / Cancún – La reciente liberación de Carlos Alberto, señalado como presunto responsable del feminicidio de Ana Gómez, ha causado profunda indignación en Chiapas y en distintos sectores del país. El juez Carlos Lima determinó su liberación al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación, pese a que el imputado habría confesado el crimen en etapas anteriores del proceso.

Ana Gómez, una joven chiapaneca que trabajaba en el hotel Hard Rock de Cancún, fue hallada sin vida hace varios años en el interior de una habitación del mismo establecimiento. La causa de su muerte estuvo relacionada con violencia sexual y física, lo que llevó a catalogar el caso como feminicidio, un delito que en México puede alcanzar penas de hasta 50 años de prisión.

Carlos Alberto fue detenido y permaneció en prisión durante cuatro años. Sin embargo, la reciente resolución judicial lo dejó en libertad, generando reclamos por parte de familiares de la víctima, colectivos feministas y defensores de derechos humanos, quienes acusan impunidad y fallas en el sistema de justicia.

“Si él no es el responsable, entonces ¿quién mató a Ana? ¿Dónde está el verdadero culpable?”, cuestionaron activistas en redes sociales, señalando que el caso continúa sin resolverse.

La liberación también reaviva las críticas al Poder Judicial por decisiones que, según los denunciantes, revictimizan a las mujeres asesinadas y a sus familias, al tiempo que debilitan la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Hasta el momento, la familia de Ana Gómez no ha recibido información clara sobre la continuidad de la investigación o si se buscará a otros posibles responsables del feminicidio.